La última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric instaló debates en distintos niveles. Y como ha sido la tónica en años anteriores, lo relativo a justicia y derechos humanos volvió a instalarse en el centro de la polémica.

En esta ocasión debido a que, en medio de sus anuncios, comunicó que instruyó al titular de Justicia, Jaime Gajardo, para que se avance en el fin del penal Punta Peuco como recinto especial para el cumplimiento de condenas de imputados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

“Desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común", sostuvo el Jefe de Estado.

Y aun cuando la propia vocera Aisén Etcheverry aseguró que mucho de este compromiso tiene un “simbolismo”, generó opiniones divididas de inmediato. Desde el mundo de los DD.HH. ciertamente celebraron, aunque familiares de los reos que hoy se encuentran en el recinto ubicado en Tiltil lo reprocharon en duros términos, advirtiendo que buscarán que esto se frene.

Entre ellos, Loreto Iturriaga, hija de Raúl Iturriaga Neumann, manifestó a La Tercera que con esta acción “el Presidente demuestra una ignorancia absoluta. Punta Peuco es una cárcel pública, las personas que ocupan Punta Peuco son ancianos, la mayoría de ellos fueron juzgados por un sistema penal derogado que solo se les aplica en la actualidad a ellos y donde ni siquiera se les demuestra el delito por el cual los condenan”.

Y agregó: “En Punta Peuco están hacinados, con ancianos durmiendo en pasillos y comedores, carecen de un elemento básico de supervivencia como es el agua. No los pueden cambiar, ellos son diferentes y se preocupan por mantener limpio y ordenado, no son delincuentes y eso jamás lo podrá cambiar”.

Condiciones dignas

Roberto Schmied tiene 88 años y lleva 10 en Punta Peuco. Fue condenado junto a Álvaro Corbalán y otros agentes en distintas causas, entre ellas por el episodio Janequeo y por torturas al exdiputado Sergio Aguiló, y hoy sus familiares también están entre quienes se oponen a lo notificado por Boric.

“El Estado debe velar por las condiciones dignas y seguras en el cumplimiento de las penas, especialmente para grupos vulnerables, ello se refuerza con las Reglas Nelson Mandela -Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos-, que señalan el principio de proporcionalidad, la atención médica adecuada y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes. La segregación penal en base a la seguridad personal, edad o salud es legítima y amparada por estos estándares internacionales. Esto no es un privilegio sino una garantía mínima de protección", sostuvo Macarena Allendes, nuera de Schmied.

En el mismo sentido, María González, hija del sargento primero Alan González, mencionó que si bien este anuncio no los tomó por sorpresa, esperan que se reflexione, pues a juicio de su familia solo viene a generar más división en torno a un tema que ya debería estar cerrado.

“Esta es una definición únicamente de tinte político. Esta es la última cuenta pública del Presidente y claramente que tenía que tocar el tema de Punta Peuco porque con eso tiene más apoyo. Pero esto solo causa daño, se nos quiere seguir haciendo daño a nosotros como familiares de los militares. Ellos no quieren cerrar un tema que ya viene de hace 50 años. No buscan unir. Si el Presidente dice que él quiere juntar a todo el pueblo chileno, en este caso lo está dividiendo”, indicó.

“Es lo que esperábamos”

Pero aunque la medida ha generado indignación entre los familiares de los 139 reos que permanecen en Punta Peuco, desde la otra vereda, Alicia Lira, histórica dirigenta y presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, recalcó que esto es lo que esperaban desde hace años.

“Esta es una demanda de años. El cierre de Punta Peuco ha sido una de las peticiones permanentes, porque es un recinto donde están los peores criminales de nuestro país, que son los de lesa humanidad, que exterminaron y desaparecieron a nuestros familiares”, sostuvo.

Insistió, en línea, en que el cambio es fundamental. “Si todos los penales fueran como Punta Peuco, nosotros no diríamos nada, pero hoy eso es una falta de respeto a la dignidad del resto de las personas privadas de libertad. Digan lo que digan Punta Peuco no es una cárcel cualquiera ni con las mismas condiciones que las otras. Hay una discriminación total ante la justicia y ante la sociedad”, añadió.

En atención a que son condenados adultos mayores, la dirigenta pidió recordar los años en que estuvieron en la impunidad. “Nos dicen que son ancianitos, son personas tan enfermas, pero hay que recordar que durante décadas estas personas vivieron de impunidad. Nuestra agrupación presentó 1.164 querellas por hombres, mujeres, adolescentes, que nunca se habían presentado. Y hay que recordar que son más de 3.000 las personas entre detenidos, apremiados y ejecutados políticos. Hoy en Punta Peuco no hay más de 130 y tanto, pero siguen viviendo tranquilamente”, mencionó.

Consultada respecto al momento en que este anuncio llega, Lira recalcó que lo importante es que se haga, y mencionó que al menos en esta oportunidad habrá más tiempo para que el cierre se concrete, no como cuando Michelle Bachelet tomó la determinación el último día de su mandato.

“Estamos confiados, porque así como ha ido cumpliendo en el tema de las violaciones de derechos humanos en la dictadura, porque ha sido este gobierno el que ha hecho el avance más grande que cualquier en la materia, creemos que ahora esto se concretará de una vez”, sentencio.