Finalmente, el miércoles en la noche, y a tres días del plazo final para su despacho, el Congreso aprobó la Ley de Presupuestos 2026, pero lo hizo sin poder corregir los principales riesgos que fueron advertidos durante la tramitación parlamentaria, especialmente lo relativo a la proyección de ingresos y subestimación de gastos, aspectos que fueron levantados sobre todo por sectores de oposición así como por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), de modo que la estructura central del presupuesto diseñada por el Ministerio de Hacienda se mantuvo en la práctica intacta.

Así, el presupuesto mantuvo su expansión de 1,7% respecto de 2025, equivalente a unos US$ 90 mil millones. Con estas cifras, el gobierno proyecta un déficit fiscal estructural de -1,1% del PIB para el próximo año.

Sin embargo, el CFA advirtió tempranamente que el escenario fiscal para 2026 será especialmente exigente: las proyecciones de ingresos dependen de supuestos inciertos, como la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario, y el gasto requerirá esfuerzos de contención que solo serán posibles con un compromiso político real. El organismo advirtió que un nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural en 2026, sumado a los desvíos de 2023 y 2024, y al proyectado para 2025, elevaría la probabilidad de que la deuda pública supere su nivel prudente del 45% del PIB, debilitando seriamente la credibilidad de la regla fiscal.

Sectores de oposición cuantificaron el desfinanciamiento del presupuesto en US$ 1.500 millones: US$ 1.000 millones asociados a una evidente sobreestimación de ingresos fiscales y, por otra, US$ 500 millones por gastos subestimados, relacionados principalmente con el reajuste de remuneraciones del sector público.

Es lamentable que el gobierno no haya atendido las advertencias de especialistas y de la oposición durante el tiempo que se tramitó esta ley, como también el hecho de que haya utilizado el informe de la Comisión de Gasto Público para justificar una serie de propuestas que no guardaban relación con el espíritu de lo planteado en dicho informe, tal como fue el renombrado caso de la “glosa republicana” o la ausencia de reajuste de remuneraciones de los funcionarios públicos.

El ministro de Hacienda señaló, una vez aprobado el erario fiscal, que durante esta administración el incremento de la deuda bruta del gobierno central será el más bajo desde el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Lo cierto es que el país no se endeudó menos; solo gastó más, usando los ahorros de los fondos soberanos, los cuales están reservados para emergencias y crisis. Así, durante este gobierno el aumento de la deuda neta será de 6,8% del PIB, superior al incremento de 4,8% del PIB registrado, por ejemplo, en el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera.

El Congreso perdió la oportunidad de corregir estas advertencias a tiempo. La próxima administración heredará no solo un presupuesto cuestionado, sino también una regla fiscal debilitada por decisiones que se pudieron evitar. Si estos riesgos no se atienden oportunamente, como señaló el CFA, terminaremos debilitando seriamente dicha regla y, con alta probabilidad, sobrepasando el límite de deuda prudente.