Luego de que el presidente de facto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron extraídos desde Caracas por tropas de elite Estados Unidos y llevados ante una corte de Nueva York para que respondan por una serie de cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, el mundo debate ahora acerca de la legalidad e implicancias de esta operación. Esto tanto por el precedente de que una potencia se sienta con derecho a invadir a otro país sin que medie un conflicto bélico, como por el hecho de que el gobierno de Donald Trump haya dispuesto que Washington tomará el “control” de Venezuela hasta lograr una “transición segura”, instruyendo además que las grandes petroleras estadounidenses asumirán la tarea de explotar el petróleo venezolano, cual si se tratara de territorio conquistado.

Las encontradas reacciones que se vieron ayer en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU dan cuenta de la tensión que ha abierto este caso, y las dificultades para arribar a una mirada compartida. Hay desde luego razones para suponer que la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional podrían estar siendo gravemente atropellados, pero el análisis sería incompleto si se pierde de vista el contexto en que todo esto ocurre.

En efecto, no se ha derrocado a un presidente legítimamente electo, sino a un dictador que grotescamente usurpó el poder, y por cuya acción millones de venezolanos se han visto en la necesidad de abandonar el país, generando una crisis humanitaria y migratoria en la región. Los tentáculos del régimen también han tocado directamente a nuestro país, donde la Fiscalía acusa que el cruel asesinato de Ronald Ojeda, exmilitar desertor de las fuerzas armadas bolivarianas y a quien el gobierno de Chile había concedido refugio, tuvo inequívocas motivaciones políticas. A su vez, el enquistamiento de un régimen como el de Maduro es una clara señal de que el Derecho Internacional no funcionó y que el multilateralismo fue ineficaz, todo lo cual muestra que cuando menos se trata de una situación que no admite ser vista en blanco o negro. Con todo, sería ingenuo no admitir que la acción emprendida por Estados Unidos abre una enorme incertidumbre, porque si bien se removió a un personaje ilegítimo, el modo de llevarlo a cabo conlleva implicancias muy de fondo para el orden internacional que no pueden ser soslayadas.

En paralelo a este debate, es un hecho que la fase que se abre ahora para Venezuela resulta especialmente crítica, porque la forma en que se haga la transición será determinante para que los venezolanos puedan superar esta crisis. Aunque no es claro a qué se refiere el Presidente Trump cuando habla de “dirigir”, es un hecho que el gobierno norteamericano ha elegido como sus interlocutores a figuras del propio régimen, reconociendo de hecho a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien el Secretario de Estado se contactó mientras tenía lugar el operativo militar.

Ha llamado la atención que Trump no se haya apoyado en María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, como tampoco en Edmundo González, a quien Maduro arrebató la elección, pero ello se podría explicar porque bajo lógicas de estricto realismo quien sigue detentando el control sobre las fuerzas armadas, instituciones del Estado y la continuidad administrativa es el régimen chavista y no la oposición, de modo que parece inevitable que en esta fase la transición se intente negociar con quien detenta el poder real.

La oposición venezolana debe estar alerta de no precipitar el proceso, permitiendo que avance ordenadamente, por fases, hasta que existan las condiciones para que democráticamente los venezolanos resuelvan su destino. Con todo, el que por ahora se reconozca como interlocutor al chavismo en modo alguno podría implicar su permanencia en el tiempo.