Muerte, terror y violencia. Eso fue lo que se vivió este miércoles en Bolivia producto de los enfrentamientos registrados entre uniformados y campesinos seguidores del expresidente Evo Morales que bloquean carreteras del país. El Instituto de Investigaciones Forenses confirmó este jueves que asciende a cinco el número de fallecidos por los conflictos. Se trata de cuatro efectivos policiales y un civil, informó la directora nacional de esta entidad, Ana Katherine Ramírez Gamón. Horas después, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ratificó que hay cuatro policías muertos y “un civil que, de acuerdo al reporte preliminar, ha perdido la vida por la manipulación de un artefacto explosivo”.

Más temprano, el ministro de Justicia, César Siles, señaló que el número de policías fallecidos en los conflictos registrados en los puntos de bloqueo había subido a cuatro. “No solamente, entiendo, son tres efectivos, son cuatro efectivos policiales que han perdido la vida”, dijo Siles. El Comando General de la Policía Boliviana reportó que el cuarto fallecido es el subteniente Christian Calle Alcón, quien, según el comunicado, “entregó su vida al servicio de la patria”, consignó el medio local Brújula Digital.

El diario paceño La Razón detalló que Calle Alcón fue hallado sin vida en la localidad de Confital, en medio de la carretera bloqueada entre Oruro y Cochabamba. Según indicaron algunos locales, el cuerpo del policía fue encontrado desnudo, con signos evidentes de tortura y quemaduras.

Hasta la noche del miércoles ya había tres efectivos policiales fallecidos por la violencia desatada por los evistas que demandan de habilitación del expresidente Morales como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto, quienes además protestan por la crisis económica y exigen la renuncia del presidente Arce. La Policía Boliviana informó del fallecimiento de los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, caídos por impactos de bala. En la noche, también se notificó del deceso del sargento segundo Jesús Alberto Mamani, de la Unidad de Bomberos.

Los uniformados eran parte de un contingente mayor de 500 efectivos que llegó desde Oruro con el objetivo de controlar una situación marcada por saqueos y ataques a entidades en el municipio de Llallagua, en el departamento de Potosí. Los bloqueadores atacaron a la población con dinamitazos y disparos de armas de fuego en represalia por un intento de desbloqueo. Los movilizados tomaron y destrozaron instalaciones policiales, reportó el diario Los Tiempos.

La Policía reportó que los movilizados usaron armas de fuego, petardos y artefactos explosivos contra los uniformados. “Han usado armas de fuego, petardos, dinamita. No han tenido contemplación. Estamos trabajando junto a nuestro pueblo”, dijo el jefe policial de Llallagua a Unitel. Los bloqueadores quemaron el bus en el que se trasladaron algunos policías.

El ministro Siles lamentó las muertes. “Ya son cuatro efectivos policiales que ha perdido la vida y se están utilizando armas de fuego. Incluso, están utilizando francotiradores”, declaró a la prensa en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en La Paz.

Precisamente, el titular de Justicia impulsó un proceso contra Morales por ocho delitos, el principal, terrorismo e instigación pública a delinquir. Este jueves presentó su declaración por el caso y pidió celeridad para “castigar” esos actos.

Este jueves, el evismo cumplió su decimoprimer día de bloqueo. Desde el pasado lunes hubo varias jornadas violentas, que derivaron en la muerte de los cuatro policías y dejaron al menos 54 heridos, según reportó la ministra de Salud, María Renée Castro. Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), a las 07.41 de este jueves se contabilizaron 19 puntos de bloqueo en cuatro departamentos: Cochabamba (10), Potosí (6), Oruro (2) y Santa Cruz (1). El miércoles por la mañana se habían reportado 22 zonas interrumpidas; el martes, 29, y el lunes, 24.

Tras la confirmación del ataque en Llallagua, con muertos y heridos, el presidente Arce llamó de inmediato a una reunión de emergencia a los ministros de Gobierno, Roberto Ríos; de Defensa, Edmundo Novillo, y de Justicia, César Siles. También llegaron el comandante de la Policía boliviana, Augusto Russo, y los comandantes de las Fuerzas Armadas. En la cita se evaluó la gravedad de la situación, para determinar futuras acciones.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, descartó un estado de sitio porque, según explicó, una medida de esta naturaleza puede beneficiar al plan de Evo Morales de “generar caos y muerte” en el país. En ese tono, acusó al expresidente de promover un boicot sobre las elecciones de agosto.

Torrico enfatizó, además, que declarar un estado de excepción implicaría la suspensión de derechos constitucionales y, por tanto, imposibilitaría la realización de las elecciones nacionales de agosto, que es lo que busca el evismo para viabilizar la habilitación electoral del expresidente.

Luego de la reunión, Arce condenó la violencia a la Policía, ratificó que los operativos de desbloqueo continuarán hasta liberar las vías y subrayó que no renunciará a su cargo. Aseveró que “no ganarán los que no quieren elecciones, los que no quieren al país y los que no quieren al pueblo boliviano”.

El mandatario reiteró que este conflicto es por el “capricho” de una persona (Evo Morales), que quiere forzar su candidatura presidencial. “Hoy tenemos que actuar todos conjuntamente en procura del objetivo de que no nos ganen la desestabilización, la antipatria y los que no quieren que el país viva en democracia y tranquilidad. Nosotros estamos aquí, no vamos a renunciar, vamos a seguir adelante”, afirmó.

Entretanto, el expresidente Morales aún mantiene silencio sobre el asesinato de policías, pero, en un mensaje difundido la noche del miércoles en redes sociales, señaló que el gobierno, en vez de escuchar al pueblo, “responde con represión”.

“La protesta social, legítima y justa, es criminalizada. Policías y militares actúan de manera coordinada para reprimir al pueblo, violando la Constitución y los derechos fundamentales. Desde nuestras luchas históricas, siempre dijimos: no se combate el hambre con bala, no se responde a la pobreza con represión, y no se defiende la democracia proscribiendo a líderes o partidos. La democracia se fortalece escuchando, dialogando y respetando al pueblo”, sostuvo.

El dirigente Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín a Evo, aseguró el miércoles que la movilización de su sector será “hasta sacar al Lucho de la presidencia”, en relación al Jefe de Estado. Además, aseguró que la protesta ya es “imparable”. Más temprano, Evo Morales anticipó que “los bloqueos no se levantarán”, pero dijo que no fue él quien los convocó sino que las organizaciones sociales que sustentan a su liderazgo. Además, el senador Leonardo Loza, del entorno del expresidente, desafió a que Arce liste maletas” y pidió a los movilizados resistir con “valentía”. Según el diario El Deber, para este jueves estaba prevista una marcha del evismo sobre La Paz para pedir la renuncia de Arce.

Críticas de candidatos y dirigentes

Y mientras el gobierno mueve sus fichas por la jornada de violencia y muerte, desde el oficialismo y la oposición, surgieron las críticas, tanto para los autores del ataque como para quien consideran el principal promotor de la violencia: el expresidente Evo Morales.

El candidato por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, presentó su pésame, con una crítica: “Mi condolencia para todos los familiares y amigos de los dos policías que murieron en Llallagua. Servidores públicos que perdieron sus jóvenes vidas por cumplir su deber. La responsabilidad de estas muertes está clara para todos los bolivianos”.

A su turno, el candidato presidencial por APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, señaló que las “manos criminales” que atacaron a los efectivos policiales fueron “dirigidas” por Evo Morales. “Esto es una consecuencia directa de una violencia descontrolada promovida por quien ha decidido declararle la guerra al pueblo boliviano, solo por saciar su ambición de volver al poder por la fuerza”, escribió.

El presidenciable por la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, pidió a Dios que “guarde en su gloria” a los uniformados fallecidos, al tiempo que aseguró: “En Bolivia la única salida para acabar la crisis, salvar la economía, reconstruir la democracia y garantizar el estado de derecho, es la elección del 17 de agosto. Los golpistas quieren enterrarla. Es imperativo respaldarla mañana ante la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE): elecciones o golpe, democracia o insurrección”, posteó.

Y el candidato por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, escribió en Facebook que “no es un buen día para la democracia, mucho menos para Bolivia. El efectivo del orden recibió un disparo por parte de sectores movilizados afines a (Evo) Morales en el municipio de Llallagua, quien solo busca sangre y muerte para satisfacer sus apetitos personales”, indicó el exministro de Gobierno, cuando todavía no se conocía el fallecimiento de los otros uniformados.

A su vez, el presidente del Senado y candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, exigió identificar a autores de “asesinatos” en Llallagua. “Lamentamos profundamente los asesinatos de compatriotas ocurridos hoy (miércoles). La violencia entre bolivianos debe parar. Exigimos a las autoridades que identifiquen a los responsables y sean juzgados con todo el peso de la ley”, escribió en X.

En tanto, como “enemigo” y “sicario” calificó la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) al expresidente Evo Morales, a quien responsabiliza por los bloqueos y la crisis económica desatada en el país en los últimos días. Los mineros exigen, además, al presidente Luis Arce “que deje la cobardía y restablezca el orden en el país”.

“El movimiento minero cooperativo declara a Evo Morales Ayma como enemigo de la democracia y sicario del pueblo boliviano, y lo señalamos como único responsable por los muertos y heridos en los enfrentamientos entre bolivianos”, dice la resolución, que, además, exige levantar los bloqueos.

“Exigimos al señor Luis Alberto Arce Catacora que deje su actitud cobarde frente al caos que vive el país, es su obligación cumplir con el mandato constitucional y poner fin a esta crisis restableciendo la autoridad y el orden en el país”, dice el manifiesto minero.

Por su parte, la secretaria general de la Confederación de Gremiales, Mercedes Quisberth, cuestionó este miércoles al gobierno de Luis Arce por no tomar acciones reales ante la agudización de la crisis económica, lo que provoca que la población tenga que hacer filas para comprar alimentos y combustible.

“La verdad que ahora hay escasez de todo, no solamente diésel, dólares y la canasta familiar. Ahora no hay carne, comer res y pollo se volvió un lujo. La gente está haciendo fila hasta para comprar pan. Hay gente que no tiene recursos económicos, eso tiene que entender el gobierno. Hay gente que vive al día, con un café y su pan”, lamentó Quisberth.