La pugna por el recurso de casación contra la minera Dominga en la Corte Suprema no afloja. El objetivo de los recurrentes de anular el acuerdo y hacer que la causa vuelva a fojas cero, hasta el momento, ha fracasado. El conflicto ya arrastra casi cuatro meses y ha tenido como protagonista al ministro de la Tercera Sala Jean Pierre Matus.

Para entender este largo tira y afloja hay que remontarse al mes de mayo. Fue el lunes 19 de mayo cuando el recurso que pretende impugnar Dominga quedó a un paso de ser resuelto en la Tercera Sala del máximo tribunal.

Ese día, la sala constitucional -integrada por la ministra Adelita Ravanales, los ministros Jean Pierre Matus y Diego Simpértigue, y las abogadas integrantes María Angélica Benavides y Andrea Ruiz- hizo la vista de la causa y luego sus integrantes deliberaron el futuro del proyecto minero Dominga.

Fuentes judiciales que conocen del asunto dicen que el acuerdo confirma lo que ha sido la jurisprudencia de la Tercera Sala hace bastante tiempo. Esto es rechazar los recursos de casación cuando no ha existido un pronunciamiento de fondo sobre el proyecto, es decir, justamente lo que pasa con Dominga. El único disidente de esa postura era el exministro Sergio Muñoz, quien ya no forma parte del máximo tribunal.

De hecho, esa posición ya la había tomado la misma sala cuando rechazó el recurso de casación en mayo de 2022. Esa vez el fallo de mayoría confirmó la postura de que al no existir “una sentencia definitiva”, la Suprema no puede revisar la decisión.

Luego de tomar el acuerdo, la sala designó al ministro Matus para que fuera el redactor de la sentencia. Sin embargo, a última hora, ese mismo lunes, el gobierno a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) presentó un escrito para recusar a Matus.

En su recusación, el SEA alegaba que el magistrado debía marginarse por el vínculo declarado que tiene con el abogado Marcelo Castillo, quien ha representado a grupos que respaldan el proyecto, como el Sindicato de Trabajadores Independientes Artesanales de Totoralillo Norte.

La recusación, que estuvo “mal presentada en tiempo y forma”, fue rechazada por Matus dando argumentos punto por punto para hacerlo. Pese a rechazarla, el ministro quiso evitar que su situación trajera cuestionamientos a la Corte Suprema. Así fue que solo con el objeto de que el gobierno “o terceros no atribuyan a factores ajenos a lo dispuesto en el derecho vigente las resoluciones que sobre esta causa y las demás relacionadas con el hecho que la originan recaigan en el futuro”, Matus aceptó la recusación planteada en términos de una recusación amistosa.

Como las recusaciones de los supremos deben ser resueltas por la Corte de Santiago, fue el tribunal de alzada capitalino el que tuvo que decidir. A fines de julio la Corte de Santiago, en sentencia unánime, rechazó la recusación de Matus ya que a juicio de los ministros la petición tenía una serie de errores y carecía de fundamentos.

Lo que se supone iba a ser el fin de la pelea, fue solo el paso para que los recurrentes volvieran a insistir en el punto. Así fue como luego del rechazo de la recusación, dos recurrentes presentaron una implicancia en contra del magistrado Matus.

Así lo hicieron la abogada Antonia Berríos -que representa al pueblo Chango- y el abogado Marcos Emilfork, que representa a la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, entre otros. Ambos alegaron la causal que dice que Matus debería inhabilitarse por “haber manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia”. Para justificar la causal se invocan dos resoluciones previas.

La mala noticia para los recurrentes llegó el 3 de septiembre. En una resolución unánime -de la ministra Adelita Ravanales, la ministra (s) Eliana Quezada y los abogados integrantes José Miguel Valdivia y Andrea Ruiz- la Tercera Sala rechazó las dos implicancias invocadas.

El máximo tribunal resolvió que el pronunciamiento sobre un recurso de queja vinculado al caso solo “versó sobre aspectos procesales” y no abordó “el conocimiento del fondo del asunto en discusión”. Respecto del otro hecho, la Suprema estimó que se trató de “resoluciones distintas” y por lo tanto “es posible colegir que los antecedentes necesarios para pronunciar sentencia en cada uno de estos casos también lo son”.

Dado que los recurrentes volvieron a insistir en el mismo punto -primero con la recusación y luego con la implicancia- la Suprema impuso a los recurrentes al pago de costas y además de una multa.

Hasta el momento ya han sido siete los jueces que han rechazado la recusación y luego la implicancia: los ministros Jaime Balmaceda, el ministro (s) Rodrigo Carrasco, el abogado integrante Jorge Benítez, de la Corte de Santiago, y la ministra Ravanales, la ministra (s) Quezada y los abogados integrantes Valdivia y Ruiz, de la Suprema.

El acuerdo tomado por la sala aún sigue vigente, pero sigue en duda cuándo se podrá despachar el fallo. Esto debido a que los recurrentes aún podrían estar explorando otros caminos como, por ejemplo, una nulidad procesal.