A fines de febrero, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió tomarse unos días de vacaciones junto a su familia en México, pero ese descanso requirió precauciones. Sus asesores de seguridad le advirtieron que no era un destino sencillo para una autoridad de su rango y le recomendaron viajar acompañado por dos funcionarios de protección personal (PPI).

La medida generó incomodidad -no es fácil vacacionar con escoltas-, pero finalmente aceptó: los pasajes ya estaban comprados. El 22 de febrero, mientras Valencia aún estaba en ese país, se conoció la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más poderosos de México, lo que desató episodios de tensión en distintas zonas del país. Aunque el jefe del Ministerio Público nunca estuvo cerca de los focos de violencia, el episodio terminó confirmando que la recomendación de viajar con resguardo había sido una decisión prudente.

Hoy el escenario es otro. El fiscal nacional se encuentra de visita en Washington y este lunes sostendrá una reunión con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, donde buscará reforzar la cooperación judicial entre ambos países. Entre las gestiones que pretende impulsar está la posibilidad de que fiscales chilenos que investigan el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda puedan viajar a Nueva York para realizar diligencias, entre ellas un eventual interrogatorio al líder venezolano Nicolás Maduro, en el marco de la investigación que dirige el fiscal Héctor Barros.

Este lunes se reúne con la fiscal de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se buscará en el caso de que le permitan interrogar a Maduro?

Nuestra Fiscalía ha manifestado la necesidad de realizar una diligencia básica: interrogar, eventualmente, entre otras personas, a Nicolás Maduro en la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que fue planeado, financiado y ejecutado el homicidio del teniente Ronald Ojeda. Como fiscal nacional comparto esa apreciación. Hoy, el señor Maduro no se encuentra en el territorio nacional, sino bajo la jurisdicción de autoridades de los Estados Unidos de América, en consecuencia, necesitamos que dichas autoridades puedan prestar su colaboración y cooperación para realizar esa diligencia que entendemos es relevante, considerando los antecedentes de la investigación que apuntan a que este homicidio habría sido planeado o instruido por Diosdado Cabello. Eso manifestaré durante esa jornada.

Esta semana se produjo la formalización del exfiscal Manuel Guerra, lo que marca un hecho inédito: un persecutor sentado en el banquillo en medio de una trama de corrupción que hasta ahora parecía circunscrita a jueces y abogados. ¿Qué revela esto sobre los mecanismos de control del Ministerio Público?

Cuando apareció esa investigación, Manuel Guerra ya no trabajaba en la Fiscalía desde hacía un buen tiempo. Pero es evidente que lo ocurrido provocó dolor en muchas personas dentro de la institución. Él tuvo una trayectoria larga en el Ministerio Público: pasó por distintas fiscalías regionales y ocupó posiciones relevantes. La investigación sigue en curso y los hechos deben esclarecerse completamente. Pero lo que sí demuestra es que los sistemas de control interno que existían eran demasiado débiles. Esa fue una de las razones por las que, en la discusión legislativa del plan de fortalecimiento, se planteó la necesidad de incorporar mecanismos de supervisión más robustos.

¿Eso significa que durante años el sistema fue ingenuo frente a la posibilidad de corrupción interna?

Cuando asumí el cargo lo hice con una convicción muy clara: sería ingenuo pensar que el Ministerio Público, con miles de funcionarios y cientos de fiscales, estaba compuesto únicamente por héroes o santos. Es inevitable que en una institución de ese tamaño existan personas que puedan incumplir normas administrativas o incluso cometer delitos. Sin embargo, la historia institucional parecía mostrar una organización que durante más de 20 años había seleccionado solo personas irreprochables. Eso simplemente no es realista. Por eso una de las primeras decisiones fue fortalecer los controles. Y cuando uno aumenta los controles, inevitablemente empiezan a aparecer situaciones que antes no se detectaban.

Primero le habían pedido solo arresto para el exfiscal Guerra. ¿Por qué cambiaron de parecer y pidieron prisión preventiva?

En muchas oportunidades, y esto es común en la actividad ante tribunales, la Fiscalía y la defensa llegan a algún acuerdo respecto de distintas actuaciones procesales, como, por ejemplo, las medidas cautelares que se van a solicitar. Según ha manifestado el fiscal Mario Carrera, en este caso habría habido un acuerdo que estaba sujeto al cumplimiento de ciertos compromisos procesales por parte de la defensa del imputado en la audiencia. Entiendo que esos compromisos no se cumplieron, que ese acuerdo pierde valor y, en consecuencia, hay que entrar al debate. Cuando uno llega a acuerdos siempre debe haber concesiones recíprocas, decimos los abogados. Y esa es la razón por la que a veces, por economía procesal, y eso es casi como mandato legal para la Fiscalía, podemos estar dispuestos a algunas concesiones para no distraer tiempo innecesario en cuestiones que pudieran evitarse.

Otro caso que ha golpeado al sistema es la denominada “muñeca bielorrusa”, donde se investiga a una exministra de la Suprema quien hoy está presa. ¿Qué lectura hace de lo que estaba pasando en el Poder Judicial?

Es una investigación que sigue abierta y en la que, incluso, se podrían ampliar las imputaciones. Por eso prefiero ser prudente respecto de responsabilidades individuales. Pero hay una distinción importante. Una cosa es el plano sistémico y otra el plano personal. Las responsabilidades penales siempre son individuales. Las personas toman decisiones libres, y si cometen delitos deben responder por ello. A lo que voy es que en este caso no se puede generalizar, yo lo resumo así: la ocasión hace al ladrón y, sin pronunciarme sobre el fondo, creo que algo de eso hay en ese caso.

“Apurar el tranco”

En paralelo, el país enfrenta un fenómeno relativamente nuevo: la expansión del crimen organizado. ¿Cómo evalúa ese escenario?

El crimen organizado transnacional es probablemente la amenaza más grave que hoy enfrenta la democracia en nuestra región. Durante mucho tiempo en Chile tendíamos a pensar que estos fenómenos ocurrían en otros países. Pero en los últimos años hemos tenido que ponerle nombre a esa amenaza y reconocer su gravedad. Lo que ha cambiado es que hoy sabemos que estas organizaciones están presentes. Y eso obliga al Estado a reaccionar con rapidez.

Usted ha insistido en que Chile ya no es solo un país de tránsito para el narcotráfico.

Exactamente. Esa idea quedó atrás. Hoy tenemos organizaciones criminales que operan dentro del país y que no solo se dedican al narcotráfico. También participan en trata de personas, explotación sexual, extorsiones y fraudes informáticos. Por lo tanto, Chile dejó de ser solo un lugar de tránsito para convertirse también en un territorio de operación de estas redes. Cuando dije públicamente que este país había cambiado en materia criminal, algunas personas se enojaron conmigo y me criticaron en los medios. Pero es un hecho: la criminalidad en Chile cambió en este ámbito. Reconocerlo no significa resignarse, porque son cosas distintas. El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado.

¿Cómo es eso?

Si no entendemos que la realidad criminal cambió, no vamos a adoptar las medidas adecuadas para enfrentar ese nuevo escenario. Y justamente eso es lo que hemos tratado de hacer: asumir que estamos frente a una realidad distinta y ajustar la forma en que el sistema de persecución penal responde a ella. Y sabe, es importante que estemos conscientes de eso, porque pese a todos los esfuerzos, aún creo que el sistema debe apurar el tranco, a veces estos grupos están más adelantados que nosotros y eso me preocupa. La criminalidad en Chile cambió y el Estado debe apurar el tranco.

¿A qué se refiere concretamente con que se debe “apurar el tranco”?

El problema es que el Estado siempre tiene más rigidez que las organizaciones criminales. Es decir, para que nosotros podamos hacer algo debemos seguir diligencias e incluso enfrentarnos a burocracia. En cambio, las bandas funcionan como empresas privadas ilegales que pueden adaptarse rápidamente a las circunstancias. El Estado, en cambio, tiene procedimientos más lentos y estructuras más rígidas. Por eso le digo que necesitamos reaccionar rápido. Hemos tenido avances, por ejemplo en la investigación de homicidios, pero todavía tenemos que mejorar en ámbitos clave, especialmente en el sistema penitenciario.

¿Usted está de acuerdo con que se deben intervenir las cárceles, o como lo ha planteado el recién asumido Presidente Kast, construir cárceles especiales para líderes del crimen organizado?

Sí, y lo hemos planteado al menos en dos cuentas públicas. Hoy, en la Fiscalía de Chile estamos logrando detener a líderes importantes de organizaciones criminales. El problema es que si el sistema penitenciario no se adapta rápidamente, esos mismos líderes van a seguir coordinando delitos desde dentro de las cárceles. Imagine eso. Todo lo que nos dedicamos en poder lograr condenas, pero esa persona sigue cometiendo delitos ahí. Si no tenemos recintos que permitan aislar efectivamente a esos líderes, lo que vamos a hacer es llenar las cárceles con delincuentes peligrosos que seguirán organizándose en su interior.

¿Eso implica aislarlos en cárceles especiales? ¿A lo Bukele?

Implica avanzar hacia establecimientos penitenciarios que permitan aislar a los líderes de organizaciones criminales y evitar que sigan comunicándose con el exterior o coordinándose entre ellos. Por supuesto, todo dentro de los marcos de las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero dentro de esos marcos tenemos que ser audaces.

El gobierno de emergencia

El nuevo gobierno ha planteado que la seguridad será una prioridad, incluso se habla de un “gobierno de emergencia” en esa materia. ¿Cómo dialoga ese enfoque con el trabajo del Ministerio Público?

La seguridad es una preocupación central para el país y es evidente que existe una demanda ciudadana muy fuerte en esa materia. Desde el Ministerio Público nuestra responsabilidad es cumplir la ley y ejercer la persecución penal con la mayor eficacia posible. Pero es importante que todas las instituciones del Estado se coordinen para enfrentar este fenómeno.

¿Desde la persecución penal comparte el concepto de “emergencia” en seguridad, por ejemplo?

Me abstengo de entrar en la discusión completamente política, por cierto, sobre la palabra “emergencia”, de si es o no la correcta para describir la prioridad que debe asignarse al problema de la seguridad pública en Chile. Sin embargo, y como lo hemos reiterado en distintas cuentas públicas, es fundamental actuar con seriedad en el presupuesto que se asigne a los temas de seguridad. Particularmente, el presupuesto de la Fiscalía, que forma parte de ese sistema, debe reflejar la prioridad que la ciudadanía le atribuye a esta necesidad humana.

Pero se necesita que eso sea pronto...

Exacto, debemos actuar con sentido de urgencia y rapidez frente a problemas que son inminentes. Por ejemplo, cuando hablamos de bajar los homicidios, estamos hablando de salvar vidas humanas. Cuando hablamos de segregación carcelaria, cuando hablamos de aislar a líderes del crimen organizado, estamos hablando de devolverles la tranquilidad a las personas, a los comerciantes, a los niños que van al colegio. Todo esto, en tanto derecho fundamental y considerando la situación que vivimos, requiere rapidez, sentido de urgencia y priorización presupuestaria.

¿Su aporte será con el funcionamiento de la nueva Fiscalía Supraterritorial?

Así es. La creación de la Fiscalía Supraterritorial es una de las reformas más importantes que hemos impulsado. Si promovimos su creación desde que postulamos al cargo es porque creemos que puede tener un impacto real en la persecución del crimen organizado.

Para quienes aún no saben bien, ¿cuál es el gran cambio de tener esa Fiscalía?

Esos fiscales tienen a su cargo tres funciones fundamentales. La primera es fortalecer la cooperación internacional, porque el crimen organizado opera a nivel transnacional y sin colaboración entre países es imposible enfrentarlo. La segunda es abordar delitos complejos, como los fraudes informáticos, que cada vez tienen mayor impacto económico y muchas veces se cometen desde otros países. Y la tercera es tener una visión nacional de los fenómenos criminales, una especie de “visión de helicóptero”, que permita coordinar a las distintas fiscalías del país en investigaciones complejas.

¿Habrá resultados visibles en el corto plazo?

Las investigaciones de crimen organizado no funcionan como las causas de flagrancia que vemos a diario en las fiscalías locales. Son investigaciones largas, que requieren construir los casos durante meses o incluso años. Pero cuando finalmente explotan, los resultados suelen ser significativos. Ahora, a esta supraterritorial le daremos plazos breves (se ríe)... Muchos de los casos que ellos indagan ya los traían desde sus propias fiscalías, así que esperamos en un par de meses tener resultados.

Steinert: “Confío en su experiencia y vocación de servicio”

¿Cómo observa el paso de la fiscal Trinidad Steinert desde el Ministerio Público hacia el gobierno, considerando, además, las críticas que surgieron por la cercanía entre fiscales y el poder político?

Creo que es importante mirar esto con una perspectiva institucional. Para cualquier organismo público es un honor que el presidente de la República convoque a uno de sus funcionarios para integrar el gobierno. Eso habla de la valoración que existe respecto del trabajo que esa persona ha realizado en el servicio público. Ahora bien, también entiendo que surjan debates sobre la relación entre el Ministerio Público y el poder político. Son discusiones legítimas en una democracia. Pero la experiencia comparada muestra que fiscales que han trabajado en otras áreas del Estado pueden aportar una mirada muy valiosa, especialmente cuando se trata de seguridad pública, porque conocen de primera mano cómo funciona el sistema penal.

¿Cree que será una buena ministra?

En el caso de Trinidad, ella realizó un muy buen trabajo en la Fiscalía de Tarapacá y tiene una trayectoria importante en el Ministerio Público. Estoy seguro de que ese conocimiento del funcionamiento real del sistema de justicia puede ser un aporte relevante para el diseño de políticas de seguridad. Por supuesto, una cosa es el trabajo en la Fiscalía y otra muy distinta es la gestión política desde un ministerio. Pero confío en que su experiencia y vocación de servicio público pueden contribuir en esa nueva responsabilidad.

El plan de fortalecimiento del Ministerio Público está próximo a entrar en vigencia. ¿Está preparado para convertirse en el fiscal nacional con más atribuciones de la historia?

La historia lo dirá.

Pero está consciente de que ninguno de sus antecesores tuvo tanto poder...

Mi tarea es cumplir este rol con la mayor honestidad, compromiso con el servicio público y esfuerzo posible. La evaluación final siempre la harán otros. Pero estoy aquí porque creo que puedo cumplir ese trabajo.