Una socióloga en Justicia: Los desafíos de Marcela Ríos para afrontar al quisquilloso mundo judicial

Sorpresa causó en la Corte Suprema la designación de la doctora en Ciencia Política en el cargo que representa el nexo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Su sello, dicen quienes la conocen, estará en una gestión con perspectiva de género y relevando los Derechos Humanos, otra de las principales funciones de la cartera que dirigirá a contar del 11 de marzo. Las exministras Soledad Alvear y Patricia Pérez le entregan consejos.




Los whatsapp entre algunos ministros de la Corte Suprema se activaron cuando pasadas las 9:30 de este viernes se confirmaba que la próxima titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nombrada por el Presidente electo Gabriel Boric, era la socióloga y doctora en Ciencia Política Marcela Ríos Tobar. “No es abogada”, comentó uno de los integrantes del máximo tribunal del país y el debate se encendió en la cúpula del Poder Judicial.

Históricamente ese cargo ha estado en manos de abogados y reconocidos juristas, por lo que la nominación de la ex asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no dejó indiferente a los supremos con quienes Ríos deberá relacionarse directamente, ya que entre sus funciones está ser el nexo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. De hecho, desde el retorno a la democracia, los doce ministros de Justicia han sido egresados de Derecho que han jurado como abogados ante la Corte Suprema. “Acá hay un lenguaje en particular, un mundo y tradiciones, por eso me parece sorprendente la decisión del Presidente electo”, comenta un integrante del máximo tribunal.

Sin embargo, desde el entorno de Ríos destacan su conocimiento del sistema de justicia y desdramatizan que no posea el título de abogada sobre todo porque -dicen- lo que se buscó con su nominación es dar un giro también a la mirada de Derechos Humanos que debe tener quien liderará esta cartera. Esto último, ya que junto con esta relación con el Poder Judicial, Ríos deberá gestionar el Servicio Nacional de Menores (Sename), Gendarmería, Registro Civil, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Médico Legal y la Corporación de Asistencia Judicial. “El enfoque de género en todas estas reparticiones será un sello de la nueva ministra”, dice un cercano.

En el mundo judicial valoran su trabajo durante 14 años desde el PNUD y sus publicaciones sobre igualdad de género, la ampliación de libertades y los desafíos de falta de equidad en el país.

Sobre la Corte Suprema, la nueva titular de Justicia había expresado en años anteriores -en su cuenta de Twitter- su preocupación por la composición de esta. “Interesante lo poco que refleja la sociedad chilena”, dijo en 2011 tras un reportaje sobre la composición en que se detallaba la existencia de 5 masones, 1 agnóstico, 1 cristiana, 1 luterano, 13 católicos, 5 mujeres y 16 hombres. De ese máximo tribunal ya han pasado varios años y en la actualidad existe casi paridad de género en la cúpula del Poder Judicial. Uno de los roles fundamentales que tendrá Ríos será la intervención de La Moneda en los nombramientos de ministros de Cortes y de los próximos supremos. “Va a ser complejo pararse frente a alguien que desconoce este quisquilloso mundo de los abogados, pero colaboraremos para que todo salga bien”, dice otro juez consultado para este artículo.

Ex secretarias de Estado la aconsejan

Quienes tampoco quedaron indiferentes con este anuncio fueron las ex ministras de Justicia Soledad Alvear y Patricia Pérez.

“Me extrañó que no fuera abogada”, sostuvo la exdemócratacristiana y quien además fue la primera mujer en liderar esa cartera. Sin embargo, más allá de la sorpresa, Alvear sostuvo que “le deseo éxito a ella y al nuevo gabinete, y por cierto al Presidente electo. El que no sea abogada, sí, me extrañó, pero no sé qué reacciones pueda generar en el Poder Judicial. Lo único que podría decirle es que espero -como todos los chilenos y chilenas de buena voluntad- que le vaya muy bien”.

En esa misma línea sostuvo que los desafíos que tendrán en la cartera estarán abocadas en implementar proyectos de ley que necesitan de un presupuesto importante. “Hay que implementar reformas de manera adecuada. No basta presentar normas y leyes, sino que para que sean efectivas se requieren presupuestos adecuados. Ese es un tremendo desafío que tiene el nuevo gobierno”, expresó.

Alvear detalló que, por ejemplo, “el gobierno actual presentó una ley para la reforma del Código Penal, donde se contempla el aumento de penas, pero bueno, entonces se necesitan más cárceles. Se proponen más penas alternativas, bueno, hay que tener el personal suficiente para que las supervise. Lo mismo con la el Código Civil: se contemplan más tribunales, pues bien, se necesitan más salas de audiencias, jueces especiales”.

Por su parte la abogada Patricia Pérez, quien ocupó el cargo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, destacó que “ se haya conformado un gabinete con alta presencia de mujeres”. Esto porque a su juicio “es una manifestación elocuente de un diseño político con perspectiva de género. Esta cartera tiene por función relacionar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y fomentar y promocionar los derechos humanos. Un desafío importante para quien encabece esta Secretaría de Estado es conocer en profundidad el funcionamiento del sistema judicial y la manera en que esta labor se proyecta en áreas tan importantes como la justicia penal, laboral, civil y de familia”.

En esa línea, apuntó a que “una tarea prioritaria tiene que ver con el Sistema de Justicia Penal y en particular, el sistema penitenciario. Es urgente reducir el uso de las penas privativas de libertad potenciando mecanismos sustitutivos y asimismo, es crucial atender a la situación de grupos vulnerables, respecto de los cuales se presentan factores de desventaja estructural, como las mujeres. Hoy hay más de 3500 mujeres privadas de libertad y estamos en el tercer lugar de América del Sur en porcentaje de población femenina encarcelada. La inmensa mayoría de las mujeres en esta condición son jóvenes -tienen menos de 40 años- presentan bajos niveles educacionales, realizaban labores no remuneradas en el hogar antes de su reclusión, tienen un promedio de hijos superior a la media nacional y poco más del 85% de ellas está encarcelada por faltas, hurtos y tráfico de drogas”.

Junto con esto, sostuvo que un desafío de la nueva secretaria de Estado es justamente buscar soluciones para mujeres que viven actualmente el encierro. “Casi la mitad está condenada a penas inferiores a un año. Como muestra la evidencia nacional e internacional, la experiencia de la cárcel es distinta para las mujeres, la viven mucho más aisladas y desarraigadas de sus grupos familiares, con mayores dificultades de reinserción social. En el estudio que realizamos sobre Mujeres Privadas de Libertad y el Enfoque de Capacidades esto resultó palmario”. Finalmente agregó que “por eso es que desde una perspectiva de inversión social, sería más razonable destinar recursos fiscales a conjurar los problemas sociales que están en la base de las conductas delictivas -con especial foco en la infancia temprana- antes que gastarlos tardíamente, cuando estas ya se han producido, en otros términos “más prevención, menos cárcel”. Un paso previo imprescindible para avanzar en esta línea es una urgente coordinación intersectorial que permita identificar oportunamente tales problemas y luego abordarlos mancomunadamente, dejando atrás la política de “silos” que nos ha caracterizado históricamente como país”.

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