Fue el 2024 cuando la Contraloría General de la República, dirigida por Dorothy Pérez, y luego de auditorías realizadas en servicios de salud, encontró serias deficiencias en el proceso de recepción, acopio y destrucción de la droga incautada por las policías.

La fiscalización reveló los problemas que presentan los procedimientos, con inconvenientes como droga apilada en pasillos y oficinas por no tener capacidad de almacenamiento. Ello abrió un flanco para el Ministerio de Salud y obligó al gobierno a buscar cambios a la ley.

A 10 meses de ese hecho y durante su participación en la cumbre empresarial Enade, la contralora Dorothy Pérez reveló que se están preparando 16 nuevas auditorías sobre el mismo tema, las que están próximas a publicarse.

“Nuestras policías y todo su personal, hombres y mujeres, se arriesgan para incautar drogas y en procedimientos que son muy complejos. Ellos se arriesgan y después la droga queda allí guardada en un servicio de salud, que no tiene ni las capacidades ni siquiera los hornos para quemarlos. Estamos despachando hoy día las últimas 16 auditorías sobre quema de drogas, así que pronto van a saber los hallazgos en esa materia, que son muy complejos”, dijo.

Según pudo conocer este medio, parte de esos hallazgos dicen relación con fallas de registro, inconsistencias en pesaje y mala infraestructura. De hecho, la propia Pérez dio pistas sobre estos aspectos. “Detectamos diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud”, señaló.

Esta última frase generó risas en el auditorio de Enade: “Me imagino que se ríen porque se estarán acordando del chiste del Bombo Fica. Bueno, ese tipo de cosas hemos detectado”, ironizó Pérez.

Luego fustigó que “las drogas se quedan a veces hasta un año sin incinerar, con el riesgo de que nuevamente ingresen a la circulación ilícita, después de que hubo personas, chilenos y chilenas, que trabajan en nuestras policías y que se arriesgaron para la incautación”.