La indicación sustitutiva que ha ingresado el Ejecutivo al proyecto de sala cuna universal -el cual fue presentado durante el segundo gobierno del Presidente Piñera- representa un paso concreto para destrabar una iniciativa que se ha considerado fundamental para potenciar las posibilidades laborales de las mujeres, cerrar la brecha de ingresos con los hombres y permitir que los niños menores de dos años accedan desde temprana edad a cuidados que refuercen sus procesos cognitivos.

Aun cuando existe amplio consenso sobre la necesidad de terminar con la anacrónica disposición del Código del Trabajo que obliga a las empresas que contraten a 20 o más trabajadoras a proveer el servicio de sala cuna -lo que por supuesto se ha transformado en un grave desincentivo para contratar mujeres, algo especialmente evidente en las pequeñas y medianas empresas, o bien en un pernicioso incentivo para privilegiar a mujeres con hijos mayores de dos años-, arribar a una ley que lo derogue y establezca la universalidad de la sala cuna ha tomado décadas, y desde luego la propia iniciativa presentada a comienzos de 2022 también se había entrampado, principalmente producto de desacuerdos sobre el mecanismo para financiarla. Esta contemplaba un aporte de la empresa, y aunque no era significativo, despertó fuertes desencuentros, pues hay sectores que ven allí un aumento de los costos para las empresas.

La indicación sustitutiva del Ejecutivo contempla que el beneficio será financiado con cargo a un fondo de sala cuna, el cual se constituirá con un aporte del 0,35% que será de cargo del empleador, cotización que será compensada en igual magnitud con una reducción de la tasa que el empleador debe enterar al seguro de cesantía. Asimismo, está contemplado que el Fisco haga aportes en los dos primeros años, y en la medida que aun así el fondo resulte insuficiente para financiar las prestaciones, el Estado concurrirá con la diferencia.

Con la fórmula propuesta se evita tener que seguir encareciendo los costos laborales, algo que resulta crítico cuando estos -tal como lo recordó el exministro de Hacienda Andrés Velasco- ya han experimentado alzas considerables en un corto período producto del incremento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el alza en las cotizaciones previsionales, lo que ha tenido un evidente impacto en el empleo. El hecho de que en la indicación se expanda el universo de beneficiarios y que incluya tanto a hombres como mujeres que tengan la responsabilidad de cuidado de menores, todo ello con criterios de gradualidad, aumenta las posibilidades de que esta vez sí se pueda alcanzar un razonable consenso político.

Cabe reconocer, en todo caso, que si se ha optado por la fórmula de reducir los aportes al seguro de cesantía es porque el deterioro que arrastra el país en materia fiscal no permite financiar un beneficio que, dado su carácter universal, debería ser con cargo a fondos generales. Atendido el contexto actual, si el seguro de cesantía cuenta con ciertas holguras resulta razonable explorar esta opción, pero durante la discusión legislativa será muy relevante asegurar que todos los beneficios que este contempla -incluso se han añadido nuevas prestaciones, como el seguro de lagunas previsionales- en modo alguno se pongan en riesgo.