Dimite la ministra de Turismo italiana en medio de la crisis política tras la derrota de Meloni en el referéndum
La oposición había presentado una moción de censura en contra de Daniela Santanchè ante la Cámara de Diputados.

La ministra de Turismo italiana, Daniela Santanchè, ha presentado su dimisión este miércoles en medio del terremoto político en el país tras la derrota de la primera ministra, Giorgia Meloni, en el referéndum de la reforma judicial.
“No ocultaré cierta amargura por el resultado de mi carrera ministerial, pero en mi vida estoy acostumbrada a pagar mis propias cuentas y, a menudo, también las de los demás”, ha afirmado en su carta de dimisión, dirigida a Meloni, y recogida por la empresa de radiodifusión italiana RAI.
En la misiva asegura que deja el cargo a petición de Meloni. “No tengo ningún problema en decir que obedezco”, ha expresado, agregando además que “hasta la fecha” su historial delictivo es “impecable” y que “ni siquiera ha habido una simple acusación”.
La oposición había presentado una moción de censura en su contra ante la Cámara de Diputados. Santanchè está involucrada en varios procesos judiciales por acusaciones de fraude y falsedad contable relacionadas con sus actividades empresariales.
La dimisión se produce apenas unas horas después de que el subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro Delle Vedove, renunciase al cargo por sus presuntos lazos con una empresa vinculada al clan Senese, uno de los grupos más influyentes de la mafia napolitana, y tras el fracaso del referéndum sobre la reforma judicial.
Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro de Justicia, Carlo Nordio, también ha presentado su dimisión después de verse envuelta en una polémica tras afirmar que el poder judicial era un “pelotón de fusilamiento” e incitar a los ciudadanos a votar en el referéndum de la reforma a la Constitución para “deshacerse de ellos”.
Bartolozzi también estaba señalada por su papel en la liberación del jefe de la Policía judicial libia, Osama al Masri, sobre el que pesaba una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes de lesa humanidad.
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