El abogado Ciro Colombara lidera la defensa penal del gobernador metropolitano Claudio Orrego, quien enfrenta una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía en el marco del caso ProCultura.

En este entrevista Colombara critica duramente a los fiscales del caso -persecutor regional Juan Castro Bekios y fiscal Eduardo Ríos- y los acusa de llevar adelante una investigación con “errores y falsedades”.

¿Cómo toman ustedes este tipo de determinaciones de la justicia?

El caso Procultura, en que se investigan hechos en distintos lugares del país, en una de esas aristas relativas a la Gobernación Regional de Santiago, se pidió el desafuero del gobernador Claudio Orrego en Antofagasta por parte de los abogados Juan Castro y Eduardo Ríos de la Fiscalía de Antofagasta. Tan pronto conocimos el texto a través de los medios de comunicación, advertimos que se había presentado en el lugar equivocado, porque los tribunales competentes para resolver el desafuero son los de Santiago, la Corte de Apelaciones de Santiago específicamente, no la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

¿Qué otro elemento identificaron?

Además de este error de carácter grueso, el desafuero no tenía ningún fundamento fáctico ni jurídico serio. Desde el punto de vista de los tipos penales que se imputaban, concluimos que ese desafuero debiera ser rechazado. Y la verdad es que los tribunales de Antofagasta, a través de distintos jueces de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y los juzgados de garantía de Santiago, nos dieron sistemáticamente la razón en todos los puntos que nosotros planteamos. Tan infundada era la posición o la discusión respecto de la competencia, una decisión bastante excepcional, la Fiscalía de Antofagasta fue condenada expresamente en costas, los abogados que intervinieron fueron amonestados y nosotros estamos muy sorprendidos de que incluso se hayan inventado conceptos jurídicos, lo que nos parece muy grave y un antecedente de litigación de mala fe, porque se intentó sorprender al tribunal y también a nosotros, sosteniendo la pretensión de la competencia de los tribunales de Antofagasta, diciendo que aquí habrían delitos plurilocales, conceptos jurídicos que son inexistentes.

¿Presentarán acciones a raíz de lo que consideran ha sido una litigación de mala fe?

Estamos poniendo en conocimiento del fiscal nacional estos hechos, porque nos parece grave que se invoquen instituciones jurídicas que no existen para lograr algo que es improcedente. En esta primera etapa si bien ha sido favorable a nosotros en absolutamente todos los puntos, nos ha parecido extremadamente lamentable porque nos parece que ha habido litigación de mala fe por parte de la Fiscalía de Antofagasta, nos parece que se ha intentado sorprender a los tribunales omitiendo información, entregando antecedentes falsos y ocupando instituciones jurídicas inexistentes.

¿Quiere que cambien al fiscal?

No, no queremos el cambio de fiscal porque tenemos certeza que la solicitud de desafuero debiera ser rechazada. Carece de fundamento fáctico, carece de fundamento jurídico, no tiene sustento y nos parece que los abogados que solicitaron este desafuero, Castro y Ríos, serán o deben ser quienes sigan a cargo, aleguen en la corte y sostengan lo que han hecho hasta ahora. No tenemos ningún problema. Sí queremos que se sancione a quienes litigan de mala fe y ocupan conceptos jurídicos inexistentes.

¿Con qué tipo de sanción?

Eso lo tiene que determinar el fiscal nacional.

Usted ha repetido esto de que hay errores. ¿Cree que ahí hay mala intención o simplemente se trata de una investigación deficiente?

No sé las causas, pero sí puedo ver los efectos: una investigación deficiente y solicitudes sin fundamento jurídico. Es por eso que no un tribunal, no un magistrado, sino distintos tribunales y distintos magistrados han resuelto en el último tiempo sistemáticamente en contra de lo que se ha planteado por parte de los abogados que solicitan el desafuero.

¿Los antecedentes no están para imputarle al gobernador algún tipo de ilícito?

No, el punto es otro. El gobernador Orrego es una persona proba, es una persona honesta, que ha cumplido ahora y a lo largo de toda su trayectoria profesional como concejal, alcalde, intendente, ministro y gobernador. Ha tenido una trayectoria profesional intratable. Nunca se ha cuestionado su probidad o su desempeño, ha sido elegido sistemáticamente el mejor alcalde, el mejor gobernador, ha recibido reconocimientos internacionales, de manera tal que esta acusación es un completo error. Y ha comenzado a quedar en evidencia en esta primera discusión a propósito de la competencia. Usted comprenderá que si se cometen errores tan graves respecto de algo tan simple y tan obvio como ante qué tribunal se debe discutir un caso, los mismos errores se presentan en la solicitud de desafuero.

En la Fiscalía de Antofagasta se comenta que apenas empezaron a apuntar hacia el gobernador, la causa se puso cuesta arriba, se han topado con una muralla y deslizan cierta protección especial al gobernador.

No me puedo hacer cargo de trascendidos. Yo estoy haciendo cuestionamientos graves al funcionamiento o a la actuación de los abogados de la Fiscalía de Antofagasta. Lo estoy haciendo de manera abierta, transparente, dando la cara y haciéndome cargo de lo que estoy diciendo. Si hay trascendidos de la Fiscalía de Antofagasta, creo que lo razonable y correcto es que si alguien tiene algún planteamiento o cuestionamiento, lo haga de manera clara, transparente y a cara descubierta como yo lo estoy haciendo. Si creen que hay alguna irregularidad de alguna naturaleza, en su calidad de funcionarios públicos tienen la obligación de hacer una denuncia de inmediato, en el plazo de 24 horas, y sino, están incumpliendo la ley y están cometiendo un delito. Solo puedo decir que cuando uno empieza a tener sistemáticamente malos resultados ante distintos tribunales, no creo que sea lo prudente culpar al Poder Judicial. Tienen que hacerse cargo de los errores que uno pueda cometer en las actuaciones judiciales.

Pero sí lo han transparentado. En un escrito reciente aseguraron que el tribunal los están dejando en un callejón sin salida al denegar acceso a cuentas bancarias de la cúpula de ProCultura.

Tan pronto el gobernador Orrego conoció la existencia de la investigación del caso Procultura, le entregó voluntariamente a los fiscales que investigaban en esa época todos los antecedentes que tenía en su poder sobre convenios o actuaciones relativas a ProCultura desde la perspectiva de la tramitación de los convenios cuestionados. No han sido solo los tribunales los que han resuelto en contra de la posición de la Fiscalía de Antofagasta y de los abogados Ríos y Castro. Además el CDE decidió no interponer acciones en contra del gobernador Claudio Orrego señalando de manera expresa que no habían antecedentes o hechos constitutivos de delito. En definitiva, los únicos que sostienen que habría una conducta indebida de parte del gobernador Claudio Orrego a esta altura están resultando ser los abogados Castro y Ríos de la Fiscalía de Antofagasta.

Usted comenta que Orrego alzó voluntariamente el secreto de sus cuentas. También entregó su celular. De ahí proviene un mensaje que el envía a Larraín donde el gobernador le dice que revisara las conversaciones por si había algo que borrar. ¿Eso no lo deja en un mal pie?

Lo que yo le puedo decir es que el gobernador Orrego entregó voluntariamente su celular, abrió voluntariamente sus cuentas corrientes, renunció al derecho a guardar silencio, fue a Antofagasta a declarar, extensamente respondió todas las preguntas que se le hicieron y desde esa perspectiva ha habido una situación de absoluta transparencia. En este caso evidentemente han habido y van a seguir habiendo filtraciones de antecedentes descontextualizados o interpretados falsamente. Fíjese que se señaló que había obtenido un certificado médico falso como uno de los antecedentes de la solicitud de desafuero, certificado que habría sido extendido por el médico Larraín. Eso es absolutamente falso. Vamos a entregar los antecedentes.

O sea, sí le hizo un certificado médico, pero era para poder correr la media maratón de Buenos Aires, no una licencia.

No era una licencia, era un certificado muy general que se entrega para certificar que una persona puede correr y puede participar en una carrera. Lo hizo sin faltar a su trabajo, en un día administrativo y sin utilizar recursos públicos. Se entregan este tipo de antecedentes falsos, se interpretan tendenciosamente por parte de los solicitantes del desafuero, luego son filtrados a la prensa y obviamente en los próximos días van a venir seguramente más situaciones interesadas y descontextualizadas de partes de la carpeta de investigación, pero entendemos que es parte de una mala práctica.