El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó con paso firme a La Moneda el lunes 23 de marzo. No llevaba buenas noticias al comité político que encabezaría el Presidente José Antonio Kast y que integra el resto de los ministros con domicilio en Palacio.

Quiroz tomó la palabra y planteó directamente un tema que venía masticando hacía días: el alza internacional del petróleo, provocada por los conflictos en el Medio Oriente, amenazaba la agenda del gobierno.

Con palabras calmas explicó a sus interlocutores que la situación terminaría provocando el desangre de los recursos fiscales y que -por esa razón- quería empujar cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco).

El ambiente era de preocupación. Todos entendieron que en el horizonte aparecía la primera crisis que enfrentaría el gobierno, pero lo que no podían saber era que sería la más profunda que golpearía a la administración de Kast en estos tres meses en el poder.

—No se puede esperar. Hay que anunciarlo hoy— apuró Quiroz en la cita, quien había sincerado que su fórmula se traduciría en un fuerte aumento del precio del combustible para los ciudadanos.

El presidente, Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segpres), Mara Sedini (Segegob), el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y el director de Contenidos y Comunicaciones, Cristián Valenzuela, escuchaban atentos.

—No podemos hacer que el costo sea solo para el usuario y que a la industria no le pase nada— replicó Alvarado.

La mente del ministro del Interior trabajaba rápido calculando los costos políticos de la decisión en términos de respaldo ciudadano y la posibilidad de que una ola de protestas y movilizaciones pusieran en jaque al gobierno en su debut.

García Ruminot se plegó a las aprensiones de Alvarado e instó también a que la medida fuera gradual. Ambos sabían que se estrenarían próximamente en el Congreso y que la reacción opositora a la decisión del gobierno de no subsidiar los combustibles podría poner cuesta arriba la agenda legislativa.

Irarrázaval, en cambio, cerró rápidamente filas con el jefe del equipo económico.

“Hay que hacer lo que dice el ministro de Hacienda”, dijo.

Quiroz explicó que no era posible graduar la medida, ya que el ajuste de los parámetros del Mepco tenía que mantenerse por cuatro semanas.

El ministro del Interior comprendió, pero insistió en medidas de mitigación a las que su par de Hacienda accedió. También adelantó que pondría en marcha un plan de emergencia para que las policías resguardaran bencineras y puntos estratégicos cuando se anunciara la decisión para contener eventuales desórdenes.

Fue Kast quien dio por cerrada la discusión.

“Es lo que tenemos que hacer”, aseguró el presidente.

El ministro de Hacienda había jugado sus cartas bien.

Antes de ese comité político -el jueves 19 de marzo-, Quiroz había sostenido una larga conversación a solas con Kast.

Fue uno de esos diálogos que forjan el carácter futuro de las relaciones entre un mandatario y sus ministros.

El economista vio con estupor cómo estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero pasado. Era un golpe bajo para sus planes: en los meses anteriores, instalado ya en la OPE (Oficina del Presidente Electo), venía trabajando día a día en afinar el proyecto económico para el nuevo gobierno.

Apenas llegó a Teatinos 120, Quiroz hizo los cálculos de cuántos recursos significaría para el Fisco el subsidio a los combustibles derivado del Mepco: millones de dólares semanales. La cifra -concluyó- complicaba el reordenamiento de las cuentas fiscales y el diseño económico que había ofrecido a Kast.

Se lo dijo sin ambages al presidente: “Está en juego la Ley de Reconstrucción”.

Kast lo escuchó con atención.

“Haremos lo que tengamos que hacer, aunque me cueste popularidad. No hay que perder el norte”, respondió el Kast.

A la cita se había sumado brevemente Alvarado, a quien se le transmitió que el lunes discutirían en profundidad el tema.

Una vez alineados los ministros, el paso siguiente fue comunicar la decisión -ese mismo lunes 23- al comité político ampliado, que comparten las autoridades con los jefes de los partidos políticos.

“Haré el anuncio hoy”, contó Quiroz a los principales dirigentes del oficialismo.

“No nos diga nada más si no quiere que se filtre antes”, advirtió, en tono distendido, el presidente de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, sabiendo que corrían contra el tiempo.

El sábado 21 de marzo, Presidencia había avisado a los canales de televisión que el lunes siguiente en la noche Quiroz haría una ronda de entrevistas para comunicar una decisión sobre el alza de los combustibles.

La puesta en escena había sido discutida en La Moneda. El director de Comunicaciones y Contenidos, Cristián Valenzuela; el director de la Secom, Felipe Costabal, y la jefa de prensa de Presidencia, María Paz Fadel, fueron parte del núcleo de asesores que evaluaron los pros y los contras de cómo debía hacerse el anuncio.

Se decidió que el encargado de informar a la ciudadanía sería Quiroz en sucesivas entrevistas a los canales de TV y no Kast para cuidar la figura presidencial en la medida en que golpearía el corazón de los hogares chilenos.

Casi a la misma hora del lunes, los canales comenzaron sus transmisiones. Todas partieron de forma similar: Quiroz informó que la gasolina de 93 octanos subiría desde ese jueves $ 370 por litro, mientras que el diésel tendría un aumento de $ 580 por litro.

Además, contó sobre siete medidas que ayudarían a las personas a enfrentar el alza: fortalecimiento del mecanismo de estabilización de la parafina, bono mensual de $ 100.000, por un período de hasta seis meses, a taxis y colectivos, y el congelamiento de las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana, entre otras medidas.

Frente a la TV varios dirigentes del oficialismo se agarraron la cabeza. No sólo no habían dimensionado el alza en los combustibles que acarrearía la decisión del gobierno, tampoco previeron que sería de un solo golpe. En la mente de varios la palabra resonó con fuerza: “Es un bencinazo”.

La performance de Quiroz dejó con un sabor amargo al propio ministro. En TV se vio cansado y poco empático. De ahora en adelante, se decidió, se privilegiarían los puntos de prensa.

Los ministros se desplegaron una vez conocida la medida. Alvarado inició una ronda de frenéticas reuniones con camioneros para evitar la tentación de una paralización. Quiroz también sumó sus oficios.

Pero estalló un error no forzado. En las redes sociales oficiales de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) aparecieron varios mensajes aludiendo a un “Estado en quiebra”.

La idea de un país en bancarrota -que buscaba neutralizar los efectos de la decisión de gobierno- estaba plasmada en una minuta de la Secom, donde se afirmaba: “Encontramos un Estado en la quiebra. En cuatro años nos endeudamos por más de 40 mil millones de dólares. Y la caja del Estado la dejaron completamente vacía”.

Hasta Quiroz se desmarcó del mensaje. “Jamás ocuparía como palabra que el Estado está quebrado. Lo que ocurre es que el Estado está en una situación fiscal deteriorada”, sostuvo.

La crisis se volvió ineludible y alcanzó ribetes inesperados cuando la Contraloría General de la República le pidió al gobierno explicaciones. A Valenzuela, el director de Comunicaciones y Contenidos de Palacio, no le quedó otra alternativa que asumir en privado la responsabilidad por lo que su equipo había elaborado. Fue su primera derrota.

El “bencinazo” terminó con una fuerte caída en la aprobación de Kast, que bajó entre 10 y 15 puntos.

No había duda: el periodo de la luna de miel había acabado.

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“Estamos atrasados, tenemos que apurarnos”, transmitía el entonces presidente electo, José Antonio Kast.

En los últimos días de diciembre, tras imponerse en la segunda vuelta presidencial, Kast estaba inquieto y se lo hacía saber a sus principales asesores, sobre todo a Alejandro Irarrázaval, su íntimo amigo desde la época universitaria y quien había manejado con mano de hierro la segunda etapa de su campaña presidencial y ahora hacía lo propio con miras al desembarco del nuevo gobierno en La Moneda.

En la casona ubicada en calle La Gloria, donde se instaló la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE), el entonces mandatario electo tenía a casi la totalidad de sus ministros resueltos, pero el área más sensible, el Ministerio de Seguridad, seguía sin estar zanjado.

El control de la delincuencia había sido la promesa más sentida de toda la campaña y el relato principal para el “gobierno de emergencia” que querían empujar, por lo que el desconcierto ya comenzaba a instalarse en el entorno presidencial.

No había dudas de que la carta preferida para sumir la cartera era el exalcalde Rodolfo Carter. Aunque había ganado con holgura la senaduría por La Araucanía, el exjefe comunal mantuvo varias conversaciones para asumir el cargo, pero se arrepintió.

A contrarreloj se evaluaron otras opciones, como los también parlamentarios Enrique Bassaletti y Cristián Vial.

En medio del caos que supuso la improvisación, a última hora se logró convencer -por una recomendación del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella- a la entonces fiscal Trinidad Steinert.

La integrante del Ministerio Público conversó con el presidente electo y sólo le puso una condición: en caso de que algo saliera mal, debía ofrecerle un plan B para subsistir.

Kast hizo el anuncio de su gabinete el 20 de enero en la misma OPE.

En la foto de los recién nombrados ministros, Steinert posó sonriente a las cámaras flanqueada por una mayoría de independientes, un radical -Jaime Campos- que también robaba miradas y varios debutantes en la primera línea política.

La exfiscal terminaría, apenas 69 días después, como la gran frustración del equipo ministerial al obligar a Kast, tras una serie de desaciertos, a removerla del cargo en el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia.

No fue la única.

Desde el inicio su destino pareció estar unido inevitablemente al de la vocera Mara Sedini, con quien compartía los dardos oficialistas al mal desempeño.

Tanto así que en su entrevista debut -en La Tercera- señaló que las conversaciones con la exfiscal para asumir el Ministerio de Seguridad “llevaban un buen tiempo”, cuando esta aún se encontraba en ejercicio, lo que infringía las leyes.

Sedini escuchó de boca de Kast -el 19 de mayo- el nombre de Steinert como una de las razones para ser removida del cargo.

“No puedo sacar a la ministra Steinert y mantenerte a ti”, le habría señalado el mandatario.

De todos modos, era el término de una agonía. La periodista y actriz era el objeto favorito de críticas en redes sociales; cometió errores de cultura general (como cuando desconoció la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes) y también políticos, al no poder comunicar adecuadamente las posturas del gobierno.

La sucesión de episodios fue restándole credibilidad a su vocería e incluso quienes empujaron con entusiasmo su nominación en el cargo -como el mismo Cristián Valenzuela, quien la persuadió y preparó personalmente para asumir- advertían que los esfuerzos por apuntalarla terminaban en nuevos desaciertos.

En eso estaban cuando el 15 de abril el presidente anunció los detalles del megaproyecto de reconstrucción, la iniciativa legislativa que definirá buena parte de su gobierno.

La iniciativa reforzó lo que se había hecho evidente en los meses anteriores: la ascendencia del ministro de Hacienda en el devenir de la administración de Kast.

Tan propia​ de Quiroz era la iniciativa, que él mismo la bautizó como Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, inspirado en el Plan Marshall, oficialmente conocido como el Programa de Recuperación Europea tras la Segunda Guerra Mundial, impulsado por el Banco Mundial (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento).

Aunque la primera vez que se vieron con el mandatario fue hace años -presentados por el empresario Daniel Orezzoli-, el bromance entre ambos fue fulminante. Ya en julio del año pasado se oficializó como el coordinador económico de la campaña de Kast, y dos semanas antes de que el ahora presidente lo anunciara -en enero de este año como el ministro de Hacienda- le había ofrecido ser parte de su gabinete.

Ambos habían tenido varias conversaciones, algunas intensas, en las que profundizaron sobre su modo de ver la vida y en la que Quiroz le sinceró la militancia de izquierda de su familia y que él mismo se consideraba opositor a Augusto Pinochet y votó por el No en el plebiscito de 1988.

Quiroz puso a disposición de Kast un programa económico que había trabajado para sí mismo en los últimos años con la expectativa de ponerlo en marcha en un gobierno futuro.

Sólo puso una condición: en caso de que Kast llegara a La Moneda, sólo lo acompañaría si era nombrado ministro de Hacienda. No le interesaba nada más.

Kast, a cambio, le dio libertad para escoger a sus equipos y la mayoría de sus iniciativas han marcado los primeros días de gobierno. El titular de Hacienda hizo gala de su mano implacable al anunciar recortes presupuestarios del 3% para todos los ministerios, lo que ha tensionado al máximo su relación con los pares del gabinete.

Y si bien sólo el titular de Vivienda, Iván Poduje, lo ha desafiado públicamente el 27 de abril al señalar que “yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”, el titular de Hacienda también ha tenido desencuentros privados con otros secretarios de Estado.

Ese episodio con Poduje -en todo caso- generó un fuerte remezón que obligó a Claudio Alvarado y al jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, a intervenir. El propio Kast tuvo que llamarle la atención al titular de Vivienda en una cita a solas en La Moneda.

Hoy, ambos ministros no se hablan y la interlocución entre ambos se da a través de subalternos.

El peor traspié de Quiroz se dio con la filtración en La Tercera de un polémico oficio que planteaba “descontinuar” 140 programas sociales, entre ellos, la beca de alimentación escolar de la Junaeb, programas de salud mental y prevención del suicidio.

La controversia revivió el fantasma de que el gobierno de Kast recortaría beneficios sociales. Y tuvo un inesperado damnificado.

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Varios dirigentes de Chile Vamos no podían creer lo que estaba ocurriendo. Se enteraron leyendo distintos medios de comunicación de las declaraciones que, un poco antes, había realizado el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

El 27 de abril, el senador manifestó -en entrevista con radio Duna- que “llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”. Lo hizo para cuestionar el oficio de Hacienda que descontinuaba programas sociales.

Además, pidió fortalecer el rol del ministro Alvarado, quien quedó en una incómoda situación. Squella utilizó la controversia de Hacienda provocada por el señalado oficio para apuntar sus dardos al jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

En La Moneda sus declaraciones cayeron como un balde de agua fría. No entendían por qué el líder del Partido Republicano, la colectividad del presidente, rompía con el estilo que ha cultivado la colectividad: transmitir en privado los cuestionamientos. Además, desviaba la agenda que buscaban instalar con la megarreforma e instalaba una crisis en el corazón del gobierno.

Varios dirigentes republicanos lo tomaron como una pasada de cuenta personal de Squella. El presidente se decepcionó apenas supo del episodio. Pero lo peor vendría una semana después. En el comité político ampliado de La Moneda, del 4 de mayo, el senador volvió a disparar.

“¿No vamos a hablar del problema en la habitación?”, preguntó Squella casi al término de la cita, apuntando a Irarrázaval, quien estaba sentado junto a los timoneles y jefes de bancadas de los partidos oficialistas. “Queremos saber si hay una conclusión después de lo que ocurrió la semana pasada”, continuó el senador.

Hasta ese minuto nadie había puesto el tema sobre la mesa. El senador buscaba reforzar si la coordinación política recaería en Interior o en Irarrázaval, a quien atribuía no haber advertido los efectos políticos que tendría la minuta emanada de Hacienda.

La tensión escaló rápidamente.

“Demos por superado…”, intentó intervenir el diputado republicano José Carlos Meza -aliado de Irarrázaval- para apaciguar los ánimos.

“¡A ver!”, le replicó de forma severa Squella.

Meza retrocedió y guardó silencio.

Fue el turno de Irarrazával.

“Yo nunca he dicho que la coordinación recaiga en mí”, refutó el jefe de asesores.

“Hagamos una reflexión respecto de todos los que quieren lo mejor para el gobierno..., evalúen si son parte del problema o de la solución. Quien concluya que es parte del problema tiene que dar un paso al costado”, remató enfático el senador.

“Tienes un error de comprensión”, le replicó duramente el ingeniero comercial.

Mientras todos tomaban palco, Alvarado decidió intervenir.

“Si considerara que el cargo excede mis capacidades, sería el primero en dar un paso al costado”, aseguró, sin sobresaltarse, el titular del Interior.

El militante de la UDI llamó a la unidad del sector y dio por terminada la reunión.

El enfrentamiento le generó un quiebre con Kast. El timonel del Partido Republicano tuvo que conversar varias veces con el mandatario, que estaba de gira en el sur cuando Squella hizo su arremetida.

Kast estaba “sentido”, dicen en La Moneda. La paz se terminó de sellar el domingo 24 de mayo, cuando el senador fue a almorzar al palacio presidencial de Cerro Castillo -en Viña del Mar- junto con su familia.

Alvarado, a quien la embestida de Squella mostraba debilitado, se movió rápido y sigiloso: se reunió con Irarrázaval para delimitar roles y en las semanas siguientes afianzó su relación con Kast.

El presidente -22 días después de ese áspero comité político- lo nombró como biministro del Interior y de la Segegob.

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“No defiendas a Steinert”, le transmitió el director de Contenidos y Comunicaciones de La Moneda, Cristián Valenzuela, a Mara Sedini.

Era una señal que la vocera no tenía cómo entender.

Valenzuela sabía que ese martes 19 de mayo, cerca del mediodía, el engranaje de un cambio de gabinete ya se había puesto en marcha.

“En algún momento, la oposición va a tener que definir si está por la seguridad de los chilenos o simplemente para hacerle un gallito político al gobierno”, sostuvo Sedini al comentar el anuncio de interpelación realizado por la oposición a su par de Seguridad, Trinidad Steinert, en medio de las críticas por no “tener un plan” bien definido para su gestión.

Fue la última vocería de Sedini.

La decisión de removerla junto a Steinert se había tomado el día anterior por un núcleo acotado. Ese día el presidente sostuvo varias reuniones con su equipo de confianza: Valenzuela, Irarrázaval y Alvarado.

También consultó la decisión con la primera dama, María Pía Adriasola, una de sus principales consejeras.

Aunque el mandatario se había resistido a la idea -no quería transformarse en el presidente en romper el récord de hacer el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia- terminó cediendo a las recomendaciones.

“Hay que hacerlo”, señaló, con resignación, ese lunes 18 de mayo delante de sus colaboradores.

Lo que lo había terminado de convencer era el momento. Días después -el 1 de junio- realizaría su primera Cuenta Pública, un espacio que tradicionalmente los mandatarios capitalizan en aprobación pública.

Kast llamó a Steinert, quien se encontraba en el Congreso, y le pidió ir a su oficina en La Moneda. Antes había sostenido con Sedini una conversación difícil.

La vocera encontraba injusta su salida.

Salió tan molesta del despacho presidencial que no llamó a nadie de su familia para que la acompañara en el cambio de gabinete.

El presidente, así, terminó por remover a Steinert y Sedini y nominó a Alvarado como biministro de Interior y de la vocería, mientras que le pidió a Martín Arrau dejar Obras Públicas y recalar en Seguridad. Louis de Grange, en tanto, quedó a cargo de Transportes y Obras Públicas.

Sesenta y nueve días habían bastado para que el diseño de gobierno de Kast colapsara.

El mandatario estaba afectado. El golpe había sido demasiado temprano.