Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a la administración de Donald Trump que permita a los inmigrantes venezolanos enviados en marzo de 2025 a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, regresar para continuar con sus casos de inmigración si así lo desean.

El magistrado James Boasberg exigió en una orden que el Ejecutivo estadounidense que autorice el reingreso de los 137 hombres que estuvieron detenidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), acusados ​​de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua.

El fallo representa un revés significativo para la política de deportaciones masivas del gobierno liderado por Trump y se aplica a todos los venezolanos que fueron enviados a la megacárcel inaugurada en 2023 por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

Boasberg determinó que estas personas fueron privadas de su derecho al debido proceso al ser deportadas sin notificación ni oportunidad de impugnar esa decisión antes de ser sacadas de Estados Unidos, en clara violación de sus garantías constitucionales, y por ello el Ejecutivo debe costear sus pasajes de regreso o aceptarlos en un puerto de entrada estadounidense.

“Vale la pena destacar que esta situación nunca se habría producido si el Gobierno simplemente hubiera garantizado a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos en primer lugar”, escribió en su fallo el juez de distrito.

La orden aclara que quienes regresen serán puestos bajo custodia al llegar a EE.UU. para que sus casos migratorios, incluida la posibilidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda Tren de Aragua, puedan ser revisados ante los tribunales.

El mismo Boasberg dictaminó a fines de 2025 que a los venezolanos se les había negado el debido proceso y le dio al Gobierno la oportunidad de “proponer medidas” que garantizarían que ellos tuvieran audiencias sobre sus reclamos de hábeas corpus y desafiar su designación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

De acuerdo al diario El Mundo, el caso fue impulsado por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que argumentaron que la deportación fue ilegal y se ejecutó sin procedimientos judiciales adecuados.

La sentencia también prepara el camino para que los migrantes impugnen su designación como “enemigos extranjeros” bajo la ley invocada por Trump.