Hoy por hoy, la situación de Claudio Orrego (ind.) a la cabeza del Gobierno Regional Metropolitano depende de una firma.

Así lo grafican internamente en el Consejo Regional, donde distintas colectividades han comenzado a solicitar las respuestas entregadas por el ex-DC a la Contraloría General de la República tras un informe que detectó un presunto uso de recursos públicos en su campaña de reelección.

El documento del órgano contralor reveló que el Gobierno Regional Metropolitano desembolsó más de $31 millones para una asesoría contratada con Vera y Asociados S.A., cuya finalidad era, supuestamente, el fortalecimiento institucional. Sin embargo, en el detalle de las sesiones de “coaching directivo” se constató que muchas de ellas abordaban directamente la campaña electoral de Orrego. “No se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”, advirtió el informe, que ya fue derivado al Ministerio Público.

La reacción política no tardó. Desde la sede de los republicanos, el consejero regional y jefe de bancada, Ignacio Dulger, señaló que “como bancada republicana invitaremos a la bancada RN y de la UDI para iniciar un proceso de destitución en el Tricel”.

Y es que, desde esa revelación, uno de los bloques de consejeros más activos ha sido justamente el del Partido Republicano, que ya definió impulsar un proceso de destitución ante el Tricel contra el jefe regional. Pero les falta una firma, considerando que cuentan con 11 de los 34 consejeros y que se necesitan 12 respaldos para impulsar el proceso en el Tricel.

Por eso es que los llamados y tratativas con –y entre– los 10 consejeros de Chile Vamos (6 de RN y 4 de la UDI) se han intensificado. Hoy, dicen voces internas, en cada una de las colectividades se están tomando definiciones, incluso con las directivas de los partido políticos involucradas. Nadie descarta el apoyo a la idea republicana.

En ese contexto se observa con atención la definición que, dicen diversas fuentes, estaría tomando la UDI: avanzar en una acusación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Mientras, Renovación Nacional (RN) continúa evaluando los antecedentes.

En el informe de la Contraloría General de la República se establece el fundamento que ha motivado a los republicanos a impulsar una acusación: “Acorde a lo dispuesto por la Ley N° 18.575, contravienen especialmente el principio de probidad administrativa las conductas que esa disposición señala, de manera que quien infringe gravemente tales deberes puede ser sancionado incluso con la medida disciplinaria de destitución o término de la relación laboral”.

El sustento específico de la acusación se refiere a que el gobernador habría incurrido en una “contravención grave al principio de probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas”. Según la normativa vigente, esta causal puede ser declarada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), a requerimiento de al menos un tercio de los consejeros regionales en ejercicio, conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley N° 18.593. Para dicho trámite no se requiere patrocinio de abogado.

La fórmula sería la misma que se usó contra la exgobernadora de Coquimbo Krist Naranjo: presentar una solicitud al Tricel con el respaldo de al menos un tercio del Consejo Regional. En ese caso, el proceso tomó más de un año hasta que se definió la sanción contra la ahora exgobernadora.

Desde la UDI, quien está a cargo de liderar esa definición es el consejero regional y exdirector de Migraciones, Álvaro Bellolio. Una de las primeras decisiones es escuchar las respuestas que entregue Orrego, lo que ocurrirá el 11 de junio, fecha en que se realizará un nuevo Consejo Regional en la sede del Gore. Tras esa instancia, las bancadas UDI, RN y republicana se reunirán a ver si consiguen una postura común.

Ahora bien, en la interna de la UDI ya existe la percepción de que lo más probable es que se sumen a la denuncia que realizará republicanos. La cautela proviene de contar con todo el respaldo necesario en su acusación y no fracasar en el intento, por lo que están solicitando documentos.

Así lo explican en la interna, donde, si bien reconocen que sería ideal una postura conjunta con RN, también recalcan que la decisión se tomará de forma independiente de lo que haga Renovación Nacional.

Consultado por estas definiciones, Bellolio dice que esperarán “que el gobernador Orrego entregue respuestas en el pleno y que se remitan todos los antecedentes. Es positivo para la democracia y la transparencia que estas decisiones no dependan solo de opiniones personales, sino que puedan ser evaluadas por las instituciones competentes, como el Tricel o la Fiscalía”.

En RN, en tanto, la posición es más cauta. Si bien la directiva nacional ya está revisando los informes, fuentes del partido sostienen que aún no se ha tomado una decisión.

“Estamos trabajando con la directiva –Rodrigo Galilea y Andrea Balladares–, quienes están revisando los informes y las acciones legales que pueden derivar de la contundencia del informe”, explica la core Valeria Ponti. El análisis de la bancada continuará el lunes, cuando se reúnan para afinar la estrategia.

Pese a la presión de los republicanos, en RN insisten en que cualquier decisión pasará por una evaluación jurídica minuciosa. Sin embargo, la conversación entre las tres colectividades es fluida, debido a que existe un grupo de WhatsApp donde constantemente se están transmitiendo la data obtenido desde el Gore.

Desde el oficialismo, en tanto, optan por la cautela. La jefa de bancada del Frente Amplio, Ximena Peralta, explica que por ahora solicitaron el documento completo con las respuestas del gobernador al preinforme de Contraloría, además de información detallada sobre compras y contratos con la firma Vera y Asociados.

A eso agrega que con los documentos “haremos un análisis juicioso, con rigor, una vez que tengamos todos los antecedentes se tomará una decisión”, señaló la consejera.

En esa línea, añade que mientras tanto mantendrán en suspenso su respaldo a nuevos proyectos impulsados por el Gobierno Regional y la Corporación, “evaluando caso a caso si existen antecedentes contundentes para ser aprobados”.