Un reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) levantó alertas sobre las implicancias fiscales del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios superiores (FES), confirmando que la iniciativa presentada por el gobierno cada vez se ve más cuesta arriba para efectos de su aprobación en el Congreso.

El CFA cuestionó las conclusiones del informe financiero que acompaña al proyecto, en el que la Dirección de Presupuestos (Dipres) señala que la creación de este nuevo sistema de financiamiento generaría un ahorro fiscal neto para el Estado. Esa conclusión, sin embargo, depende de la incorporación de medidas distintas al FES, como la eliminación de becas y la postergación de la gratuidad, que explican prácticamente la totalidad del supuesto ahorro. Al excluir dichos efectos, el FES resulta ser deficitario en el largo plazo.

Además, el análisis del CFA coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República (CGR), según la cual el FES no cumple con las condiciones necesarias para ser considerado un activo financiero. En la práctica, esto implica que los desembolsos deben registrarse como gasto y las contribuciones como ingresos corrientes, lo que resulta en un efecto negativo en el balance fiscal.

En un reciente seminario realizado por la Universidad de los Andes, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, admitió que las consideraciones de la CGR y del CFA eran válidas, pero sostuvo que el impacto fiscal negativo del FES sería menor que el del actual CAE. Desde esa perspectiva, el peor escenario para las finanzas públicas, según planteó, sería no hacer nada. Sin embargo, algunos expertos del panel cuestionaron esa conclusión, subrayando que el desempeño fiscal del CAE en la actualidad no puede evaluarse sin reconocer el efecto de la promesa de condonación realizada por la propia administración, la cual ha deteriorado su cobranza. Por ello, para efectos comparativos lo correcto sería contrastar el FES con un sistema de crédito contingente al ingreso que también cuente con un mecanismo de cobranza centralizado en el Servicio de Impuestos Internos.

A lo anterior se suman riesgos específicos que el CFA ya ha advertido y que no existen en un crédito contingente al ingreso; entre ellos, el hecho de que no exista una proporción relevante de estudiantes que eventualmente deban pagar hasta 3,5 veces el monto financiado -como ocurriría en el FES-, lo que hace previsible que un segmento importante de alumnos no entrará al FES, algo que no solo reduciría significativamente los ingresos del sistema, sino también potenciaría los incentivos para que más instituciones adhieran a la gratuidad universitaria, incrementando sustancialmente el gasto fiscal comprometido a futuro.

Si bien el gobierno se ha mostrado dispuesto al diálogo con un grupo de universidades del Consejo de Rectores para introducir ajustes en el proyecto, como por ejemplo permitir algún grado de copago en los deciles de ingresos más altos, estas modificaciones son insuficientes y no alteran la estructura fiscal del FES ni mitigan los riesgos fiscales de fondo que ha planteado el CFA. Para viabilizar fiscalmente el proyecto, a la luz de estos antecedentes sería necesario un rediseño sustantivo, lo que probablemente implicaría abandonar el esquema de impuesto a los graduados y pasar a un crédito contingente al ingreso, con un esquema de pago justo para todos los egresados. La pregunta es si el gobierno estará dispuesto a cruzar esa línea para alcanzar un acuerdo amplio.