En 2019, y tras un intenso debate, finalmente se reemplazó la Ley Reservada del Cobre que entregaba el 10% de las ganancias de Codelco a inversiones en defensa. Ese año, y tras la aprobación del Congreso, comenzó a operar el Fondo plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa.

Ese nuevo mecanismo de financiamiento, tal y como su nombre lo dice, corresponde a una reserva económica que tiene como objetivo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) lo utilicen para adquisiciones e inversiones, como -por ejemplo- la compra de tanques, helicópteros, barcos o bien la mantención de este tipo de equipamientos.

Pero ese fondo, que corresponde a una de las tres formas de financiamiento de la defensa en el país, forma parte de las propuestas de cambio que sugirió la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público del Ministerio de Hacienda, la que en su punto 13 planteó cambiarlo y así generar un ahorro fiscal de $ 6.600 millones. Iniciativa que surge previo a la discusión del Presupuesto 2026.

La reforma legal

En concreto, la Comisión Asesora de Defensa propone que se modifiquen, legalmente, dos artículos del Fondo plurianual. En específico, se pide cambiar la regulación en la parte que establece que cada cuatro años el Ejecutivo asegurará un aporte mínimo a dicho fondo, independiente de las necesidades. El 2025, ese aporte contempla un pago de US$ 488 millones.

Para la instancia de Hacienda, este aporte “es deficitario después de cumplir esta obligación”, ya que “implica que el Fisco deba endeudarse para traspasar recursos que no se utilizarán en el año calendario, teniendo un costo financiero como la diferencia entre la rentabilidad del fondo versus el costo del financiamiento”.

En esa línea, la Comisión propuso que aquello debe ser modificado y reemplazado por un mecanismo para “cuando el fondo requiera efectivamente los recursos para comprometer gasto, se realice la transferencia por el monto necesario”.

Si bien la instancia establece que esta restricción “en ningún caso” busca “afectar el desempeño adecuado y oportuno de las funciones relacionadas con la defensa nacional”, quienes conocen de la situación de las FF.AA. plantean lo contrario.

A pesar de que se trata solo de una propuesta, fuentes de La Tercera plantean que aquello es seguido con atención en las filas institucionales dado que de concretarse cualquier modificación a la forma de la entrega de recursos podría tener un impacto en las adquisiciones.

Esto, porque en materia de defensa las compras se planifican con mucho tiempo de anticipación, lo que podría complicarse con la entrega de recursos como se plantea en la propuesta, ya que aquello quedaría sujeto a las decisiones del Ejecutivo y Congreso.

La propuesta, sostienen fuentes de este medio, implicaría un cambio al principal beneficio del fondo, que es la certeza que entrega el tener los recursos disponibles en ese fondo de financiamiento, así como también que corresponde a un piso mínimo que está disponible y al cual se puede recurrir todos los años para renovar equipamiento.

Esa postura también es compartida por el investigador del centro de estudios AthenaLab, Marcelo Masalleras, quien afirma que una modificación a esta normativa cambia el origen del fondo, ya que “la gracia de un sistema de financiamiento de estas características es que te da cierta predictibilidad y proyección en inversiones, las que son muy cuantiosas y que tienen cierta regularidad de acuerdo con los ciclos de vida de los sistemas”, los que aumentan su desgaste aún más en el contexto de que se encuentran desplegadas en diferentes zonas del país.

Para el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, “la Comisión Asesora no entiende la realidad de Chile, la realidad de las FF.AA. y del crimen organizado. Hoy día las FF.AA. están, además de las tareas permanentes que tienen que hacer y trabajar en sus capacidades, tienen que estar en La Araucanía, en la Macrozona Sur, donde se van a quedar mucho tiempo, y en la Macrozona Norte, donde yo creo que no van a salir. Entonces, eso requiere certezas. A las FF.AA. no podemos estar cambiándole, dependiendo del gobierno, las reglas del juego”.

Por otro lado, también existe el precedente en las FF.AA. sobre este fondo, que genera ruido a la hora de plantear cualquier cambio. Y es que a pesar de que la ley está vigente desde hace más de cinco años, en el presupuesto del 2024 correspondía la primera inyección de dinero al fondo, sin embargo, aquello no ocurrió y fue postergado hasta este año por parte del gobierno.

A raíz de aquello, el analista militar de AthenaLab plantea que “aún sin terminar de implementar la ley, con todo lo que acarrea, ya hay una serie de modificaciones y genera incertidumbre”. Masalleras afirma que la propuesta de la Comisión Asesora no da certezas, ya que “dice que se posterga por la necesidad de disponer recursos, pero tampoco se asegura que en el futuro van a estar justamente esos recursos”.

“Si se reemplazó la ley del cobre por otra ley, se esperaría que fuera igual o mejor. Al parecer, con lo que ha pasado, hay dudas razonables para pensar que no fue así“, concluye el investigador.

Un complejo contexto

La propuesta de los cambios al fondo también llega a solo semanas del inicio de la discusión del presupuesto fiscal para el 2026. Si bien desde el Ministerio de Defensa no se refirieron a la propuesta de la Comisión Asesora de Hacienda, aún no se conocen detalles del erario fiscal del próximo año.

Este tipo de sugerencias no significa que se vayan a aplicar, pero el gobierno ha dado señales confusas. Por ejemplo, la directora de la Dipres, Javiera Martínez (FA), comentó que las propuestas de esa instancia “ofrecen una hoja de ruta que, por supuesto, nosotros empezaremos a implementar, pero que después puede seguir siendo implementada por otros gobiernos”.

Sin embargo, la situación financiera también es observada con atención dado al incremento en los gastos que han tenido las FF.AA. durante los últimos años por los despliegues en la Macrozona Norte y Sur, así como también porque los aumentos de sus presupuestos no han sido sustanciales.

Este año las tres ramas promediaron un alza del 0,4% en su erario fiscal. Además, existe como antecedente lo señalado por el general Javier Iturriaga durante la discusión del presupuesto del año pasado, cuando apuntó al financiamiento, ya que “de repente se nos piden tareas extras, estados de excepción, etcétera. Y por supuesto, todo tiene un límite”.