El Ministerio Público ha experimentado un fuerte revés en el llamado “Caso ProCultura”, primero porque tanto el Séptimo Juzgado de garantía como la Corte de Apelaciones de Santiago no accedieron a la solicitud de prisión preventiva para cinco imputados en la causa -entre ellos figuraba el ex director ejecutivo de la fundación Procultura, Alberto Larraín, para quienes únicamente se decretó arraigo nacional-, en tanto que el pleno de dicha Corte denegó por unanimidad el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, confirmando la debilidad sobre la que se estructuró la acusación del ente persecutor.

Ya al conocer de la apelación sobre la prisión preventiva la Corte de Apelaciones había dejado en claro las falencias de cómo la Fiscalía estaba llevando el caso, desde luego no solo planteando que los antecedentes invocados por los acusadores no alcanzaban a satisfacer el estándar para imponer las cautelares solicitadas, sino que además hizo ver que ello ocurrió a pesar de que la Fiscalía investigó durante un extenso tiempo (más de dos años) y tuvo acceso a fuentes probatorias relevantes, tales como teléfonos personales y cuentas bancarias de los imputados y de la entidad involucrada.

No es claro si a partir de estas resoluciones la causa en contra de ProCultura -donde se investiga un presunto fraude al Fisco- ha terminado por desarmarse, pero claramente quedó muy debilitada. Cabe tener presente que ProCultura es uno de los casos más emblemáticos de toda la trama relacionada con los líos de platas que quedaron al descubierto producto de fundaciones que defraudaron millonarios fondos públicos. En el caso de ProCultura, se abrió una investigación porque el Gobierno Regional de Santiago le traspasó más de $1.600 millones para la ejecución de un programa de contención del suicidio, de los cuales se rindieron unos $600 millones, sin que aún se sepa qué ocurrió con los fondos restantes.

Las implicancias de este revés son considerables; desde luego, hay en curso investigaciones desformalizadas en otras gobernaciones por contratos con ProCultura, y es legítimo preguntarse si dada la debilidad con que se ha llevado el caso, el resto de las causas podría correr la misma suerte. A su vez, la propia Fiscalía daña su credibilidad cuando presenta casos débilmente fundados, sembrando desconfianza en su quehacer. A ProCultura se suman otras contundentes derrotas en el último tiempo: allí están los casos de los excarabineros Crespo y Zamora, que tras extensas investigaciones fueron declarados absueltos; el del excomandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su cónyuge, exculpados por los cargos de lavado de activos, y por supuesto SQM, donde luego de años de investigación y de un juicio extensísimo, todos los acusados fueron absueltos.

La causa ProCultura ha estado marcada por una serie de contingencias, como el hecho de que el caso ha pasado por tres fiscalías (Aysén, Coquimbo y ahora Antofagasta), y por estos días uno de los persecutores que tenía el caso renunció, acusando que fue hostigado por su jefatura, y que incluso fue objeto de espionaje. Aun así, esto no puede ser pretexto para una investigación deficiente, no solo porque degrada a la propia Fiscalía, sino además porque supone graves costos reputacionales para quienes aparecen indebidamente inculpados.