El cuatro de septiembre llegó hasta la 7º Notaría de Santiago, Antonia Larraín, una de las imputadas en el caso Torrealba, donde se indagan presuntos delitos de fraude al Fisco en el interior de la Municipalidad de Vitacura durante la administración del exalcalde Raúl Torrealba (ex RN). Larraín, quien fue una de las funcionarias que entregó sobres con dinero a la exautoridad, fue la persona que se autodenunció y que dio cuenta de toda la trama de corrupción.

Larraín, quien era la exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario de Vitacura (Dideco) concurrió a dicha notaría del centro de Santiago para iniciar el proceso que le permitirá cerrar el caso, al menos, en materia civil. Ese día la publicista concretó la firma de un acuerdo, a través de una escritura pública, con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para vender su casa.

En paralelo, a comienzos de octubre y en materia penal, su defensor el abogado Carlos Balbontín Meneses llegó a un acuerdo con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que investiga el caso, para llegar a un juicio abreviado. El 10 de octubre se fijó la audiencia para llevar a cabo dicha salida judicial, pero la magistrada que tomó la instancia la reagendó para el próximo 3 de diciembre.

A pesar de aquello, en esa ocasión el fiscal jefe de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Jacir, igualmente anunció la pena a la que sería condenada Larraín por participar de la trama de corrupción de Vitacura: cinco años de libertad vigilada y una multa de $48 millones.

El acuerdo civil

La profesional, además de la arista penal, también enfrenta una demanda civil del CDE, entidad que busca ante la justicia el pago de una indemnización por los montos defraudados desde el municipio del sector oriente.

En ese contexto es que Larraín acordó con el CDE la venta de su vivienda, ubicada en la calle Hernando de Aguirre en Providencia, para pagar no sólo la multa a la que será condenada en la causa penal, sino que también las indemnizaciones civiles.

Según la escritura pública que firmó la publicista con el procurador de Santiago, Marcelo Chandía, la profesional tiene el plazo de un año para vender y pagar el dinero al Fisco. En dicho documento, se detalla que de todos los recursos que obtenga de la transacción inmobiliaria, Larraín “pagará a la Municipalidad de Vitacura la suma de $70.437.000″. A eso, también se sumará también el pago de la multa a la que sea condenada en la causa penal ($48 millones) junto con el “monto adeudado por concepto de indemnización de perjuicios”.

En la misma escritura, también se da cuenta que el pleno del CDE había acordado en julio de este año, acceder al acuerdo con Larraín.

Sobre esta venta de la vivienda, ya se había referido el propio abogado Balbontín durante la audiencia del procedimiento abreviado, dando cuenta que su clienta debía vender su inmueble, según el acuerdo con el CDE, para pagar las indemnizaciones.

Aquello, ya habría ocurrido porque en la misma causa judicial se da cuenta de un acuerdo de compra y venta del inmueble de Larraín ubicado en Providencia, el cual sería enajenado por 6.449 UF.

Se levanta la medida cautelar

El 5 de octubre de 2023, el CDE había pedido en sede penal, específicamente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que el tribunal decretara una medida cautelar por la vivienda de la exdirectora subrogante de la Dideco de Vitacura. En aquella ocasión el tribunal de primera instancia estableció la prohibición de enajenar el inmueble.

Por lo mismo, recientemente la defensa de Larraín ingresó al mismo tribunal una solicitud para levantar esa medida cautelar, con el fin de dar curso a la venta de la casa y consigo del proceso civil que enfrenta su clienta con el Fisco.

El pasado 11 de noviembre, el tribunal pidió al CDE referirse a aquel requerimiento de la defensa de Larraín, antes de poder decidir si permitía levantar la medida cautelar que pesaba sobre la casa. En esa ocasión, el propio Chandía comunicó: “indicamos que no hay oposición de este querellante, en atención a la escritura pública suscrita, así como que la solicitante ha caucionado el pago de la eventual indemnización civil y responsabilidad pecuniaria penal”.

Finalmente, seis días después el tribunal accedió a aquello y este miércoles 26 certificó el levantamiento de la medida, dando curso a lo que sigue en la causa.