El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa al movimiento Antifa como un grupo terrorista doméstico, cumpliendo con una de sus principales amenazas políticas frente a colectivos de izquierda.

La medida busca que las agencias federales utilicen “todas las autoridades aplicables” para investigar, interrumpir y desmantelar las operaciones ilegales atribuidas a este movimiento, pese a que no se trata de una organización con estructuras sólidas, líderes o listas de miembros.

La orden, difundida por la Casa Blanca a través de la red social X, también instruye a funcionarios a desplegar “las acciones investigativas y procesales necesarias contra quienes financien dichas operaciones”.

Según el texto oficial, los miembros de Antifa utilizarían “mecanismos elaborados” para ocultar identidades, disimular fuentes de financiamiento y reclutar nuevos integrantes, con el fin de eludir a las autoridades.

Sin embargo, la decisión abre un complejo debate legal, puesto que la legislación estadounidense contempla la designación de organizaciones extranjeras como terroristas, pero no existe una figura equivalente para grupos internos.

Durante la primera administración Trump, tanto el FBI como un informe del Servicio de Investigación del Congreso concluyeron que Antifa no constituye una organización estructurada, sino más bien una ideología difusa vinculada a colectivos antifascistas sin mando unificado ni doctrina formal.

La ofensiva del gobierno llega tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk a manos de un tirador a inicios de mes. Aunque las autoridades policiales han reiterado que el atacante actuó solo y que no existen vínculos directos con organizaciones políticas, Trump y sus aliados responsabilizan parcialmente a grupos de izquierda, prometiendo una respuesta amplia contra sectores que, a su juicio, promueven protestas violentas.

Entre las medidas adicionales que han planteado Trump y el vicepresidente J.D. Vance, figuran investigaciones por asociación ilícita (RICO) contra organizaciones acusadas de alentar disturbios y la revocación del estatus de exención tributaria a entidades vinculadas con movimientos de izquierda.