Nuevos antecedentes complican en el ámbito penal al gobernador regional de la RM, Claudio Orrego.

Y es que si bien el ex-DC ya tiene calidad de imputado en una indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público, respecto de los convenios suscritos por ProCultura, este miércoles se conocieron análisis desarrollados por Contraloría que derivaron en la apertura de una nueva causa penal en su contra.

El organismo dirigido por Dorothy Pérez, tras una auditoría a los programas de la Gobernación de la Región Metropolitana, detectó que el gobernador hizo uso irregular de fondos públicos para favorecer su reelección en el puesto.

Lo anterior, vía la contratación de una asesoría que, supuestamente, tenía como fin entregar nuevas herramientas a los funcionarios y contribuir a un mejor ambiente laboral, pero que en la práctica -como constataron los fiscalizadores- abordó cuestiones políticas relacionadas con la campaña que en ese momento enfrentaban.

Fue por ello que la entidad remitió los antecedentes al Ministerio Público para su análisis, dado que los hallazgos podrían constituir eventuales ilícitos.

Las pesquisas

En concreto, como se desprende del informe de 159 carillas que publicó la entidad fiscalizadora, se advirtió que “el Gobierno Regional efectuó erogaciones de recursos para contratar servicios de asesorías en las cuales se abordaron temáticas que no tienen relación con la finalidad y objetivos de esa entidad, sino en beneficio de don Claudio Orrego Larraín, por cuanto en estas se analizaron materias relacionadas con su campaña electoral y contingencia política”.

Se afirma, en ese sentido, que el GORE pagó $ 31.366.179 por el “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024” a Vera y Asociados S.A., pese a que el contenido del programa se alejaba de cuestiones propias del servicio.

“Del examen efectuado a la asesoría en comento, se constató la entrega de servicios que no se encuentran contemplados en los objetivos y actividades de la citada contratación, como tampoco se relacionan con la naturaleza y finalidades del Gobierno Regional, establecidas en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional", se insiste en el documento.

A modo de ejemplo, el organismo fiscalizador hizo referencia a las materias abordadas en sesiones de “coaching” que se realizaron en el marco de la asesoría, evidenciando que con algunos funcionarios se abordaron, entre otras cuestiones, “las principales preocupaciones de cara a la campaña”, “trabajo político en función de noticias falsas”, “alertas a prever”.

Por lo mismo, desde Contraloría hicieron presente que se habría vulnerado al principio de probidad administrativa al cual los funcionarios públicos están obligados. Sostuvieron, en ese sentido, que dichas infracciones pueden incluso ser sancionadas con la medida disciplinaria de destitución o término de la relación laboral.

En este caso, se observaron al menos dos posibles transgresiones: Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; y ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales.

“Los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en el ejercicio del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política, así como emplear, con propósitos proselitistas, recursos públicos, sean financieros, bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, y, en general, cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública”, enfatizan.

Así las cosas, manifestaron que “la contratación de servicios por parte del Gobierno Regional relacionados con temas ajenos a los propiamente institucionales, no sólo significó apartarse de los objetivos de esa institución, sino que pude constituir una infracción al principio de probidad en la función pública, consagrado en el artículo 8°, de la Constitución Política de la República".

Por lo mismo, Contraloría también informó que ordenó la un procedimiento disciplinario, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

La respuesta de Orrego

Conocidos el informe, desde el GORE Metropolitano salieron rápidamente a descartar cualquier irregularidad y por medio de un comunicado de prensa señalaron:

“Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados. Negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego".

Asimismo, hicieron presente que “las actividades de coaching, a las que se hacen referencia en el informe de la Contraloría, son parte de un proceso amplio de formación directiva y que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral y, tal como lo señala la propia Contraloría, están enfocados en mejorar procesos y apoyar la gestión institucional. Adicionalmente, es preciso mencionar que dichas actividades han acompañado a nuestra institución desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, no son fruto de ningún contexto electoral”.

En tercer punto también sostuvieron que las mencionadas actividades, “junto con potenciar las habilidades de gestión y dirección institucional, no pueden estar disociadas del contexto político, social y económico de la región y el país. Que, en algunas ocasiones se haya mencionado esos contextos, no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional”.

Al cierre, desde el GORE recalcaron que respetan el trabajo de Contraloría y que colaborarán en las instancias que correspondan para “aclarar lo expuesto en el informe”.

Alarma entre los cores

Pese a las explicaciones entregadas por la Gobernación, entre los consejeros regionales se encendieron los alarmas. Algunos, incluso, adelantaron que evalúan solicitar su destitución.

“Como bancada republicana hemos tomado conocimiento de las graves irregularidades en la Gobernación Regional Metropolitana, donde se habrían utilizado recursos públicos en la campaña del actual gobernador. En paralelo a la investigación penal, en nuestra mesa de trabajo conformada por parlamentarios y consejeros regionales, analizaremos una eventual solicitud de destitución del gobernador ante el Tribunal Calificador de Elecciones”, indicó Ignacio Dülger, consejero regional metropolitano por La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia y Ñuñoa.

Por su parte, Álvaro Bellolio (UDI), adelantó que “este miércoles 11 de junio, en el pleno del consejo regional, vamos a solicitar formalmente más información sobre este caso, tanto a los equipos técnicos como a las autoridades responsables, para esclarecer todos los antecedentes".

“Nos preocupa que nuevamente aparezcan elementos que ya hemos visto en otras situaciones —como los convenios de transferencia directa en el caso ProCultura y sus conflictos de interés— y que comprometan la legitimidad de la gestión regional. Nuestro compromiso es claro: tomaremos las medidas que sean necesarias para garantizar la probidad, exigir responsabilidades y resguardar los recursos de los vecinos de la Región Metropolitana", complementó.

Otras irregularidades

En el marco de la misma auditoría, como se lee en el informe, Contraloría también detectó otras inconsistencias.

Entre ellas, que se adquirieron bienes y servicios de consumo mediante la modalidad de trato directo, por un total de $ 51.753.665, en el cual no se acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, se constató la contratación directa de AJEM Asesores y Consultores Limitada, por un total de $ 109.302.180, del cual el Gobierno Regional no acreditó el cumplimiento del requisito establecido en los términos asociados a la acreditación de idoneidad del proveedor, incumpliendo lo establecido.

De igual modo, se advirtió la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A. Agencia en Chile, por un total de $ 46.154.150, del cual la entidad no aportó antecedentes que acrediten el cumplimiento de 3 años de experiencia de una de las dos profesionales que conforman el equipo propuesto por el proveedor, requerido por los términos de referencia.

A eso se suman diferencias entre la cantidad de horas extraordinarias pagadas y las efectivamente realizadas, a funcionarios conductores de vehículos institucionales del GORE. Lo anterior, producto del análisis comparativo efectuado, entre la información contenida en las bitácoras, el reporte del reloj control y el reporte del GPS vehicular.

Y también diferencias por $ 21.179.210.098 entre lo registrado contablemente en las cuentas “Deudores por Transferencias de capital al sector privado” y “Deudores por Transferencias corrientes al Sector Privado”, y la información proporcionada por el Departamento de Control de Programas y el Departamento de Normalización y Gestión de Cartera.