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El Ministerio Público pide 15 años de prisión para el excomandante en jefe del Ejército. El persecutor, José Morales, inició hoy su alegato de clausura, donde detalló que los acusados hicieron 635 movimientos de depósitos en efectivo y pago de tarjeta en dinero en efectivo en 1.265 días bancarios. El juicio oral comenzó su etapa final.

El Ministerio Público pide 15 años de presidio para el excomandante en Jefe del Ejército y 10 años de presidio para su esposa.

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado alude a “reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden”. Asimismo, aborda los casos que involucran a los exalcaldes Miguel Ángel Aguilera y Karen Rojo, así como al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.

El fiscal José Morales solicitó 15 años de cárcel para el comandante en jefe del Ejército, además de 10 años para su esposa, Anita Pinochet. El matrimonio es acusado del delito de lavado de dineros provenientes de gastos reservados, para lo cual utilizaban diferentes formas formales para blanquear el dinero, entre los que se encontraban compra de acciones, inmuebles, autos, viajes, entre otros.

Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.

El general en retiro está siendo indagado por la jueza por malversación de caudales públicos en el marco del caso “Fraude en el Ejército”.

La jueza Romy Rutherford derribó a los máximos representantes de la entidad castrense: procesó a Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018). Esta semana aceleró la salida del general (R) Ricardo Martínez tras citarlo a declarar como inculpado por el uso irregular de pasajes para viajes oficiales. Esta ha sido la estrategia de la ministra para cercar a los militares y descabezar a gran parte del alto mando.

En una estrategia similar a la que se llevó a cabo en el caso Riggs contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, la consejera del CDE María Inés Horvitz presentó la acusación del Fisco con el que se llevará a juicio oral al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa por los miles de millones de pesos que, según la investigación de la Fiscalía Centro Norte y la justicia militar, habrían malversado desde gastos reservados de la institución a sus cuentas.

Luego de que se cerrara una extensa investigación en su contra, Juan Miguel Fuente-Alba fue acusado por la fiscalía y se solicitó a la justicia que lo condene a 15 años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Pero hace unos días el Consejo de Defensa del Estado pidió reabrir la indagatoria. ¿La razón? El 29 de abril pasado, el exmilitar entregó una declaración por escrito -de 94 páginas- intentando desvirtuar una a una las imputaciones del Ministerio Público. Así, el CDE pidió que se hagan una serie de diligencias para "contrastar múltiples afirmaciones contenidas" en su último testimonio.

El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía que dio inicio a una investigación separada que involucra a la entidad de propiedad del Grupo Luksic y a los otros bancos que, teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron, lo que impidió iniciar antes esta indagatoria en contra del excomandante en Jefe del Ejército. Asimismo, el Ministerio Público notificó a la justicia que mantiene vigente una causa penal en contra de uno de los hijos del matrimonio por los movimientos que realizó en sociedades inscritas en el extranjero.

El Ministerio Público, además, acusó a la cónyuge del exmilitar y solicitó respecto de ella una condena de 10 años y un día de cárcel por supuestamente haber ayudado a su esposo a ocultar el origen de los dineros fiscales malversados. Con esta decisión, el fiscal José Morales ahora puede ir a juicio oral. Junto con esto se pidió el comiso de cinco propiedades del matrimonio.

En la audiencia, además, el fiscal José Morales reformalizó al ex comandante en jefe del Ejército. El fiscal señaló que la pareja habría realizado el delito de lavado de dinero, en "forma reiterada", entre 2010 y 2016.

Permaneció seis meses privado de libertad en el Batallón Militar de Peñalolén acusado por la ministra Romy Rutherford de malversar $ 3.500 millones provenientes de gastos reservados del Ejército. El general (R) Juan Miguel Fuente-Alba fue el primer comandante en jefe de la rama castrense en ser procesado. Después vendría su sucesor, general (R) Humberto Oviedo. Hoy, Fuente-Alba ya suma 23 días de arresto domiciliario total en su casa de Chicureo. A través de varios cuestionarios intercambiados con La Tercera, el general (R) encara por primera vez de manera pública los cargos que enfrenta ante la justicia.

La Sala Penal en decisión unánime ofició al organismo dirigido por Iván Aróstica para que les envíe la resolución dictada este miércoles 3 que, según trascendió, reitera que para ellos la investigación contra el ex comandante en Jefe del Ejército estaba suspendida en su totalidad y no sólo una de sus aristas.

El excomandante en jefe del Ejército enfrenta los cargos tras el presunto delito base de un enriquecimiento ilícito. Según el Ministerio Público, gastó más de $ 7 mil millones en seis años, pese a que su sueldo mensual era de casi $ 3 millones.