Un grupo de ex cancilleres firmaron una carta expresando su preocupación por las recientes declaraciones de José Antonio Kast en temas migratorios y los eventuales efectos que podrían tener tanto en “la dignidad de las personas” como en las relaciones con Bolivia y Perú.

La carta que es firmada por los ex cancilleres, Soledad Alvear, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola e Ignacio Walker, apunta que “la política migratoria de Chile debe enmarcarse estrictamente en el Estado de Derecho y en las obligaciones internacionales asumidas por el país en materia de derechos humanos, refugio y protección de personas en situación de especial vulnerabilidad”.

Según agregan, “las propuestas que se basan en la amenaza de expulsiones masivas, la posibilidad de separación de familias o el confinamiento de personas en recintos de carácter cuasi carcelario resultan incompatibles con el respeto irrestricto a la dignidad humana y con los estándares del sistema internacional y regional de protección de derechos humanos”.

En el documento, además abordan las posibles implicancias que podrían tener este tipo de políticas en las relaciones con países como Perú y Bolivia señalando que “la idea de “empujar” o derivar a miles de personas hacia las fronteras de Estados vecinos, sin mecanismos de coordinación ni acuerdos bilaterales claros, constituye un gesto inamistoso que puede ser percibido como una forma de presión política, afectando la confianza mutua y debilitando los espacios de diálogo construidos con esfuerzo a lo largo de décadas”.

“Las respuestas del candidato José Antonio Kast, que apuntan a la expulsión de alrededor de 350.000 personas de manera prácticamente indiscriminada, carecen de sustento logístico y financiero y no tienen viabilidad diplomática, considerando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro a recibir repatriados desde Chile; se trata de planteamientos que no ofrecen soluciones reales ni sustentables a la situación que enfrenta el país”, argumentan.

Es así como mencionan que “la actual situación migratoria en el norte de Chile exige respuestas firmes pero viables, acordadas con los países vecinos”, añadiendo que “la gestión de la migración y de la seguridad en la frontera debe compatibilizar el control efectivo del territorio con la protección de la vida e integridad de las personas, evitando la generación de crisis humanitarias en pasos fronterizos por acumulación de familias sin salida ni asistencia adecuada”.

Finalmente, los excancilleres apuntan que “quienes aspiran a la más alta magistratura del país tienen el deber de contribuir a un debate serio, responsable y fundado en evidencia sobre la migración y la seguridad, que no se apoye en el temor ni en la desinformación. Resulta inaceptable que, con fines electorales, se tensionen innecesariamente las relaciones bilaterales o se formulen propuestas que desconocen las limitaciones prácticas y jurídicas de eventuales procesos masivos de expulsión, así como su costo humano y financiero”.