El diputado Jorge Alessandri presentó este martes una grave denuncia ante la Contraloría General de la República, acusando a la Presidencia de la República de instaurar un sistema irregular y sistemático de contrataciones directas.

En específico, se trata de sistema que va en contravención a la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y, según expresó en un comunicado el parlamentario “a los principios de probidad, transparencia, eficiencia y libre competencia que deben regir el actuar de la Administración del Estado”.

En el escrito ingresado a la Contraloría -y dirigido a la contralora Dorothy Pérez- se detalló que solo durante el primer semestre de 2025 se realizaron 367 tratos directos amparados en la misma causal legal: el supuesto “costo desproporcionado” de realizar un procedimiento competitivo.

Para el diputado Alessandri, esta justificación fue aplicada “de forma genérica, copiada y sin análisis caso a caso, lo que constituye un uso abusivo y contrario a la legalidad vigente”.

“Aquí no estamos frente a un error administrativo, sino ante un patrón sistemático para eludir controles, beneficiar a determinados proveedores y operar al margen de la ley”, señaló el parlamentario.

Entre las irregularidades que denunció el parlamentario, se advierte:

• Uso fraudulento del argumento de “costo desproporcionado”, comparando artificialmente contratos menores con licitaciones públicas completas.
• Elusión deliberada del mecanismo legal de Compra Ágil, creado para adquisiciones bajo 100 UTM ($6.864.700 aproximadamente).
• Fragmentación de contratos, adjudicaciones reiteradas a los mismos proveedores y variaciones de precios injustificadas.
• Contratación de empresas intermediarias para servicios ajenos a su giro comercial, como el caso de Monky SPA, contratada para labores de aseo sin que ese sea su rubro.
• Simulación de urgencias administrativas para justificar servicios que, por su naturaleza, son planificables con meses de anticipación.

Ante esto, Alessandri solicitó a la Contraloría abrir una investigación especial sobre estos 367 contratos y otros similares de años anteriores, determinar responsabilidades administrativas y emitir un pronunciamiento que instruya a la Presidencia sobre el uso excepcional del trato directo y la aplicación obligatoria de mecanismos competitivos como la Compra Ágil.