En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago fueron formalizados este viernes 17 imputados por el caso KnightsBridge (puente de los caballeros en español).

Cientos de personas cayeron en la estafa piramidal de la aplicación, bautizada con el nombre de un exclusivo barrio residencial y comercial de Londres.

La plataforma de inversiones online ofrecía la posibilidad de abrir una billetera digital para adquirir productos en el extranjero, obteniendo como ganancia el monto invertido y la devolución de impuestos. La promesa eran supuestos retornos de hasta el 300% de lo que se había invertido.

El caso estalló en mayo de 2022, cuando se conoció que oficiales de Carabineros estaban involucrados en la captación de funcionarios para invertir en la operación. La Fiscalía Metropolitana Occidente comenzó a investigar ante más de 300 denuncias.

El sistema operó cerca de un año antes de ser denunciado como una operación fraudulenta.

En 29 de mayo de 2023, en el Juzgado de Garantía de San Bernardo fue formalizado el teniente de Carabineros, Sergio Antonio Toro Sepúlveda, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de estafa reiterada, lavados de activos y tenencia ilegal de explosivos. En tanto, la teniente Ninoska Ignacia Benavides San Martín y el cadete de la Escuela Militar Sebastián Felipe Jara Álvarez fueron imputados en calidad de autores de los delitos de estafa reiterada y lavado de activos.

De los 17 imputados formalizados este viernes, 13 facilitaban sus cuentas bancarias para recibir los dineros de la estafa, a cambio de un porcentaje de dichos recursos, mientras que los otros cuatro poseían sociedades a las cuales se reenviaban los dineros provenientes del esquema defraudatorio para ocultarlos de los organismos fiscalizadores.

El mecanismo KnightsBridge consistía en captar personas, quienes a través de una suma de dinero podían incorporarse a la plataforma. A medida que iban sumándose inversores, sus aportes servían para entregar ganancias a los primeros aportantes. Las supuestas utilidades eran financiadas exclusivamente con el dinero de nuevas personas que ingresaban a este modelo defraudatorio.

La Fiscalía Occidente cifra actualmente el número de víctimas en 756 personas con domicilios en diversas comunas de todo Chile, quienes en su conjunto tuvieron un perjuicio económico superior a los 1.100 millones de pesos.

A los imputados se les formularon cargos por los delitos de estafa y lavado de activos y por infracciones a la Ley General de Bancos.

La solicitud y discusión de cautelares se realizará el 5 de agosto.