Sigilosamente ha avanzado en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto de ley presentado en abril por los senadores Araya, Ebensperger, Núñez, Cruz-Coke y De Urresti, cuyo fin es sancionar la filtración y difusión de información en causas judiciales declaradas reservadas. Luego de que este medio alertara de que dicha iniciativa contenía disposiciones que podían afectar gravemente la libertad de prensa -al establecer sanciones que perfectamente pueden abarcar a los medios de comunicación- se ha producido una ola de reacciones que acertadamente han dejado en la práctica sin piso a dicho proyecto, que con toda razón ha sido calificado como un nuevo intento de “ley mordaza”.

Por de pronto, los principales candidatos presidenciales han manifestado su rechazo a cualquier iniciativa que coarte la libertad de prensa y de expresión; el gobierno, a través del ministro del Interior y el de Seguridad Pública, también ha tomado distancia de esta iniciativa, dejando en claro que ya hay normas que sancionan las filtraciones para quienes tienen la obligación legal de custodiar el secreto de las investigaciones. El Colegio de Periodistas de Santiago manifestó su total rechazo a esta iniciativa, en tanto que la Federación de Medios de Comunicación Social manifestó su profunda preocupación por el precedente que se genera, pues pone en serio riesgo la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado, pilares fundamentales de una democracia sana y transparente.

Los senadores que han impulsado este proyecto lo justifican ante la necesidad de establecer límites claros a la divulgación de información sensible durante las investigaciones, entre otras razones porque la filtración de información vulnera principios básicos del debido proceso y debilita la confianza en las instituciones.

Sin perjuicio del rechazo transversal que ha despertado esta iniciativa, es importante detenerse a examinar la propuesta, para efectos de calibrar sus implicancias. Uno de los artículos más complejos del proyecto es aquel que cambia la disposición final del artículo 226 J del Código Procesal Penal, por la siguiente redacción: “El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Esta sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”.

Llama la atención que se busque reformular en estos términos dicho artículo, el cual ya sancionaba a todo aquel que difundiera información amparada por el secreto, norma que de hecho fue introducida en 2023 para fortalecer la persecución penal asociada al crimen organizado. El hecho de que mantenga una redacción tan genérica (“el que”, “todo aquel”), y que se haga el distingo con funcionarios, parece buscar como objetivo último que también se incluya a los medios de comunicación. Considerando que en la legislación penal ya hay distintas normas que sancionan a los funcionarios que violan el deber de reserva, se refuerza la sospecha que esto apunta directamente a la prensa.

El propio senador Araya, quien niega que la intención sea establecer una “ley mordaza”, admitió que en el caso de aprobarse la moción los periodistas sí podrían ser sancionados -como ya pueden serlo por difusión de investigaciones ligadas al crimen organizado, señaló-, aunque con penas más bajas que los funcionarios públicos.

Más allá de las buenas intenciones que declaren sus impulsores, resulta evidente que una redacción de esta naturaleza, sin ningún tipo de borde, representa una abierta amenaza para la libertad de prensa y el derecho que tiene la ciudadanía a ser informada. El punto no pasa porque las sanciones que podrían afectar a la prensa sean menores que las que recibiría un funcionario público, sino que el solo hecho de que el trabajo periodístico pueda enfrentar sanciones penales por informar de causas bajo reserva abre la puerta para que el instrumento penal pueda ser utilizado como forma de amedrentamiento, además de confundir los roles que cada quien desempeña, pues el papel de los medios responde ante todo al interés público y no a la custodia de las carpetas judiciales en el marco de un proceso penal, responsabilidad que sí recae en los intervinientes.

Los parlamentarios también pasan por alto que es el fiscal quien determina lo que está contenido en las carpetas de investigación, de modo que si en estas hay aspectos que algunos estimen impropios o que no tienen relevancia para el caso, no es algo que sea responsabilidad de los medios. Se cae así en la trampa de buscar sancionar al mensajero.

Los ejemplos que los patrocinantes de esta moción citan para justificar la necesidad de reforzar las normas no podrían ser más paradigmáticos en cuanto a los riesgos de avanzar en una legislación de este tipo. Mencionan los casos “Audios” -relativo al abogado Luis Hermosilla-, “Monsalve” o la filtración de chats entre la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, en cuanto a la difusión de conversaciones privadas o el acceso indebido a la carpeta investigativa. Fue precisamente gracias a las revelaciones que ha hecho la prensa -accediendo a los detalles de las respectivas investigaciones- que la ciudadanía ha podido conocer, por ejemplo, el detalle de la red de contactos y relaciones indebidas que mantenía Hermosilla con jueces o fiscales. En el caso Monsalve no cabe duda de que era de pleno interés público conocer cómo La Moneda manejó este caso, y fue un hecho que solo cuando los medios informaron que el exsubsecretario del Interior estaba siendo investigado por presunta violación se aceleró su salida del cargo. En fin, todos los antecedentes que se han conocido vinculados a fundaciones, o el escándalo de ProCultura, han sido producto de la revelación de antecedentes contenidos en la investigación penal, y que de estar vigente esta legislación posiblemente su difusión estaría en entredicho.

La libertad de informar y el resguardo de la libertad de expresión son bienes que deben ser protegidos celosamente, porque de ello depende críticamente que la ciudadanía pueda fiscalizar al poder y se brinde transparencia allí donde algunos quisieran la opacidad. Por ello es lamentable que surjan proyectos de ley con tan escasa comprensión de lo que está en juego, si bien cabe valorar que distintos sectores hayan salido al paso de una “ley mordaza” en ciernes.