El hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgado por presunto tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en el suroeste de España, según un auto de un tribunal divulgado este jueves.

David Sánchez, que fue nombrado responsable de la oficina de Artes Escénicas de la provincia de Badajoz y es hermano menor del dirigente socialista, será juzgado junto a otras diez personas, incluido el secretario general del Partido Socialista en la región de Extremadura, indicó el auto, que no especifica la fecha del juicio.

Sánchez es sospechoso de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, señaló el escrito de la jueza de instrucción Beatriz Biedma, que no especifica la fecha del juicio.

La magistrada rechazó la solicitud de la fiscalía, que hace una semana pidió archivar la investigación contra Sánchez, alegando, según los medios españoles, que se basaba solo en “conjeturas”.

La decisión de la jueza llega en un momento de debilidad para Pedro Sánchez, por otras investigaciones que apuntan a su entorno, una contra esposa, Begoña Gómez, por presunta corrupción y tráfico de influencias, y otra contra el fiscal general, una figura nombrada por el Ejecutivo.

Sánchez “no debería demorar ni un minuto más la convocatoria de elecciones para que los españoles se pronuncien acerca de la degradación institucional y moral de este gobierno”, reaccionó Cuca Gamarra, la número dos del Partido Popular (PP derecha), el principal de oposición.

Ante todos estos casos, el presidente del Gobierno ha señalado a la derecha y a la extrema derecha de estar detrás de una “campaña” de desprestigio para desestabilizar su Ejecutivo.

El hermano de Pedro Sánchez era investigado desde junio de 2024 por las presuntas irregularidades en su contratación a mediados de 2017, tras una denuncia formulada por Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha.

En un auto anterior al que tuvo acceso la AFP, Beatriz Biedma consideró que “existen indicios” de que David Sánchez “habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz” gobernada por los socialistas, “para obtener un beneficio propio”.

La jueza estimó que David Sánchez, a sabiendas de que el puesto “se había creado para él, se presentó a la convocatoria, e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”.

La contratación ocurrió en junio de 2017, pocos días después de que Pedro Sánchez fuera elegido como secretario general del Partido Socialista, en ese momento en la oposición, aunque el puesto había sido creado el año anterior.