A través de un escrito de 20 páginas fechado el pasado lunes la Contraloría General de la República acreditó la responsabilidad administrativa en siete cargos contra la exalcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza (UDI), por su responsabilidad en la millonaria compra por parte del municipio de un terreno para la posterior edificación de un Centro de Salud Familiar (Cesfam) en la comuna.

Todo partió el 2023, cuando el ente hoy liderado por Dorothy Pérez detectó graves faltas a la probidad en la compra del paño, a partir de una denuncia de concejales encabezados por Catalina Ugarte (P. Republicano), quienes acusaron que se habría omitido información respecto de la compra, entre ello, presuntamente, actas del acuerdo del concejo municipal adulteradas o que por una de las 10 casas que se compraron para el proyecto supuestamente se habría pagado mucho más de lo que valía.

En el sumario administrativo de la Contraloría -al que La Tercera tuvo acceso- se determinó “tener por acreditada la responsabilidad administrativa de doña Daniela Alejandra Peñaloza Ramos” en relación con los siete cargos formulados en su contra en su calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Las Condes en la época de los hechos, “y, por ende, encargada de su dirección, administración superior, y supervigilancia del funcionamiento de esa entidad edilicia". Contraloría también consignó en su informe que propone “aplicar a don Eduardo Antonio López Arriagada (exdirector de Control) la medida disciplinaria de destitución”.

A lo largo del texto se cuenta que fue en la sesión ordinaria del 10 de marzo del 2022 que el concejo aprobó comprar los lotes correspondientes a 5.315 metros cuadrados por un monto de 353.956 UF. “Cabe precisar que al concejo municipal no le fue exhibido en un principio la individualización de los inmuebles en análisis, sino que se limitó a señalar el paño con el metraje que era requerido para dicho proyecto, y hasta el monto total en UTM a invertir en estas compraventas, sin individualización de lotes", consignó la Contraloría.

La compra -en la que participaron como gestoras inmobiliarias las empresas FG Oriente II Spa y Vulcon Asset Managment Spa- se formalizó el 19 de abril de ese 2022. “Se evidencia que el ente municipal omitió emplear algunos de los mecanismos dispuestos por el artículo 9° de la Ley N° 18.575, estos son: la propuesta pública previa a la celebración del contrato respectivo, licitación privada, previa resolución fundada que así lo disponga y al trato directo cuando la naturaleza de la negociación así lo requiera, no constando en el proceso de la especie algún acto administrativo emanado de la Municipalidad de Las Condes tendiente al cumplimiento de este requisito", dice el texto.

Y luego agrega que “cabe puntualizar que omitir o eludir la propuesta pública en los casos que determina la ley contraviene especialmente el principio de probidad”.

En ese sentido, la Contraloría también determinó que “la Municipalidad de Las Condes omitió las tasaciones respectivas a los inmuebles en análisis, por profesionales especializados en la materia o por entidades financieras para determinar su justo precio y para procurar así no afectar el patrimonio municipal, vulnerando con este proceder la jurisprudencia de esta entidad de control”.

También se consignó que hubo profesionales ajenos a la planta de Las Condes y su unidad de asesoría jurídica que intervinieron en la compra, mandatados por el municipio.

Además, se estableció que “se evidencia que en las propiedades adquiridas por la Municipalidad de Las Condes en análisis, existió discrepancias en el precio pagado por metro cuadrado respecto a lo convenido con la empresa Vulcon Asset Management SpA”.

Por ejemplo, por una propiedad ubicada en la calle Nueva Delhi la municipalidad pagó 24.280 UF ($852.221.202 a la fecha), pero “lo anterior vulnera lo acordado en las cláusulas cuarta y quinta del contrato de promesa de cesión celebrado por las partes de fecha 21 de julio de 2022 conforme a las cuales el precio de la propiedad en comento debió ascender a una suma equivalente a 14.688,28 unidades de fomento, esto es, a la suma de $514.852.520″.

Fue así que junto con formular cargos a Peñaloza, también se formularon seis cargos a Juan Jaramillo en calidad de alcalde subrogante y administrador municipal, un cargo a Sagrario Barrales en calidad de encargada de oficina de partes, seis cargos a Cristián Loustalot en su rol como jefe del departamento de auditoría operativa de la dirección de control, seis cargos a Héctor Navarrete por ser el director jurídico, y cinco cargos a Luis Espinosa, en calidad de abogado, entre otros funcionarios.

Además se propuso aplicar suspensión temporal de su empleo a diez funcionarios, entre ellos a Jaramillo, Barrales, Loustalot y Navarrete, entre otros. Algunas de esas sanciones acarrean suspensiones de tres meses con goce del 50% de la remuneración mensual, o 75% en algunos casos, además de dejar marcada la sanción en la hoja de vida de los funcionarios.

Respecto al exdirector de Control, se le formularon 10 cargos y se consignó que “cabe puntualizar que en relación con el décimo cargo formulado al inculpado, se verificó en el caso concreto una grave transgresión al principio de probidad administrativa, al haber ordenado la adulteración de un instrumento público”.

Tanto la investigación, como el acuerdo propuesto a los concejales y la estrategia judicial fueron liderados por la actual alcaldesa, Catalina San Martín.