¿Accionista improbable o palo blanco? La guerra entre SQM y Mauricio Daza por el jubilado de Puente Alto que es querellante en el caso Cascadas

Daza

Defensa de Ponce Lerou acusa que se hizo un "caso instrumental" a través de un accionista de más de 70 años domiciliado en la Población El Peñón y a quien el estudio de Daza ha representando por años. Sospechan del Grupo Errázuriz y acusan que "son hechos graves, el precedente para la ética profesional es nefasto". Daza se defiende y afirma que si bien sus honorarios han sido marginales, ha ganado prestigio.


En efectivo y al contado. Roberto Hernán Lobos Cerda (77), jubilado y residente en la población El Peñón de Puente Alto dice que un día cualquiera, mientras caminaba por el centro de Santiago, decidió invertir un millón y medio de pesos en acciones y acudió, el 1 de agosto de 2012, a la corredora de bolsa Larraín Vidal para comprar papeles de Soquimich, Potasios de Chile, Norte Grande y Oro Blanco.

"Con mucho esfuerzo logre reunir la suma de un millón y medio de pesos ya que soy pensionado y mi jubilación no es muy alta. Este dinero lo reuní para postular al subsidio habitacional, sin embargo, al no ser sujeto de crédito, no pude continuar con la postulación. Por esta razón decidí rentabilizar dicho dinero (…) Fui asistido por un ejecutivo, a quien le hice saber que quería comprar acciones de empresas mineras, porque conocía ese rubro y veía muy promisorio el futuro del litio", aseguró el 7 de noviembre de 2012 Lobos Cerda -casado y con estudios secundarios- a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

El testimonio lo entregó en calidad de víctima porque a un mes de haber concretado su operación financiera, Lobos Cerda se convirtió en querellante en el caso Cascadas, causa que abrió la fiscalía Centro Norte y que quedó a cargo de la persecutora Ximena Chong. Esta consiste en la indagatoria a una serie de operaciones efectuadas entre los años 2008 y 2011, que implicaron multas por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de hasta 164 millones de dólares, que han sido rebajadas en el Tribunal Constitucional.

La SVS estableció la existencia de un esquema que habría sido ideado por el controlador Julio Ponce Lerou, con el apoyo de Aldo Motta y Patricio Contesse Fica, gerentes generales de las sociedades Cascada y Potasios, para dejar disponibles paquetes de acciones para rematar en el mercado y luego recomprar a precios mayores a los de su venta inicial. El mecanismo incluía sociedades Relacionadas, a cargo de Ponce Lerou; Vinculadas, a cargo de Roberto Guzmán e Instrumentales a cargo de Leonidas Vial y Alberto Le Blanc, que recibían utilidades mientras que las compañías Cascadas, y por ende sus accionistas, asumían los sobrecostos.

Por estos hechos, esta semana fue condenado Motta esta semana a cuatro años de libertad vigilada por haber sido considerado culpable de tres de los siete cargos que le imputaba la Fiscalía.

Uno de los querellantes más activos en esta causa ha sido el abogado Mauricio Daza Carrasco, quien junto a los profesionales de su estudio HDFO abogados -Miguel Soto Piñeiro, Carlos Hidalgo Guerrero, Pedro Orthusteguy Hinrichsen, Valentina Horvath Guerrero y Nicolás Acevedo- , han asesorado, según consta en las audiencias, desde hace años a Lobos Cerda para recuperar lo que él estima, según dijo en Fiscalía, habría perdido por culpa de las operaciones sospechosas que se realizaron en un periodo en que él aún no era accionista: $700 u $800 mil.

Daza además, ha sido abogado de Francisco Javier Errázuriz Talavera y sus socios hoy representan a los ejecutivos de empresas del Grupo Inverraz que fueron querellados por una evasión tributaria por más de $48 mil millones de pesos por el Servicio de Impuestos Internos (SII). El grupo Errázuriz es el principal competidor en el norte de la compañía de Ponce Lerou, lo que es considerado por Samuel Donoso, abogado que ha representado a los inculpados en Cascadas, como sospechoso.

Lobos Cerda, consultado por La Tercera PM, no quiso referirse al tema.

Daza, en tanto, aseveró que actualmente no tiene el patrocinio de Errázuriz en ninguna causa, aunque reconoció representación de sus socios a ejecutivos del Grupo.

"Vincular el caso cascadas con Errázuriz porque yo intervengo es una especulación que no se sustenta en ningún antecedente concreto ni se basa en algún fundamento serio. Aclaro además que Errázuriz no ha tenido ni tiene ninguna injerencia en el caso Cascadas y Lobos no tiene ni ha tenido relación con Errázuriz ni ninguna de sus empresas. Porque la tesis 'testaferros de Errázuriz' en el caso Cascadas no sólo es falsa sino que además inútil, ya que en nada se refiere a la efectividad y naturaleza de los hechos probados ante el tribunal, consistentes en que existió y se operó un esquema fraudulento por las empresas cascadas destinado a beneficiar al controlador a costa de los accionistas minoritarios, y que en dichas actuaciones tuvo una participación punible el acusado Aldo Motta Camp", adujo.

Coincidencias, sospechas y la sombra de Enrique Correa

Lobos Cerda ante la PDI consignó en 2012 que "luego de esta compra, transcurrieron cuatro a cinco días, y me encontré con un conocido mío de nombre Morris Farachi, quien es abogado, y le comenté muy orgulloso que había comprado acciones de Soquimich, ante lo cual se sorprendió y repuso que cómo se me había ocurrido invertir en esa empresa, cuando estaba siendo cuestionada por algunas operaciones que habría realizado en la bolsa. Frente a dicha información y previendo que podía verme perjudicado en mi inversión, me recomendó que conversara con el abogado Miguel Soto Piñeiro, puesto que él era especialista en delitos económicos".

Y agregó que "durante los primeros días de septiembre del año 2012, acudí a la oficina del señor Soto Piñeiro y le relaté mi problema, ante lo cual me recomendó que colocara una querella criminal, ya que efectivamente la Superintendencia de Valores había ordenado reversar operaciones de venta de acciones, porque estas no tenían un sustento real". Tal proceso se había hecho público en mayo de 2012, cuando medios económicos dieron cuenta de que la SVS había instruido revertir US$235 millones en ganancias que habían generado para las empresas Cascadas operaciones realizadas en 2011.

En esta información hay algo que no calza. Según la información revisada por La Tercera PM existen tres facturas de compra el 1 de agosto y de pago el 3 de ese mes en Larraín Vial en que Lobos Cerda figura comprando las acciones. En todas ellas entrega como domicilio la calle Teatinos 251, oficina 201. La dirección, según pudo revisar este medio en documentos judiciales y en artículos de prensa correspondía a esa fecha a una oficina del abogado Soto Piñeiro, a quien Lobos Cerda asegura haber contactado recién un mes después de la compra. De hecho, en una noticia publicada por La Tercera en diciembre de 2012 sobre Pilar Pérez –condenada por el crimen de Diego Schmidt-Hebbel-, se hace referencia que usó esta dirección de Soto Piñeiro para constituir una sociedad inmobiliaria desde la cárcel.

Soto Piñeiro -quien ha representado a Francisco Javier Errázuriz Ovalle- fue contactado por este medio, pero no respondió las consultas respectivas.

Sobre el tema, el abogado Samuel Donoso, representante de Motta, adujo que se está ante "hechos graves, y están todos acreditados en el juicio: que Lobos usa el domicilio del propio abogado penalista para comprar las acciones; que en las facturas de compra consta ese domicilio; que Lobos miente descaradamente a la PDI, diciendo que después de comprarlas contrata al abogado; compran un poco más de un millón de pesos en acciones y contratan 6 abogados para estar casi 8 meses en juicio. Es ridículo, construyen un caso instrumental. Lobos es un mero instrumento de otros sujetos. Pero lo que nos llama profundamente la atención es que el tribunal, conociendo todos estos hechos, que fueron acreditados en el juicio, no haya hecho nada, son hechos graves, el precedente para la ética profesional es nefasto".

Daza se defiende y asevera que tras la tesis de Donoso está la mano del dueño de Imaginaccion, Enrique Correa. Detalla que Lobos Cerda le fue derivado por Soto Piñeiro, quien a su vez se lo derivó el abogado Morris Farachi, socio de Daza.

"Según lo que él nos contó se trata de una persona que compró una cartera de acciones que se le recomendó en Larraín Vial, ya que él quería invertir una suma pequeña en empresas vinculadas a la minería, las que le deban confianza, al haber trabajado en Codelco. En ese contexto aceptó la propuesta de inversión, y adquirió un conjunto de acciones de las Cascadas".

Agrega que "tiempo después se publicó en los medios la resolución de la SVS por medio de la cual se ordenaba a las empresas cascadas revertir las utilidades por la denominada 'operación Linzor', argumentándose en un primero momento que existía una vulneración a las normas IFRS". Cabe consignar que en rigor tal información sobre revertir utilidades fue publicada en medios de prensa meses antes de la adquisición de Lobos Cerda, según consta en el archivo de El Mostrador y El Diario Financiero.

Daza Carrasco detalla que "tengo muchos clientes, y Roberto Lobos no está vinculado con ninguno de ellos. En ese contexto, no tiene ni ha tenido relación alguna con Francisco Javier Errázuriz. Hago presente en todo caso que la idea que Roberto Lobos sería una suerte de operador de algún competidor directo o indirecto de SQM y de las empresas cascadas, responde a una estrategia antigua elaborada por Enrique Correa, quien es el lobbista y persona a cargo del diseño comunicacional de Julio Ponce, SMQ y las empresas Cascadas. Esto me quedó muy claro después de leer un conjunto de correos electrónicos entre Patricio Contesse y Enrique Correa, copiados a Julio Ponce, donde se señalaba esa vía como una fórmula para desacreditar a los querellantes. Esos antecedentes constan en las incautaciones efectuadas en el contexto de las causas seguidas en el caso SQM".

Sobre cómo Lobos Cerda, que según información de Dicom no tiene un gran patrimonio y al que se le asigna una referencia C3 como calificación socioeconómica, ha pagado los honorarios de su bufete, Daza Carrasco asegura que "los honorarios fueron marginales ya que jamás pensamos cuando la iniciamos por un caso acotado y concreto el año 2012, que ésta causa crecería tanto y llegaría tan lejos". Asevera que "nuestra evaluación sobre los costos y beneficios de asumir un proceso como éste, toma en consideración cuál es la trascendencia del caso y los efectos que puede tener profesionalmente para nuestro estudio ganarlo, sobre todo teniendo presente lo altamente concentrado que este mercado. En ese contexto, litigar uno de los casos de mercado de valores más relevante en nuestra historia judicial, efectuando planteamientos jurídicos en asuntos controvertidos, los cuales finalmente son acogidos por tribunales, obviamente nos produce beneficios que van más allá del pago de un determinado honorario. Lo anterior, sin perjuicio que al momento de iniciar esta causa con una querella referida sólo a un grupo de operaciones específicas, finalmente se descubriera un esquema fraudulento mucho más amplio y complejo, cuya investigación llegó más lejos de lo que imaginamos en un comienzo".

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