Por Jacques Coste, columnista de Expansión Política y autor de Derechos humanos y política en México

La muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera tiene muchas consecuencias: es producto de una mayor cooperación entre México y Estados Unidos, un motivo para una posible tregua entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, y la operación más trascendental contra el crimen organizado en años. Pero, sobre todo, pondrá a prueba al comparativamente pequeño estado de México y su capacidad para prevenir otra espiral de violencia nacional en las próximas semanas.

El operativo militar mexicano que resultó en la muerte de Oseguera fue solo la última acción decisiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los principales objetivos de seguridad de Washington y uno de los grupos criminales designados como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tan solo dos días antes, fuerzas mexicanas habían capturado al jefe de reclutamiento y entrenamiento del CJNG. En los últimos meses, las autoridades mexicanas y estadounidenses también impusieron restricciones financieras a instituciones que facilitaban el lavado de dinero y arrestaron a operadores financieros clave vinculados a la organización. Las autoridades mexicanas también detuvieron a otras figuras importantes —lo que la administración Sheinbaum llama “generadores de violencia”— que eran fundamentales para las operaciones del grupo.

La muerte de Oseguera no puede entenderse fuera del contexto más amplio de las relaciones entre México y Estados Unidos. La estrategia de máxima presión de la administración Trump, que ha incluido amenazas de acción militar unilateral dentro del territorio mexicano, ha obligado a México a alinear su política de seguridad más estrechamente con las prioridades de Washington. Esta alineación se ha traducido en una marcada intensificación de la cooperación bilateral y el intercambio de inteligencia. En este contexto, el Grupo Operativo Conjunto Interinstitucional Anti-Cárteles , que involucra a múltiples agencias estadounidenses, se lanzó formalmente a principios de 2026 para mapear las redes de cárteles en ambos lados de la frontera. Según Reuters, el grupo operativo jugó un papel crucial en el trabajo de inteligencia que condujo al asesinato de El Mencho.

Funcionarios militares y civiles mexicanos reconocieron que la operación se llevó a cabo en coordinación con agencias estadounidenses, si bien enfatizaron cuidadosamente que ningún personal estadounidense participó directamente en la acción militar. Funcionarios estadounidenses felicitaron a México y confirmaron dicha versión.

En otras palabras, la operación brinda a la presidenta Sheinbaum un valioso respiro en Washington en un momento particularmente delicado de la relación bilateral, marcado por el aumento de las presiones políticas y la inminente revisión del T-MEC. La muerte de Oseguera fortalece su posición en la Casa Blanca y entre los legisladores republicanos, quienes han acusado repetidamente a los cárteles latinoamericanos y mexicanos de organizaciones narcoterroristas responsables de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

A nivel nacional, la operación también representa un impulso político. El Mencho había evadido su captura durante más de una década, y los intentos previos de arrestarlo terminaron en violencia severa y costosos reveses para las fuerzas de seguridad mexicanas. Mientras tanto, el CJNG construyó su poder mediante esquemas sistemáticos de extorsión e impuestos criminales en las economías locales, convirtiéndose en una de las organizaciones más temidas del país. Como era de esperar, los principales medios de comunicación nacionales y figuras políticas prominentes de todos los partidos elogiaron la acción del gobierno.

Sin embargo, a pesar de las victorias políticas inmediatas de la presidenta Sheinbaum, tanto a nivel nacional como internacional, la captura de El Mencho pondrá a prueba la capacidad estructural del Estado mexicano. Durante el fin de semana, se hicieron evidentes las primeras señales de esa prueba, mientras las autoridades luchaban por contener la violenta represalia inmediata del CJNG.

El domingo, 25 miembros de la Guardia Nacional de México murieron durante los operativos; se reportaron 252 retenes criminales en todo el país; Guadalajara, capital de Jalisco y uno de los principales centros económicos de México, se convirtió prácticamente en una ciudad fantasma ; tiendas, gasolineras, bancos y negocios fueron atacados o incendiados en varias regiones del país; y varios estados cancelaron clases el lunes.

Aunque la situación parecía más tranquila el lunes por la mañana, la reacción del CJNG podría estar apenas comenzando. Como ha sugerido el experto en seguridad Eduardo Guerrero , es probable que la organización se comporte como una “bestia herida”, luchando brutalmente por sobrevivir. La experiencia demuestra que cuando una organización criminal es decapitada, suelen surgir conflictos dentro y entre cárteles , ya que las facciones rivales compiten por el control de rutas, mercados y estructuras de mando internas. El reciente caso de Sinaloa, que se ha mantenido en constante agitación desde la captura de El Mayo Zambada, es un duro recordatorio.

La situación se complica aún más por la estructura organizativa del CJNG . A diferencia de los grupos criminales que dependen en gran medida de un solo líder carismático para integrar verticalmente la autoridad, el CJNG parece más institucionalizado y arraigado regionalmente. Opera mediante un sistema semifederalizado de “franquicias” regionales, en el que los comandantes locales conservan una importante autonomía operativa y financiera, a la vez que se mantienen alineados con un comando central. Esto plantea serias dudas sobre el grado de debilitamiento real de la organización tras la muerte de El Mencho.

En este contexto, surgen dos grandes escenarios, ambos profundamente desafiantes para el Estado mexicano. Uno es la continuidad: el CJNG sigue operando bajo su modelo descentralizado, en cuyo caso la muerte de El Mencho representaría más una victoria simbólica y política que un desmantelamiento estructural.

La otra es la fragmentación: la intensificación de las disputas dentro y entre cárteles genera explosiones localizadas de violencia a medida que las facciones compiten por territorio y mercados. Este escenario se asemejaría al período 2007-2011 , uno de los capítulos más violentos de la historia reciente de México, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una “guerra contra las drogas” militarizada, centrada en una estrategia de decapitación que desencadenó conflictos regionales en cascada entre organizaciones criminales fragmentadas, cárteles rivales y fuerzas estatales.

En cualquier escenario, que este episodio sea recordado como un paso decisivo hacia la reducción de la violencia o como el comienzo de una “segunda guerra contra las drogas” dependerá de la capacidad del Estado mexicano para contener las represalias del CJNG y evitar que otros grupos criminales se apoderen de territorios y mercados que antes estaban bajo su control.

Sin embargo, esa capacidad se ve gravemente limitada por las debilidades estructurales de México, entre ellas una tributación crónicamente baja . La recaudación fiscal de México como porcentaje del PIB se encuentra entre las más bajas de América Latina y apenas la mitad del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de países mayoritariamente desarrollados del que México es miembro. Esto deja al gobierno permanentemente escaso de recursos mientras lucha contra los cárteles que, en contraste, están repletos de efectivo después de que la producción mundial de cocaína se triplicara con creces en la última década, lo que les permite adquirir soldados mercenarios e incluso construir sus propios tanques.

Otros desafíos incluyen la corrupción arraigada, la profunda vinculación del crimen organizado con las élites políticas y económicas locales, y una alineación en materia de seguridad con Washington que no siempre coincide con las prioridades de México . (Por ejemplo, para Estados Unidos la prioridad es combatir las redes de fentanilo, mientras que para México debería ser reducir los niveles de violencia, homicidios, desapariciones y extorsión; para Washington, los daños colaterales son tolerables, mientras que para México representan daños físicos, económicos y psicológicos para sus ciudadanos).

Como me dijo un colega académico residente en Guadalajara: “Desde aquí, esto no se siente como una victoria. Las escuelas están cerradas. La ciudad está paralizada. Mis padres tienen más de 70 años y ni siquiera pueden salir a comprar sus medicinas. La gente tiene miedo y el estado parece incapaz de protegerlos. Mientras los analistas en la Ciudad de México y Washington celebran el golpe a los cárteles, la gente común aquí está pagando las consecuencias”.

Que la muerte de Oseguera marque un punto de inflexión o el comienzo de otro ciclo de fragmentación y violencia dependerá en última instancia no de los titulares de Washington o Ciudad de México, sino de la capacidad del Estado mexicano de proteger a sus propios ciudadanos en todas las regiones del país.