La Contraloría General de la República emitió este martes un instructivo dirigido a las nuevas ministras y ministros de Estado, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y apego a la legalidad en el ejercicio de la función pública.

El documento, denominado Instructivo N° IN14/2026, establece una serie de obligaciones y recordatorios clave para las autoridades, poniendo especial énfasis en la necesidad de privilegiar el interés general por sobre cualquier beneficio particular, bajo una conducta que el organismo define como “intachable”.

Uno de los puntos centrales del instructivo es el deber de abstención. La Contraloría recalca que los ministros no deben intervenir en decisiones cuando existan conflictos de interés, incluso si estos son potenciales.

En la misma línea, se advierte que la reiteración de estas situaciones no solo podría afectar el correcto desempeño del cargo, sino también derivar en observaciones al propio acto de designación de la autoridad.

Declaración de intereses y patrimonio

En materia de transparencia, el ente fiscalizador recordó la obligación constitucional de presentar la Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) dentro de los 30 días posteriores a asumir el cargo.

Esta debe actualizarse anualmente durante el mes de marzo y mantenerse publicada en los sitios web institucionales.

Al respecto, la Contraloría subraya que fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad de estas declaraciones, advirtiendo que su incumplimiento puede acarrear multas económicas e incluso la destitución en casos graves o reiterados por infracciones a la probidad administrativa.

El instructivo también aborda la administración del patrimonio personal de las autoridades. En ese marco, se establecen plazos específicos para delegar la gestión de inversiones a terceros o enajenar activos cuando estos puedan generar conflictos de interés, especialmente en casos donde existan vínculos con empresas proveedoras del Estado, concesionarias o sujetas a regulación directa del ministerio correspondiente.

Ley de Lobby y test de drogas

En paralelo, el texto refuerza las exigencias vinculadas a la Ley de Lobby, poniendo énfasis en la obligación de mantener actualizados los registros de agenda pública, incluyendo audiencias, reuniones, viajes oficiales y donativos protocolares, los cuales deben ser publicados mensualmente en formatos de datos abiertos.

Otro eje relevante del instructivo es el principio de prescindencia política.

El organismo recordó que las autoridades tienen prohibido realizar actividades políticas contingentes al interior de dependencias públicas o utilizando recursos estatales, aunque aclara que sí pueden emitir opiniones técnicas en el marco de las políticas públicas de sus respectivas carteras.

Finalmente, el documento sistematiza las inhabilidades e incompatibilidades que rigen para los ministros, incorporando además nuevas exigencias como la obligación de someterse periódicamente a test de drogas, cuyos resultados deberán ser públicos.