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Como “anfitriones” del evento oficiaron Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán Castilla, quienes cumplen sendas condenas por violaciones a los derechos humanos.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio la orden de que ocho bancos entreguen información sobre los movimientos bancarios del retirado general y un núcleo importante de su familia. Para eso la Fiscalía Regional de Los Lagos entregó evidencia para dar cuenta de que existen maniobras por parte del ex alto militar y sus parientes para "ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita". Una de sus hijas, la fiscal Constanza Izurieta, fue removida de sus labores en el ente perseguidor, al igual que su esposo, el también fiscal Andrés Iturra, aunque ambos apelaron y esperan que la Fiscalía Nacional les dé una segunda oportunidad.

Se trata de la primera vez que la ministra en visita que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército inculpa al excomandante en jefe que ejerció el cargo entre los años 2002 a 2006. Al igual que al resto de los exmáximos jefes militares se le atribuyó usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia, entre otras actividades regladas por la ley. Cheyre quedará preso y en los próximos días la magistrada debe resolver si le otorga libertad bajo fianza. También se ampliaron cargos para Izurieta y Fuente-Alba.

Una dura resolución dictada por el fiscal regional metropolitano Oriente (s), Felipe Sepúlveda, dejó fuera del Ministerio Público a la hija del ex comandante en jefe del Ejército y su esposo, el también perseguidor penal público Andrés Iturra. En el sumario se les atribuye graves faltas a la probidad al haber participado activamente en la donación de inmuebles de Óscar Izurieta que luego la jueza Romy Rutherford no pudo confiscar, en medio de una investigación por millonaria malversación de caudales públicos. "Sin perjuicio de la gravedad de sus conductas, han generado una injustificada sensación de corrupción generalizada en el Ministerio Público", advierte la resolución que les fue notificada a ambos abogados.

El instructor del sumario dictó la primera medida que afecta a los fiscales Constanza Izurieta (hija del militar en retiro) y su esposo, el también fiscal Andrés Iturra. La idea, dicen en el Ministerio Público, es evitar que por su rol puedan tener conocimiento de los avances de la investigación que se levantó en su contra y debido a la "gravedad" de los hechos que se les imputan. Esto, luego de que se revelara que firmaron documentos que tienen que ver con el traspaso de bienes que hizo el excomandante en jefe del Ejército, quien está procesado por malversar más de $ 6 mil millones al erario fiscal.

La ministra en visita, Romy Rutherford, requisó dos cuentas que el excomandante en jefe del Ejército mantenía en compañías de seguros, quedando congelados a la espera de una condena en la causa y poder así restituir los gastos reservados presuntamente desviados. Además, debió hacer entrega de su teléfono personal a sus custodios, luego de que se identificara que lo mantenía en la cabaña donde se encuentra en prisión desde hace dos semanas.

El exComandante en Jefe del Ejército fue procesado por la ministra Romy Rutherford por el presunto delito de malversación de caudales públicos y también por el eventual ilícito de falsedad de documento militar.

Es la única exmáxima autoridad de la institución castrense que aún no es procesada por la magistrada que indaga varias aristas que involucran casos de corrupción en el Ejército. Tras decretar su arresto la ministra tiene cinco días para decidir si levanta cargos en su contra y con ello se daría un escenario en el que todos los excomandantes en jefe de la democracia estarían bajo una imputación penal ante la justicia.

El secretario de Estado aseguró que respalda la labor de la ministra Romy Rutherford desde el primer momento. Sin embargo, a raíz de la determinación del Tribunal Constitucional de frenar toda la investigación contra el excomandante Humberto Oviedo, pidió al organismo que se aclare el fondo de la causa cuanto antes.

A fines de marzo la ministra Romy Rutherford alcanzará un nuevo punto álgido de la investigación por gastos reservados del Ejército ya que para esas fechas se espera el desfile de los ex jefes militares -todos los que sucedieron a Pinochet- beneficiados por la práctica irregular de "aportes mensuales".

El documento afirma además que, en el caso del Ejército, existirían "indicios de participación" del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta en irregularidades vinculadas a una mutual. Sin embargo, el también exsubsecretario de Defensa rechaza las conclusiones y asegura que las denuncias no corresponden al período en que él estuvo al mando. "Es el afán ya obsesivo de involucrarme en algo que no tengo nada que ver", señala.

Óscar Izurieta envió una carta al presidente de la comisión investigadora sobre mutuales vinculadas a las FF.AA, Leonardo Soto, detallando cuatro medidas que se implementaron para la IV División de Ejército en Aysén. El diputado señaló, en medio de la investigación de la fiscalía, que "estaríamos en presencia de una comisión de delitos vinculados a un fraude al fisco".

Óscar Izurieta, quien además fue comandante en jefe del Ejército en el primer gobierno de la actual mandataria, afirmó que los internos "ya fueron discriminados" al ser juzgados bajo el antiguo sistema procesal penal.

La agrupación sostiene que el subsecretario de Defensa "estaba creando un pequeño ejército al interior del ministerio, reclutando a ex CNI".

Los ajustes se produjeron en Energía, Sernam y Bienes Nacionales. Además, se nombró al reemplazante de Liliana Jadue en Salud.