Frenéticas negociaciones marcaban -hasta esta noche de sábado- las horas más cruciales para el acuerdo por un plan de emergencia, pacto con que el oficialismo y la oposición buscan consensuar medidas para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia, con un marco fiscal de US$ 12 mil millones y un horizonte de 24 meses.

Tras las extenuantes conversaciones del viernes -tratativas que se extendieron hasta la 1.30 de la madrugada-, los integrantes de la mesa negociadora retomaron ayer la discusión a eso de las 17.00. Previo al encuentro, ambas partes habían intercambiado propuestas y contrapropuestas, principalmente, sobre uno de los puntos más controvertidos y que hasta ayer seguía tensionando la negociación: el monto y la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El viernes el gobierno había cedido a aumentar de $ 75 mil a $ 90 mil por persona, en línea con lo propuesto por un grupo transversal de 16 economistas, llegando a una cobertura de cerca de dos millones de familias beneficiadas. Sin embargo, la apertura del Ejecutivo sobre ese punto no convenció a la centroizquierda, desde donde han insistido en la necesidad de que el monto esté por sobre la línea de la pobreza -alrededor de 112 mil pesos per cápita- y que el alcance del bono llegue a, al menos, un 40% de la población más vulnerable, es decir, a unos tres millones de personas.

Y pese a la presión opositora, hasta este sábado, el Ejecutivo no daba luces de si se movería de su última oferta, entre los negociadores reconocían que se habían acercado posiciones. Fuentes de La Moneda aseguraban que podrían abrirse hasta los 95 mil pesos.

Incluso, algunos ministros del comité político habrían estado dispuestos a llegar a los 100 mil pesos, guarismo que desde la centroizquierda habían transmitido como suficiente para destrabar el pacto.

Pese a eso, en el gobierno se mostraban optimistas de que se pudiese llegar a un consenso en las próximas horas.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguraban que era complejo que se firmara algún documento durante este jornada con el objetivo de evitar que el acuerdo se viera “contaminado” por la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para dar señales que permitan a las personas y emprendedores tener más tranquilidad frente a esta devastadora pandemia. Nos tocó a nosotros dar esas señales, ojalá se esté a las altura de las circunstancias y estamos haciendo todos los esfuerzos para ello”, sostuvo el representante de la UDI en las conversaciones, el senador Juan Antonio Coloma (UDI).

Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que “esperamos del gobierno la flexibilidad para que se traspasen recursos de manera contundente a la gente. Por eso, estaremos hasta el final y veremos el resultado, de lo contrario será una propuesta del gobierno la que llegará al Congreso”.

Desde el PS, Álvaro Elizalde señaló que “muchas familias lo están pasando muy mal y el cuadro sanitario y social va a empeorar, por ello, estamos insistiendo en la necesidad de un plan de protección social ambicioso. Esperamos que el gobierno tome conciencia de la magnitud de la crisis”.

En la centroizquierda, en todo caso, valoraron los avances alcanzados en materia de inversión pública, la que finalmente se focalizará en 2020 y 2021, que el gobierno desechara mecanismos como el denominado carry back o la rebaja al impuesto por los intereses de deuda de las compañías y, además, que acogiera entregar un mayor apoyo a las pequeñas empresas, rebajando el deducible en Fogape. Asimismo, en el sector destacaron que el Ejecutivo concediera la creación de un fondo especial destinado a reforzar la atención primaria, el que -según fuentes conocedoras de la propuesta- ascendería a $ 400 mil millones.

En ese contexto, desde La Moneda aseguraban que era probable que si se arribaba a un acuerdo, este fuese dado a conocer hoy, lo que posibilitaría que los primeros proyectos iniciaran su tramitación en el Congreso la próxima semana.

La salida de RD

Restarse de las conversaciones con el gobierno. Esa fue la decisión que tomó ayer RD. Así se lo transmitió durante la jornada el representante de la colectividad en las negociaciones, Giorgio Jackson (RD), al propio ministro Briones.

“En RD damos por concluida nuestra participación y aportes para mejorar las medidas para las familias y esperamos apoyarlas en el Congreso cuanto antes”, sostuvo el parlamentario.

Quienes tuvieron conocimiento del intercambio entre Jackson y Briones aseguran que el legislador le transmitió que su partido “valoraba el esfuerzo” que se estaba realizando, pero que no estaban en condiciones de firmar un documento con el Ejecutivo.

En RD desde el inicio existieron dudas respecto de la “expectativa desmedida” que se comenzó a instalar en torno al acuerdo. Asimismo, varios interpretaban que con esta jugada La Moneda buscaba, en parte, compartir responsabilidades con la centroizquierda frente al manejo de la pandemia.