Fue el lunes 25 de agosto cuando la suspendida jueza del 8° Juzgado de Garantía Irene Rodríguez recibió una notificación judicial.

La magistrada hoy se encuentra preparando su defensa, tanto en la arista penal como administrativa, luego de que se abriera un proceso administrativo en su contra tras la errada liberación de Alberto Carlos Mejía, sujeto sindicado como el sicario de José Reyes, alias el “Rey de Meiggs”.

De ese hecho, producido el 10 de julio cuando a Mejía se le conocía erróneamente como Osmar Ferrer, nacieron dos aristas, una seguida por la Fiscalía Occidente y otra a cargo de la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago Clara Carrasco.

Esa comunicación que Rodríguez recibió a inicios de la semana pasada justamente tuvo que ver con esto último. La fiscal judicial cerró su investigación en el plazo que contempla la ley, esto es 30 días, y formuló cargos contra la jueza.

Con ello se abrieron los plazos para que Rodríguez presente su respuesta. Cinco días tenía la magistrada para presentar sus descargos, lo que se agotaba este lunes. Sin embargo, conocedores del proceso señalan que solicitó una prórroga de tres días. La jueza, pese que declinó referirse al proceso al ser consultada por La Tercera, señaló que está en conocimiento de su avance y que se encuentra activa.

Lo que viene

Desde el Poder Judicial señalaron que el sumario se encuentra el etapa resolutiva y que las causas disciplinarias son reservadas, por lo tanto, no comentarían los cargos contra la jueza.

Agregan que, en este período, la implicada podrá ofrecer prueba de la que pretende valerse, debiendo especificarla. Asimismo, si la fiscal judicial ofreciere rendir prueba de testigos, deberá presentar una lista, señalando los puntos respecto de los cuales se referirán en sus declaraciones.

Con todo, la prueba ofrecida deberá ser presentada en el plazo que se fije al efecto por la fiscal judicial, el que no puede ser superior a 10 días hábiles. La prueba de testigos se rinde ante el instructor y será registrada en la carpeta investigativa. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la rendición de pruebas el instructor emitirá un informe que deberá ser remitido posteriormente al órgano resolutor, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tras ello viene una audiencia de alegatos ante los ministros de corte. Allí, según el auto acordado que regula el proceso, la propia jueza Irene Rodríguez podría exponer verbalmente su versión de lo sucedido.

Arista penal

Por otro lado, el fiscal regional de la zona Occidente Marcos Pastén se encuentra investigando la liberación de Mejía, en una causa que mantiene a Rodríguez como imputada.

Allí Pastén también investiga a otros dos funcionarios del Poder Judicial que el 9 de julio cumplieron funciones en la sala de la audiencia donde Mejía, Yonder Blanco y Neomar Arismendi fueron formalizados por el crimen del “Rey de Meiggs”.

Otros siete funcionarios de Gendarmería se mantienen también como imputados en la indagatoria, donde Rodríguez está siendo investigada por el delito de prevaricación culposa.

El fiscal regional busca despejar de quién fue la responsabilidad de la liberación de Mejía, quien el 10 de julio salió caminando desde el penal Santiago 1. Por su lado, el presunto sicario se encuentra detenido en Colombia a la espera de los procesos para su extradición a Chile.