Se trata de un juicio en apelación con importantes consecuencias para las elecciones presidenciales francesas de 2027. Marine Le Pen fue condenada en primera instancia el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de prisión -dos de ellos de cumplimiento efectivo-, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación inmediata para ejercer cargos públicos por un presunto desvío de fondos públicos. Esa condena pone en juego su futuro político y su aspiración presidencial.

El juicio en apelación por el caso de los empleos ficticios de asistentes parlamentarios europeos de su partido Agrupación Nacional –antes llamado Frente Nacional– se celebrará en París del 13 de enero al 12 de febrero de 2026.

Le Pen, que ya fue candidata a la presidencia en 2012, 2017 y 2022, podría ver frustrado su intento de competir por cuarta vez si la justicia confirma la sentencia inicial. Una condena en segunda instancia supondría un fuerte golpe para su partido, que desde hace meses encabeza las encuestas en Francia.

De todas las personas condenadas en marzo de 2025, solo 12 -además del propio partido- presentaron recursos. Entre ellas figuran dirigentes destacados de Agrupación Nacional, como el alcalde de la ciudad de Perpiñán, Louis Aliot; el diputado Julien Odoul; el eurodiputado Nicolas Bay; y dos históricos de la formación, Wallerand de Saint-Just y Bruno Gollnisch.

¿De qué está acusada Marine Le Pen?

En primera instancia, la justicia declaró culpable a Marine Le Pen, junto a otros 24 ex eurodiputados, asistentes parlamentarios, un contable y su partido, por haber creado entre 2004 y 2016 un sistema para pagar a empleados del partido con fondos del Parlamento Europeo.

Según el tribunal, ese mecanismo permitió financiar actividades del partido con dinero público europeo que debía destinarse exclusivamente al trabajo parlamentario. La corte calculó el perjuicio económico para el Parlamento Europeo en 3,2 millones de euros, tras descontar 1,1 millones que ya habían sido reembolsados por algunos de los acusados.

“No se trató de errores administrativos ni de una mala interpretación por parte de los diputados de normas europeas confusas, sino de desvíos de fondos dentro de un sistema creado para reducir los gastos del partido”, señaló el tribunal en su sentencia.

¿Hacia una continuidad de la retórica contra los jueces?

Al igual que en el juicio de primera instancia, Marine Le Pen tiene previsto defender su inocencia en la apelación. Y, como ocurrió tras la sentencia del 31 de marzo de 2025, mantiene la misma línea discursiva: sostiene que se trata de un proceso político destinado a impedirle presentarse a la elección presidencial.

“El objetivo no es solo impedir que me presente, sino que resulte elegida. Antes se recibía una bala; hoy se recibe una bala judicial. Y eso, en realidad, significa la muerte”, declaró el 28 de diciembre.

Desde que dictó la condena contra Le Pen, la jueza Bénédicte de Perthuis ha recibido amenazas de muerte y fue puesta bajo protección policial. En su fallo, especialmente en lo relativo a la inhabilitación con aplicación inmediata, la magistrada tuvo en cuenta tanto la defensa como la actitud de la diputada de extrema derecha.

El Tribunal Correccional de París señaló que el “posicionamiento de la interesada”, es decir, sus reiteradas negaciones, justificaban la severidad de la condena. También subrayó la gravedad de los hechos y el riesgo de reincidencia, debido a “la falta de reconocimiento de los hechos” y a una “impunidad reivindicada”.

La jueza explicó además que la ejecución inmediata de la inhabilitación respondía a la necesidad de “garantizar que los cargos electos, como cualquier otro ciudadano ante la justicia, no se beneficien de un trato de favor”, algo que, según afirmó, sería incompatible con la confianza que los ciudadanos esperan de la vida política.

¿Injerencia de Estados Unidos?

En medio de las fiestas de fin de año, el periódico alemán Der Spiegel aseguró que Washington habría considerado imponer sanciones contra los jueces que condenaron a Marine Le Pen el año pasado. Donald Trump había entonces criticado el veredicto y había pedido la “liberación” de Le Pen, a quien presentó como víctima de una “caza de brujas”.

Ante esas informaciones, el presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, advirtió el martes 6 de enero que, si esos hechos se confirmaran o llegaran a producirse, constituirían “una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos” de Francia.

El magistrado citó como precedente el caso del juez francés de la Corte Penal Internacional, Nicolas Guillou, implicado entre otros asuntos en la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y quien, desde agosto, es objeto de sanciones estadounidenses.

Según Ghaleh-Marzban, no se trata de un caso aislado: Estados Unidos también habría apuntado en los últimos meses al juez brasileño que dirigió la investigación contra el expresidente Jair Bolsonaro, así como a responsables de oenegés que luchan contra la desinformación y los discursos de odios en Reino Unido y Alemania, e incluso contra el excomisario europeo Thierry Breton.

Sin embargo, el fiscal general de Francia, Rémy Heitz, aseguró el jueves 8 de enero que no hay elementos concretos que confirmen una voluntad de injerencia sobre la Corte de Apelación. En desacuerdo con el presidente del tribunal judicial de París, señaló que, por ahora, “solo hay rumores de prensa”.

Desde Washington, la subsecretaria de Estado, Sarah B. Rogers, afirmó que buscaba “contrarrestar la desinformación extranjera” y escribió en la red X que la supuesta filtración es “falsa y desactualizada”.

Por su parte, Agrupación Nacional se presentó como víctima y denunció el miércoles 7 de enero “un rumor difundido por un medio hostil”, amplificado -según el partido- por las declaraciones de Peimane Ghaleh-Marzban, lo que consideran como la “validación de una noticia falsa” y una posible “presión inadmisible sobre los jueces de apelación”.

¿Cuáles son los posibles escenarios?

El fallo del juicio en apelación de Marine Le Pen se espera antes del verano de 2026. Si es absuelta, podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027. En cambio, si la justicia confirma la condena, quedaría impedida de competir.

Aun así, Le Pen podría recurrir ante la Corte de Casación. Su presidente, Christophe Soulard, señaló el jueves 8 de enero que, en ese caso, se intentaría dictar una decisión “si es posible” antes de los comicios. “Si hay una sentencia confirmatoria y un recurso de casación -que todavía no se ha presentado-, la Corte de Casación se organizará para juzgar el caso con la mayor rapidez posible”, explicó.

Existe también un escenario intermedio: que Le Pen vuelva a ser condenada, pero sin inhabilitación o con una inhabilitación más corta. En ese caso, estaría legalmente autorizada a presentarse a la elección, aunque debería afrontar un problema político de peso: hacer campaña con una condena penal.

En ese contexto, podría aumentar la presión para que ceda su lugar a Jordan Bardella, quien se perfila cada vez más como el favorito para 2027. A finales de noviembre, por primera vez, una encuesta dio como ganador de la presidencial al joven presidente del partido, de 30 años, frente a todos sus posibles rivales.