Luppy Aguirre: la litigante estrella del CDE que arriba a la División Jurídica de Interior

Luppy Aguirre, abogada del Consejo de Defensa del Estado. Foto: Andrés Pérez.

La abogada desembarca el próximo lunes en las atribuladas aguas de una repartición que ha estado en el centro de polémicas, siendo la más reciente la exclusión del gobierno como querellante del emblemático caso de corrupción policial denominado "Huracán" y que provocó críticas en el propio Presidente. Con casi 30 años de experiencia en la arena judicial, forjada en el organismo que defiende los intereses del Fisco, tendrá como desafío dar un nuevo aire al equipo encargado de representar al Ejecutivo en tribunales. Sus cercanos comentan que es la profesional ideal para un cargo de este tipo por su alto conocimiento jurídico, sus capacidades de gestión y porque es meramente "técnica" y no política.


Uno de los alegatos que marcó a Luppy Aguirre Bravo (49) fue en el pleno de la Corte Suprema en 2006. Tenía 33 años y se presentó ante el máximo tribunal para pedir el desafuero de Augusto Pinochet. En su calidad de abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) obraba como querellante en la investigación por el crimen del exquímico de la DINA Eugenio Berríos. Algunos que estuvieron presentes ese día recuerdan el tono duro de su voz, su firmeza al presentar argumentos y lo persuasiva que fue ante los ministros. Y es que si hay algo que la caracteriza es que es considerada por sus pares como “una litigante de excelencia”.

Su nombre fue el que generó mayor consenso en La Moneda para dirigir la División Jurídica del Ministerio del Interior en medio de la crisis que provocó en esa repartición la cadena de errores que terminó con la marginación del Gobierno como querellante en el emblemático caso Huracán, en que se indaga corrupción de efectivos de inteligencia de Carabineros. El propio Presidente Gabriel Boric calificó lo ocurrido como “grave” y aseguró que se iban a “asumir responsabilidades. En menos de 24 horas, la ministra Izkia Siches sacó a la abogada Camila Barros de la jefatura y se anunció, el viernes 15 de julio, el arribo de la coordinadora de litigio penal del CDE.

Quienes conocen a Aguirre confidencian que la decisión no fue fácil. Por eso cuando Matías Libuy, asesor de Siches, la llamó para preguntarle si aceptaría irse a la división, la abogada no contestó de inmediato. Llevaba 29 años en el CDE, nunca había trabajado en otro lugar y pese a que se considera una mujer de izquierda sus simpatías no están -precisamente- en el Frente Amplio. Pero ahí fue vital la voz de su hermano médico quien le recordó conversaciones pasadas en almuerzos familiares en que criticaban decisiones que se tomaban en el Ejecutivo. Entonces la desafió: si ambos querían que a este Gobierno le vaya bien, su deber era aceptar. Además su decisión no impactaba en su carrera en el organismo que defiende los intereses del Fisco, puesto que el estatuto administrativo le permite “reservar” su cupo, ya que fue ganado por concurso público y su otro cargo -la jefatura en Interior- tiene fecha de expiración. Devolvió la llamada a La Moneda y aceptó.

El CDE en su destino

Luppy Aguirre decidió que quería trabajar en el CDE cuando una vez que estaba mirando la televisión junto a su mamá y vio al abogado Luis Bates litigar. Era la primera vez que se transmitían alegatos y quedó fascinada. Días después caminando por los pasillos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile -lugar donde estudió y hoy ejerce como académica-, vio un cartel pegado en una pared: “se necesitan procuradores para el CDE”. No podía creer la coincidencia. Decidió postular, pero quien había puesto el aviso, una estudiante que viajaba al extranjero y debía dejar un reemplazo, se había equivocado. El conducto regular era buscar un suplente a través de un concurso público. Por eso cuando Aguirre llegó con su CV al organismo recibió esa mala noticia que no duró tanto. A las semanas ya estaba asistiendo en causas en el CDE luego de que se abriera otra vacante. “Estaba destinada a esta institución”, dice María Inés Horvitz, consejera del organismo e íntima amiga de la abogada.

Una de las primeras causas que procuró fue la del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Ahí en medio de fiscales militares, Aguirre daba sus primeros pasos en la tramitación penal y se transformaría en una discípula de Horvitz. “Lo que más me impresionó fue su gran compromiso con su trabajo, con las causas, ella siempre iba más allá de lo que se le pedía. Tramitamos juntas Operación Albania, Armas a Croacia, eran causas complejas, de derechos humanos, muy difíciles. Luego me la llevé al Centro de Estudios de la Justicia, ahí fue un pilar fundamental por sus grandes dotes organizativas, era la persona que estuvo a cargo de armar los cursos, las capacitaciones de la reforma procesal penal, seminarios, etc. Tuvo un papel fundamental en lo que hoy en día es la revista de estudios de la justicia, que es conocida por su excelencia, por la calidad de sus trabajos que se han publicado. Es una persona con una capacidad de trabajo fenomenal, una vocación por el servicio público salvaje, siempre está dispuesta a sacrificar aspectos personales a favor de su equipo, es lo mejor que le pudo pasar a este Gobierno”, dijo la consejera.

Al interior del organismo hay desazón. “Se va la mejor litigante que tenemos, la estrella del área penal”, sostiene uno de los abogados de su equipo. Una de las cualidades que más destacan quienes han trabajado con ella es su capacidad de liderar equipos y gestión. Marcelo Oyarçabal, abogado del CDE que ingresó junto con Aguirre a esa institución la describe así: “Conozco a Luppy desde el año 1994, cuando empezamos como procuradores en el CDE. De esa época somos amigos y hemos trabajado en muchos temas en conjunto, tanto del CDE, como vinculados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Además de ser una gran amiga, es una gran profesional y docente, con altos conocimientos jurídicos, muy sistemática en todo lo que hace, agregando un plus que no es tan fácil encontrar entre los abogados: un altísimo nivel de gestión, de organización y manejo de equipos, lo que sin duda será fundamental para esta nueva etapa de su vida profesional que inicia”.

Oriunda de Magallanes

Al igual que el Presidente Boric, a quien no conoce personalmente, la abogada Luppy Aguirre nació frente al estrecho de Magallanes. Oriunda de Punta Arenas es la hija menor del matrimonio entre el militar Wilfredo Aguirre y la asistente social Lucrecia Bravo. Estudió en el colegio Tajamar y se tituló de abogada de la Universidad de Chile en 1999. Ahí conoció a una de sus referentes en el derecho, la experta en criminología Loreley Friedmann quien fue su profesora guía en la tesis.

La pasión por la litigación la comparte con su rol de académica. En “wikibello”, sitio en que estudiantes de la escuela de Derecho perfilan a sus docentes, la retratan de esta forma a Aguirre: “se nota que a la profesora le apasiona enseñar. Tiene un innato talento en lo que a la oratoria y expresión se refiere, por lo que siempre le entenderás todo y nunca sus clases serán una pérdida de tiempo”.

Le gusta subir cerros, se considera sibarita, está emparejada con un chef, experto sommelier, y juntos crían a “Maule”, un pequeño salchicha -de raza dachshund- que les robó el corazón.

En su carrera una de las situaciones que más la afectó, dicen sus colegas, fue cuando se enteró que la Fiscalía había negociado a espaldas del CDE un procedimiento abreviado con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Fue un balde de agua fría para las pretensiones del querellante institucional y a eso se sumó la suspensión del proceso en contra de la persona jurídica de SQM, también pactada por el Ministerio Público, y a la que el organismo se opuso hasta la última instancia, aunque sin éxito.

Luego vendría otro emblemático juicio por financiamiento irregular de la política, el caso Corpesca en que se obtuvo pena efectiva de cárcel para el ex senador UDI Jaime Orpis. Éste último reprochó en el proceso al Ministerio Público por involucrar en la indagatoria la Fundación La Esperanza, que creó junto a su esposa, y que se dedicaba a ayudar a personas para rehabilitarse de las drogas. Esta postura encontró inmediata réplica en Aguirre, quien le respondió al ex parlamentario acusado de cohecho: “Es una obra preciosa, una muy linda obra, sin duda, lástima que las acciones personales del señor Orpis, y no este juicio, no la fiscalía, ni el CDE, han afectado esa obra”.

En medio de estos casos fue cuando se afianzaría la dupla que hizo con la fiscal Ximena Chong. Ésta última destaca que “ella es una de las litigantes más relevantes del CDE, un organismo que justamente se caracteriza por tener litigantes de muy buen nivel. Luppy combina muy adecuadamente, y equilibra de buena manera por lo tanto, aspectos técnicos con los estratégicos, vale decir tiene una mirada muy anticipada a los posibles efectos que puede tener cada una de las decisiones que va tomando, desde los actos iniciales de la investigación pasando por la toma de decisión de la oportunidad para interponer la querella. Durante la investigación no sólo se convierte en un ente contralor del Ministerio Público, sino que tiene una lata capacidad de trabajar en equipo cuando vamos tras los mismos objetivos. Es una litigante creíble, que asegura certezas con lo que afirma ante tribunales”.

Los desafíos

Esta semana Luppy Aguirre ha estado con un pie en el CDE y otro en La Moneda, palacio que observa desde su oficina en calle Agustinas que dejará el lunes 25. Inició el proceso de traspaso de su trabajo y, a su vez, se ha reunido en el salón rojo de la sede del Ejecutivo con los equipos del Ministerio del Interior que tendrá a su cargo para interiorizarse de las labores que comenzará a ejercer como Jefa de la División Jurídica del Ministerio del Interior.

Desde ya, comentan sus cercanos, la abogada se ha impuesto como primer desafío el implementar un sistema de ingreso de causas que actualmente no existe, ya que quienes se desempeñan en esta repartición llevan la tramitación de las investigaciones en planillas excel. Una situación insólita que se arrastra de administraciones anteriores y que podría ser una de las causales de los errores detectados. Lo segundo será echar a correr el engranaje de los equipos. A fines de marzo fueron removidos cinco profesionales de esa división y a su vez llegaron otros, entre ellos Fernando Guerra quien también venía del CDE y es cercano a la profesional.

Lo más probable, dicen sus amigos, es que Aguirre siga trabajando con los mismos funcionarios. Ella es de las que cree que hay que “arrear la carga con los bueyes que hayan”. Es decir, no generar más costos para el Estado -ni más demandas laborales por los despidos- en el entendido que si bien no conoce tanto al resto del equipo -salvo a Guerra y a Francisco Castro con quien ha compartido en juicios- intentará potenciar las habilidades de cada uno de esos abogados para reenfocar la persecución de este querellante institucional, cuya estrategia estará en sus manos.

Los últimos días, confidencian sus amigas, se la ha visto emocionarse hasta las lágrimas en más de una ocasión. Y es que Luppy Aguirre es considerada “parte del inventario” del CDE, bromea un compañero. Pero la abogada sabe que la División Jurídica de Interior sólo será un paréntesis en su carrera en el CDE, entidad en la que -al igual todos lo que laboran ahí- se aspira a ocupar el más alto cargo directivo de dicha institución. Por eso no pocos dentro del organismo se aventuran a decir que “hoy se va la abogada Luppy Aguirre y ojalá retorne como la consejera del CDE Luppy Aguirre”.

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