Violeta León (37) es profesora y madre de una adolescente. Hace más de una década pasó por mediación familiar y, al igual que otras mujeres, llegó a esta instancia como un paso obligatorio antes de demandar al padre de su hija por pensión de alimentos.

El gran objetivo de la mediación es promover acuerdos colaborativos entre las partes, especialmente en materias sensibles como la crianza. Ahora bien, en la práctica, también opera como una herramienta de descompresión del sistema judicial, ya que se apuesta por intentar resolver los conflictos antes de llegar al tribunal.

Para Violeta, sin embargo, el recuerdo de este período no es agradable. “Son instancias que tratan de hacerla corta. Se habla de pensión y de relación directa y regular, casi siempre en lo más simple: que la persona pague un porcentaje de su sueldo y fijar las visitas”, explica.

En su caso no hubo acuerdo, por lo que debieron llegar a la vía judicial. Para ella, más que un proceso de diálogo, se convirtió en uno burocrático y limitado, donde no se encontró una salida al dilema sobre cómo hacer más presente al progenitor en la crianza.

“Quedan muchas cosas fuera porque simplemente no se abordan”, plantea. Entre esas ausencias, menciona una en particular: “Todo lo que no es tasable en la crianza, como lo es el tiempo o la carga mental no entra en la conversación”.

¿Qué significa esto? Que, en la práctica, se perpetúa un modelo donde quien queda a cargo del cuidado personal de los hijos debe tener disponibilidad y recursos ilimitados para satisfacer sus necesidades, mientras que quien aporta una cifra económica tiene un resguardo por ley: no está obligado a contribuir con más que un monto acotado de sus ingresos, como máximo el 50% (salvo casos excepcionales en los que debe dar más).

Javiera Farías, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, explica que en materias tan sensibles como las que revisa el derecho de familia, muchas madres o padres esperan que la mediación pueda ayudarles a alcanzar acuerdos sin tener que enfrentar en solitario a quien fue su pareja en juicio, con todo el desgaste emocional y muchas veces económico que eso puede suceder. Sin embargo, esta instancia es más bien estandarizada y limitada: “En los hechos se observa que por la carga de trabajo o por diversos factores, las mediaciones no llegan a buen término y se delega la conflictividad a los tribunales”, argumenta.

A partir de los datos recolectados luego de la modificación de la Ley de Pensiones de Alimentos, se calcula que cerca de un 84% de los deudores son hombres, lo que permite inferir que el cuidado personal recae mayoritariamente en mujeres. Además, hay estudios de que revelan que más de la mitad de las mujeres chilenas (51%) sufre de pobreza de tiempo, frente al 42% de los hombres.

Un dato revelador para la abogada Nickol Ortiz, especialista en derecho de familia y fundadora de la red social @mamabogada. En su experiencia diaria, reconoce que la mediación empuja soluciones estandarizadas. “Se media sin necesariamente abordar la realidad de la crianza que hay detrás. Además, las partes no llegan en igualdad de condiciones”, asegura.

Mismo parecer tiene Natalia Delgado, directora del área jurídica de Fundación Antonia, quien explica que en los procesos judiciales se observa una ausencia de este criterio al momento de resolver. En ese sentido, la abogada puntualiza que la mediación no falla en su intención, pero sí en su capacidad de capturar la complejidad de la vida familiar, y de entender que una crianza necesita mucho más que una cuota alimentaria y un par de días de visita a la semana.

Además, si se mira la realidad de los casos, Alexandra Pardo, abogada y creadora de la cuenta @mama.legal, en la que muestra estadísticas que indican que el 54,3% de los citados a una mediación no llega a la sesión. “Esto refleja, en muchos casos, una baja disposición del alimentante a concurrir. Y eso se traduce en la sobrecarga del sistema, donde se fijan fechas de audiencia para 60 días más”, grafica.

El costo que nadie cubre

Si bien los regímenes actuales ya están incluyendo esquemas de cuidado compartido, con mayor presencia de los padres, la corresponsabilidad no sólo se reduce a pasar más días con los hijos, sino a quién asume realmente la carga mental y la organización del cuidado.

Además, hoy el sistema, dicen las especialistas, opera calculando el costo de criar, pero no el trabajo de cuidar.

“Hoy vemos una problemática relevante: el cuidado compartido se ha usado muchas veces como moneda de cambio”, acusa la abogada Nickol Ortiz. En su experiencia, aunque existan padres presentes, la clave es si participan activamente en la crianza. Esto se trata de saber aspectos básicos del día a día, asistir a reuniones, o ser el contacto en caso de enfermedad. “Esa carga sigue recayendo mayoritariamente en la mujer”, desarrolla.

En la mediación, el proceso tiende a ser estandarizado: cuánto gasta el niño, cuánto gana cada parte, y en función de eso se fija un monto. A eso se suma el ya comentado límite legal para quien paga pensión, que suele estar en torno al 50% de sus ingresos. Pero no existe un equivalente para quien cuida.

“Ahí aparece una asimetría: lo que no cubre el padre en lo económico lo asume la madre, tanto en dinero como en trabajo de cuidado”, desarrolla Ortiz. Esto se agrava considerando que en Chile hay alta informalidad laboral, personas sin contrato o con más cargas familiares, lo que termina reduciendo los montos de pensión.

Por lo mismo, cualquier desembolso extra –desde una enfermedad menos grave hasta una actividad extraprogramática, o una compra de vestuario no contemplada en el presupuesto mensual– debe ser enfrentado por quien cuida, muchas veces sin ayuda del alimentante, bajo el argumento de que ya pagó su respectiva cuota y no está obligados a aportar más.

Natalia Delgado, de Fundación Antonia, complementa que, aunque existen modificaciones recientes que permiten sobrepasar el 50% en casos excepcionales, la existencia de ese límite refleja la brecha que hay al no valorar el tiempo de cuidados. “Se estima todo desde un punto de vista netamente numérico, sin incorporar factores intangibles”, contrasta.

Desde una mirada jurídica, esto no es necesariamente una contradicción normativa, pero sí evidencia una limitación del modelo. “El sistema regula el aporte económico, pero no internaliza el costo total de la crianza, ni distribuye de manera efectiva sus cargas”, plantea la abogada Alexandra Pardo.

La lógica de lo medible

Volviendo a la historia de Violeta, en su experiencia, el cuidado de la semana de su hija lo asume ella, mientras que los fines de semana lo hace el progenitor. “Es como una guardería de fin de semana por medio”, critica, pensando que toda la planificación cotidiana, como es preocuparse de los deberes del colegio, planchar y limpiar ropa, mantener una equilibrada alimentación, o correr ante una emergencia de salud, sigue recayendo exclusivamente en ella.

“La mamá se queda con toda la carga mental de mantener a un niño o niña en la vida diaria”, precisa. Aunque intentó con su expareja un régimen más equitativo, tampoco fue sencillo. “No es algo que el sistema promueve. Es difícil sostenerlo”, dice.

Para la abogada de la UNAB Javiera Farías, más que invisibilización, hoy se da por “entendido” que, en materia del cuidado cotidiano, quien goce del cuidado personal del niño también se hará cargo de todas estas labores sin límite ni de tiempo ni de gasto.

En Chile, las mujeres destinan en promedio al menos cinco horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, dos horas más que los hombres según un estudio del INE en 2023. Eso se traduce en una dedicación constante que tiene un impacto directo en sus trayectorias laborales, ingresos y autonomía.

“Ese tiempo, ese esfuerzo y ese costo de oportunidad no se traducen en una variable concreta al momento de mediar”, visibiliza la abogada Alexandra Pardo. El sistema, al seguir operando sobre lo medible, deja fuera elementos estructurales, que terminan reproduciendo desigualdades en la vida de quienes asumen la crianza de forma principal.

Medir lo invisible

Existe una asimetría evidente y con datos que lo demuestra. Cristina Vio, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, señala que dos tercios del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en Chile lo realizan las mujeres.

“Esto implica que tenemos menos tiempo para desarrollar otras actividades, como generar ingresos, capacitarse, estudiar o incluso descansar, lo que impacta también en su salud mental”, advierte.

Esta falta de tiempo se traduce en limitaciones al desarrollo y las deja en una posición de desventaja, especialmente en el ámbito laboral. “Cabe preguntarse si las mujeres llegan en igualdad de condiciones a estos procesos de negociación; probablemente no”, plantea Vio.

En el pasado, ya se han hecho estudios para dimensionar la valorización de los cuidados, es decir, cómo reconocer en tiempo que una de las partes dedicó al proyecto familiar en labores domésticas y de cuidado no remuneradas. Para Vio, es ahí donde está la gran deuda en términos de visibilización y valoración.

Si bien los tribunales de familia deben traducir económicamente ese trabajo, no es un ejercicio sencillo. Desde Comunidad Mujer, junto al Ministerio de la Mujer y UNICEF han realizado estudios de valorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en Chile.

La segunda versión, publicada en 2025, estimó cuánto costaría contratar esos servicios si esas horas fueran remuneradas. “Al considerar su aporte al Producto Interno Bruto ampliado, estimamos que equivale al 19,2% del PIB. Es más que cualquier otra actividad económica”, argumenta Cristina Vio.

Para la especialista, este mismo ejercicio debería aplicarse en acuerdos o sentencias, sobre todo porque los sistemas judiciales no cuentan con la sensibilidad a la hora de valorar adecuadamente este trabajo.

Las entrevistadas coinciden en los progresos recientes como la ley del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, aprobada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Sin embargo, este reconocimiento queda vacío sin una implementación efectiva.

“Para que ser ‘mujer cuidadora’ tenga un peso real, deben existir instrumentos técnicos que midan ese trabajo al momento de dictar resoluciones”, plantea Natalia Delgado, de Fundación Antonia. Aún queda un largo camino de discusiones para que este nuevo marco normativo se traduzca en soluciones judiciales que materialicen la corresponsabilidad.

Mientras tanto, es importante que aquellas mujeres que comienzan el proceso de mediación puedan asesorarse antes de enfrentar dichos procesos. “No deben pedir montos al azar, sino entender cuáles son los gastos reales de los hijos o hijas y considerar la capacidad económica de ambas partes”, comenta la abogada Ortiz.

Muchas madres llegan a mediación en contextos emocionales complejos y vulnerables, tras una separación, con estrés y desgaste, lo que puede llevar a aceptar acuerdos poco favorables. Y modificar una pensión no es fácil, dado que requiere judicializar el caso, por eso es clave tomar decisiones informadas desde el inicio.

Mientras el sistema siga operando sobre lo medible, la experiencia cotidiana de quienes cuidan queda fuera de la ecuación. “El sistema no está pensado para repartir la vida real, solo para ordenar el dinero y las visitas”, resume Violeta León.