La oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, difundió oficialmente una lista de temas sobre los que el personal de su departamento debe tener una aprobación previa antes de interactuar con el Congreso.

Como informó CNN, varias fuentes familiarizadas con el tema confirman que el amplio listado de directrices incluye lo que denominan las “operaciones militares sensibles” para el Departamento de Defensa y los ataques militares estadounidenses contra presuntos barcos de narcotráfico en Latinoamérica.

Esta directriz se suma a varias otras medidas que Hegseth ha tomado desde principio de año para controlar más estrictamente la información emanada desde su ministerio. Entre las que se cuentan la prohibición de casi todas las reuniones entre el personal de Defensa y centros de estudios y prensa, además de otros eventos o conferencias externas.

Sin olvidar las restricciones que impuso directamente a los periodistas que cubren las noticias en el Pentágono, que llevó a que decenas de ellos entregaran sus credenciales el mes pasado en lugar de firmar un documento que controlaba el acceso a sus fuentes.

La lista de temas que deben ser aprobados

La nueva directriz, que se emitió tras un primer memorándum firmado por Hegseth que prohibía hablar con el Congreso y los legisladores a todo el personal del Departamento de Defensa -rebautizado como Departamento de Guerra-, incluidos los comandantes militares, ahora detalla los temas que “requieren coordinación previa”.

Entre estos se cuentan:

• Operaciones militares sensibles del Departamento de Guerra (DoW, por sus siglas en inglés)
• Actividades marítimas del DoW en el área de responsabilidad del SOUTHCOM (Comando Sur) (incluidas las operaciones antinarcóticos reforzadas)
• Cúpula Dorada/Defensa Antimisiles Nacional
• Reforma de adquisiciones
• Municiones críticas
• Estrategia de Defensa Nacional

A esto se suman, como detalla CNN, temas como los planes de gasto presupuestario y de conciliación, minerales críticos, la reforma de las Ventas Militares al Extranjero y el AUKUS, que es una asociación de seguridad trilateral entre Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Además de incidentes de salud anómalos también conocidos como “Síndrome de La Habana”, y Spectrum, que se refiere al espectro electromagnético que sustenta las operaciones militares y otras funciones clave del gobierno estadounidense.

La reacciones a las medidas de Hegseth en el Caribe

La medida tomada por la oficina del secretario de Defensa surge en el momento que el Congreso está cada vez más frustrado por la falta de respuestas sobre las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico oriental, que vienen solicitando desde hace semanas.

Uno de los que se refirió a la medida fue el congresista republicano y exmilitar, Don Bacon, quien afirmó en su cuenta en la red social X que esta equivalía a “otra medida amateur” de Hegseth, que solo estaba provocando que los miembros de las fuerzas armadas tuvieran “miedo de comunicarse” con los legisladores.

“Fui comandante en cinco ocasiones y nuestros altos mandos QUERÍAN que nos comunicáramos con los miembros del Congreso. Queríamos compartir lo que hacían nuestros magníficos aviadores”, escribió Bacon.

A lo que agregó: “Estábamos orgullosos de nuestro servicio. Las nuevas normas han creado una gran barrera entre las fuerzas armadas y el Congreso. El Pentágono afirma que el cambio es mínimo. Pero ya veo el impacto: los militares tienen miedo de comunicarse. Esto es otra medida poco profesional”.

La reacción de Bacon viene precedida de la publicación de las cartas enviadas a Hegseth por el presidente y el miembro de mayor rango del Comité de Servicios Armados del Senado, el republicano Roger Wicker, y el senador demócrata Jack Reed, donde le solicitaban aclaraciones sobre las operaciones en el Caribe. Hasta ahora estas no han tenido respuesta.

Además, el pasado jueves, los legisladores demócratas se mostraron muy molestos al salir de una reunión informativa que debían tener con los abogados del Departamento de Defensa, ya que estos no se presentaron para responder preguntas básicas sobre la justificación legal de los ataques que ya suman 16 embarcaciones destruidas y más de 60 personas fallecidas.