Fue en mayo de 2015 cuando Patricio Aguirre Sahr inició su batalla personal contra el conservador de bienes raíces y archivero judicial de Castro, Enrique Monasterio Rebolledo.

Todo partió, cuenta, cuando su esposa acudió a inscribir un terreno de un familiar, tras concretar una compraventa. El trámite, según los aranceles públicos, debía tener un costo de $45 mil, pero le señalaron que el valor era de $130 mil.

Entonces intervino Aguirre Sahr. Primero, solicitó una audiencia con Monasterio Rebolledo. No se la concedieron. Tras varios intentos fallidos, decidió escribir una carta pidiendo formalmente el detalle de los cobros estimados, con copia al Ministro Visitador de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, quien a su vez pidió un informe al abogado.

Monasterio Rebolledo –ex asesor legal de Colonia Dignidad y de jerarcas de esta entidad, como  Helmuth Hopp-, respondió que se estaba ante un vil engaño, que jamás había recibido la solicitud de inscribir la propiedad a la que aludía Aguirre Sahr y que la cotización a la que se hacía alusión no existía.

Patricio, entonces, se querelló; y el conservador, que está en esa plaza desde febrero de 2013, se contra querelló. Y así han pasado los últimos tres años con una serie de recursos judiciales que van y vienen, y que ya los tienen a ambos en la Corte Suprema, a la espera de que esta instancia determine quién tiene la razón.

Marisa Navarrete, abogada de Aguirre Sahr explica que hoy están pendientes dos recursos en el máximo tribunal. La resolución de un recurso de queja por el sobreseimiento de la investigación contra Monasterio Rebolledo, medida que fue inicialmente rechazada por el juzgado de garantía local, pero aprobada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt; y una queja disciplinaria para exigirle a la Corte de Apelaciones que realice una auditoría a los cobros en Castro.

En el intertanto, Aguirre Sahr, que entre otras actividades vendía y compraba propiedades-, no ha recibido, asegura, la venia para realizar ninguna inscripción en los últimos años.

"Me paralizó todos los trámites y ha presentado en mi contra las querellas más brutales y deshonestas, que han sido sobreseídas. Para él es gratis difamarme: me acusó de robarle papeles, de saquearle su computador, y él tiene un manto protector", consigna Patricio.

En este periodo, confiesa, ha acumulado rabia, deudas y antecedentes, un cúmulo de antecedentes que La Tercera PM pudo revisar y que dan cuenta de que los cobros en el Conservador de Bienes Raíces de Castro se disparan respecto del de otras ciudades.

En momentos en que la Fiscalía Nacional Económica publicó un informe preliminar en que consigna que "la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto", Aguirre Sahr  revisó documentos oficiales, que este medio cotejó, de 250 inscripciones en 5 Conservadores –Temuco, Chillán, Ovalle, Coronel y Castro- con iguales características: sin hipoteca ni prohibición para distintos montos de compraventa.

Por un terreno de $1 millón, la inscripción en Temuco tiene un costo promedio de $6.100; en Chillán $9.000; en Ovalle, $9.300; en Coronel, $13.300; y en Castro $90.000.

Por una propiedad de $8 millones, el trámite en Temuco cuesta $27.100; en Chillán, $30 mil; en Ovalle, $30.300; en Coronel, $33.800; y en Castro$112 mil.

Por compra ventas de $128 millones o más, el valor en Temuco es de $387.100; el Chillán $390 mil; en Ovalle, $390.300; en Coronel $392.100; y en Castro, $480 mil.

La Tercera PM envió estos antecedentes a Monasterio Rebolledo y le consultó sobre las razones tras sus aranceles y el por qué asegura que requiere en promedio 65 documentos para realizar una inscripción. A través de un correo electrónico, consignó que "declino aportar mi versión por expresa indicación de mis abogados defensores, ya que, habiéndose desestimado todas las pretensiones por decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, se mantiene pendiente de resolución judicial otra acción".

En tanto, Luis Maldonado, vicepresidente de la Asociación de CBR y presidente de Presidente de la Corporación de Derecho Registral aseveró que "hemos remitido los antecedentes -enviados por este medio, para consultar sobre las diferencias en los precios- a la comisión de ética de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros para que puedan hacer un análisis de la denuncia presentada y así poder entregar un informe al respecto".

En cuanto a las diferencias de tarifas, adujo que "es el Ministerio de Justicia  el que fija los aranceles de los Conservadores de Bienes Raíces y Comercio. Estos fueron publicados en el diario oficial en diciembre del año 1998, a través del decreto 588".

De asesor UDI a conservador en Chiloé

"Asesoría Proyecto de Reforma Constitucional Familia y Vida". Así quedó registrado en el archivo del Senado la asesoría que en el año 2011 el abogado Enrique Monasterio Rebolledo le hizo al entonces senador de la UDI Andrés Chadwick, por un pago de $722.222.

Monasterio sigue teniendo vínculos con el Congreso, aunque ya no personalmente sino a través de su familia. Asesorías Monasterio LTDA figura en el registro de asesores de la Cámara de Diputados y, según está consignado en el diario oficial, la sociedad la constituye su esposa Jeannette Retamal y su hermano Claudio Monasterio Rebolledo.

En paralelo al apoyo legislativo al actual ministro del Interior, Monasterio era representante legal de los colonos de Colonia Dignidad.

El vínculo entre el profesional (hoy de 52 años ) y los residentes de Villa Baviera se inició en 2009. Según publicó Ciper en 2013, Monasterio representó a los herederos de Villa Baviera y también al jerarca Helmuth Hopp.

Tras esas gestiones y las asesorías en el Congreso, Monasterio fue nombrado notario de la pequeña localidad patagónica de Chile Chico. Su salto de ahí fue rápido y no poco controversial. Después de solo ocho meses en ese puesto, la entonces ministra de Justicia de la primera administración de Sebastián Piñera, Patricia Silva, firmó en 2013 el decreto que lo nominó como notario de Chiloé.

El abogado se impuso en la terna escogida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a dos figuras de larga trayectoria: la abogada Martita Wörner, que entonces tenía 14 años de trayectoria en el rubro y que antes fue miembro de la Vicaría de la Solidaridad de Concepción, y  al notario de Quellón Pedro Larrere, quien entonces también tenía 14 años de oficio y sobresalientes calificaciones.