El abogado argentino Rodolfo Yanzón, defensor de Galvarino Apablaza Guerra, descartó de manera categórica cualquier avance hacia una eventual extradición del exfrentista a Chile, asegurando que el proceso “está cerrado” desde hace más de una década y que no existe ninguna instancia administrativa pendiente.

En entrevista con 24 Horas, el jurista fue enfático en desmentir versiones que apuntan a que el proceso estaría a una firma de concretarse.

“No, no hay extradición. La extradición está cerrada hace 16 años”, afirmó, agregando que el reconocimiento del estatus de refugiado político en Argentina anuló cualquier trámite previo.

“No hay ningún trámite y por lo tanto no hay ninguna firma pendiente”, insistió.

Yanzón sostuvo que su representado se encuentra protegido por la normativa internacional vigente.

“Al día de hoy lo que tenemos es una persona protegida por la Convención de Naciones Unidas de Refugiados”, señaló, recalcando que mientras esa condición se mantenga, Apablaza “tiene libertad de movimiento” en territorio argentino.

Rechazo a versiones de autoridades

Las declaraciones del abogado contradicen abiertamente lo planteado por distintas autoridades, entre ellas la exministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich y el exministro chileno Luis Cordero, quienes han sostenido que el proceso de extradición estaría en una fase final.

Frente a ello, Yanzón fue particularmente crítico. “Si dijo eso se equivoca”, afirmó sobre Cordero, mientras que respecto de Bullrich sostuvo que “nos tiene acostumbrados con su ignorancia en temas jurídicos”.

El abogado también rechazó la tesis de que el estatus de refugiado haya caducado.

“Sí, él sigue siendo un refugiado político, claro”, aseguró, añadiendo que el gobierno del presidente Javier Milei “no hizo nada” para modificar esa condición.

Consultado sobre la eventual entrega de Apablaza en el corto plazo, Yanzón fue categórico: “No hay ninguna posibilidad de que Galvarino Apablaza vaya a Chile en los próximos días ni en los próximos meses. Y diría que en los próximos años”.

El defensor también desestimó que la salud del exfrentista —quien tiene 75 años— sea un factor relevante en el debate.

“La situación de salud de Apablaza Guerra no tiene nada que ver con todo esto”, explicó, indicando que solo informó antecedentes médicos al juez de la causa, Ariel Lijo, en el marco de una citación judicial.

Acusaciones de presión y eventual “vía ilegal”

Yanzón fue más allá y acusó supuestos actos de hostigamiento contra la familia de su representado por parte de organismos de seguridad argentinos. Según afirmó, existiría vigilancia permanente sobre su entorno, lo que ya habría sido denunciado ante la justicia federal.

“Están tratando de generar un clima propicio para una vía ilegal para detener ilegalmente al señor Apablaza Guerra”, sostuvo, agregando que, a su juicio, podría existir coordinación con autoridades chilenas.

En esa línea, planteó incluso un escenario extremo, asegurando que “la señora Bullrich estaría encantada de secuestrar a Apablaza Guerra y enviarlo en un avión a Chile, obviamente de manera ilegal”.

Fundamentos jurídicos de la defensa

El abogado explicó que la base de su postura radica en la interpretación de la legislación argentina y los tratados internacionales. Según detalló, la propia Corte Suprema argentina, al autorizar la extradición en 2010, la condicionó a que no existiera estatus de refugiado.

“Hubo refugio, por lo tanto finaliza definitivamente el proceso de extradición”, afirmó, citando tanto la ley de refugio como la ley de extradición argentinas, además de la Convención Internacional sobre Refugiados.

En ese sentido, esbozó que cualquier intento futuro requeriría iniciar un nuevo proceso.

“Si eventualmente cesa el estatus de refugiado, Chile debería pedir una nueva extradición”, explicó.

Cuestionamientos al escenario chileno

Yanzón también puso en duda las condiciones para un eventual juicio en Chile, aludiendo a presiones políticas y mediáticas.

“Estoy convencido de que no existen condiciones para que vaya (...) Hay una presión mediática y política, sobre todo de la Unión Demócrata Independiente, del Pinochetismo en Chile.”, afirmó.

Además, cuestionó la solidez de las pruebas en las causas que vinculan a Apablaza con el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

“Hay muchos elementos para establecer que este proceso está mal parido desde el inicio y que no existen condiciones para gente como Apablaza Guerra, que tiene una militancia política y que combatió militarmente contra una dictadura como la de Pinochet, para someterse a un tribunal con las garantías del debido proceso. No existen esas garantías para nosotros”, subrayó.

Un caso marcado por décadas de tensión

El caso de Apablaza se remonta a inicios de los años 90, cuando el exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue vinculado como autor intelectual del asesinato de Guzmán, ocurrido en 1991 durante el gobierno de Patricio Aylwin, así como del secuestro del empresario Cristián Edwards.

A 35 años de ese crimen, la causa sigue abierta en Chile, donde la ministra Paola Plaza mantiene la investigación en su contra. En paralelo, en 2017 el ministro Mario Carroza dictó una orden de captura internacional.

Pese a ello, Apablaza reside actualmente en Argentina, específicamente en la localidad de Morón, en medio de un escenario judicial y político que continúa generando tensiones entre ambos países.