El corazón de la reforma. Así bautizaron en el Ministerio de Salud al plan de universalización de la Atención Primaria de Salud (APS), programa que se planteó como el primer paso hacia la implementación progresiva de un nuevo sistema sanitario, buscando responder a una reforma prometida en campaña por el Presidente Gabriel Boric.

Así, el 4 de abril de 2023, la cartera implementó un piloto con el que se buscaba poner en marcha el programa que quería descomprimir los grandes recintos sanitarios incentivando a la ciudadanía a acudir a los centros de salud comunales de menor complejidad cuando se trata de resolver situaciones menos graves. La idea, han dicho desde el Ejecutivo, es que independiente de la previsión de salud del afiliado -Fonasa, isapres, FF.AA., Carabineros, PDI y Gendarmería- acudan a este tipo de establecimientos públicos.

En un inicio fueron siete las comunas las elegidas para implementar la estrategia, y año a año el plan había ido creciendo, hasta llegar a las 28 localidades que lo componen ahora.

Pero el programa ha generado dudas y críticas. Parlamentarios y expertos advierten que no existe suficiente información para evaluar su efectividad ni determinar si realmente ha tenido un impacto, motivo por el cual se solicitaron informes al Ministerio de Salud.

En ese contexto, el pasado 10 de octubre la Subsecretaría de Redes Asistenciales presentó al Congreso un reporte para dar cuenta del avance.

En el balance dan cuenta de varios indicadores, uno de ellos llamado “Utilización de Servicios”, que muestra que las comunas donde se ha implementado el programa pasó a atender a un porcentaje mayor de personas: un 67% de los habitantes de esos territorios están inscritos en los centros de salud, frente al 64,1% que se registra en el resto del país. En términos simples, eso significa que 670 de cada 1.000 personas usan al menos una vez al año los servicios de atención primaria en esas comunas.

Además, el informe incluye otros indicadores, como el porcentaje de comunas que cumplen con la extensión horaria exigida por el programa o con la llamada “optimización administrativa”. Sin embargo, Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, advierte que son pocos los indicadores que realmente evidencian avances, y que los resultados obtenidos muestran porcentajes muy bajos.

“Los indicadores más vinculados a resultados concretos como resolutividad médica y hospitalizaciones evitables son muy modestos. Por ejemplo, los resultados parciales de 2025 muestran que las primeras comunas que entraron al programa están 0,7 puntos porcentuales mejor que el resto de las comunas del país en resolutividad, y la correspondiente al primer trimestre da cuenta de una disminución de apenas un 0,4% de hospitalizaciones evitables en las comunas que participan del programa”, dice.

El documento que envió el Ministerio de Salud afirma que el gasto del programa equivale a $7.161 mensuales por cada persona atendida en las 28 comunas donde se implementa. “Esto es, por ejemplo, un 60% del per cápita basal de la salud municipal. Es decir, este es un programa que tiene costos significativos, pero que no parece estar logrando resultados concretos. Es por ello que se requiere una evaluación rigurosa del impacto que ha generado este programa”, agrega Eguiguren.

Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, coincide en que “no hay datos que permitan ver un impacto en niveles de salud, los indicadores son preferentemente de procesos. El único indicador interesante es la menor derivación a niveles de mayor complejidad, pero es muy pequeñita aún la muestra. Es un proyecto bueno en el espíritu, pero mientras no cambien la estructura de la APS y los incentivos, no habrá resultados importantes”.

El balance del Minsal

La lectura de las autoridades sanitarias es diferente. Consultado por La Tercera, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, afirma que “evaluamos los resultados iniciales como alentadores y como señales claras de un avance estructural. Tras dos años y medio de implementación en las comunas pioneras, la estrategia ha logrado sus objetivos centrales: aumentar el acceso y mejorar la capacidad de resolución local”.

Además, hay un punto más que preocupa a los expertos sanitarios fuera del Minsal: el presupuesto 2026 no incluye fondos para ampliar este programa a más comunas. Consultado por este punto, el subsecretario Martorell aseguró que ​el foco para 2026 será consolidar la implementación en las 28 comunas actuales.

“La continuidad de la Universalización de la APS está asegurada. ​En la Ley de Presupuestos 2026 se mantienen los recursos a través del Programa de Reforzamiento de la APS (PRAPS). Esto garantiza el financiamiento de las prestaciones para todas las personas en comunas inscritas, independiente de su seguro de salud", detalla el subsecretario.

El tema es que en más de una ocasión al gobierno le han pasado la cuenta por la reforma de salud comprometida en el programa del Presidente Boric, que proponía crear un sistema universal con financiamiento unificado -el Fondo Universal de Salud (FUS)- y relegar a las isapres al rol de seguros complementarios. Aunque ese objetivo quedó en suspenso tras la crisis que afectó a las aseguradoras privadas, las autoridades sanitarias insisten en que en el Congreso avanzan distintos proyectos que buscan fortalecer el sistema público, como la iniciativa que elimina las preexistencias o la que refuerza el rol de Fonasa.

A ello se suma que, además del llamado “corazón de la reforma”, en 2022 se implementó el Copago Cero.