A pocos días de que se cumplan siete meses desde que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y lo trasladara a Nueva York donde está a la espera del inicio de un juicio en su contra, el que fue fijado para el 1 de junio del próximo año, prima aún la incertidumbre sobre la hoja de ruta para que Venezuela recupere finalmente la democracia.

Desde enero, el régimen encabezado por Delcy Rodríguez ha estado supeditado a los mandatos de Estados Unidos y el actual secretario de Estado Marco Rubio, como describía hace algunas semanas el diario The New York Times, se ha convertido en una suerte de “virrey” del país. A comienzo de año, el propio jefe de la diplomacia estadounidense fijó tres etapas para el proceso que se iniciaba: estabilización, recuperación y transición, precisando que el primer objetivo era evitar que el país cayera en el caos.

Hasta ahora, si bien Washington ha logrado impulsar una serie de cambios normativos y legales para reactivar la industria petrolera, fuertemente depreciada durante los últimos años, ha faltado claridad sobre el real avance del proceso. Los violentos terremotos de junio pasado además fueron un duro golpe para el país y para los planes de Estados Unidos. Más allá del drama, el hecho ha contribuido a acrecentar el descontento de la ciudadanía contra un régimen que ha evidenciado todas sus debilidades. En parte esa creciente tensión ante la inoperancia de las autoridades como también los esfuerzos de Washington para garantizar a inversionistas algunos niveles de certeza son los que explican el inicio este fin de semana de los primeros pasos para concretar la tercera etapa del plan anunciado por Rubio, la transición política.

El proceso, sin embargo, parte rodeado de incertidumbre. No solo por la larga historia de instancias similares en el pasado que acabaron en fracaso y fueron usadas por el régimen para ganar tiempo, sino también por la ausencia en la mesa de la figura principal de la oposición venezolana, María Corina Machado, que si bien anunció que no será obstáculo para las conversaciones, se abstendrá de participar en ellas, porque no fue convocada para su puesta en marcha. Si bien es cierto que este diálogo es distinto a los anteriores por la actual presencia de Estados Unidos, no hay claridad sobre el cronograma y los plazos que tendrá, aunque su objetivo, según ha señalado la oposición, sería renovar la institucionalidad electoral, además de fijar un itinerario electoral y garantizar los derechos políticos en el país.

El Presidente de EE.UU. ha insistido en destacar la labor de Delcy Rodríguez, y aunque se han dado pasos en el ámbito económico, en especial en el sector petrolero, los cambios políticos siguen en deuda y no hay claridad sobre los alcances reales que tendrá el diálogo. Si bien la liberación de algunos presos políticos como también la normalización de lazos bilaterales en la región -como sucedió la semana pasada con las relaciones consulares con Chile- son pasos positivos, queda mucho por avanzar. Aún está pendiente acabar con las restricciones a la prensa, la plena libertad política y el fin del amedrentamiento a la población. Y sin un avance real en la recuperación de todas las garantías ciudadanas, la duda sobre la profundidad real de los cambios en el país seguirá presente.