Nuevamente se instala en el debate legislativo la idea de conceder beneficios a condenados mayores de 80 años y sujetos que padezcan enfermedades terminales. Esto, de la mano del proyecto ingresado el 30 de enero por un grupo de senadores de Chile Vamos y que durante la semana pasada fue aprobado en general y en particular en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

La idea, como se lee en la moción, es que previa autorización del tribunal competente la persona en cuestión pueda salir de la cárcel para acceder al cumplimiento de su pena bajo reclusión domiciliaria, lo que podría beneficiar, entre otros, a agentes del Estado condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En medio de ese debate son varias las voces ligadas a agrupaciones de derechos humanos que se oponen a la moción de manera rotunda. Pese a esas resistencias, han surgido otras que miran con interés la iniciativa como, por ejemplo, la del abogado Luciano Fouillioux, quien ha tramitado varias causas de derechos humanos. Eso sí, Fouillioux pone un requisito: establecer condiciones claras.

Según postula el exlíder de la Vicaría de la Solidaridad, este proyecto de ley podría ser una oportunidad para que interesados en postular al beneficio entreguen información sobre el paradero de víctimas de la dictadura.

¿Qué le parece que el Senado insista en iniciativas de este tipo? Anteriormente ya se había rechazado uno en la misma línea.

Es total y completamente humanitario y lógico entregar beneficios a condenados con cierta edad. Sucede en muchas partes del mundo. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, lo que pasa en otros países no es lo que pasa en Chile. Aquí hay mucha gente condenada e investigada con esa edad, o próxima a esa edad, por delitos de lesa humanidad. Dar beneficios a ellos solo por llegar a esa etapa, para mí, no tiene aceptación. Es improcedente. Ellos tienen que hacer un aporte, una contribución y que exista una ganancia para la sociedad. Ellos, primero, tienen que decir dónde dejaron a las víctimas. No se puede entregar un privilegio sin que exista una contribución a las miles y miles de personas que siguen buscando.

¿El proyecto sería viable si se fija esa condición?

Se tiene que fijar como condición que ellos entreguen la información, si son ellos los que tienen esos antecedentes. Entregada y certificada esa información, bueno, veamos. Pero, además, hay que ver qué pasa con personas condenadas por delitos como el narcotráfico, donde podrían tener toda una maquinaria, o por violación, qué pasaría con esas víctimas, eventualmente menores de edad. Este es un proyecto de ley muy importante porque nos sitúa en la esfera mundial en este tipo de materias. Pero en el caso de Chile tiene algunos alcances que si no se reparan antes o durante el proyecto de ley no va a servir de nada y va a ser una causa de complejidades, de discusiones enormes.

Se avecinan las elecciones, ¿considera que el proyecto está ligado a cuestiones netamente políticas?

Esta iniciativa tiene un cálculo electoral. Se plantea este tema ahora, donde eventualmente está avanzando la derecha y ahí va a tener más popularidad que en otro momento. Entonces se plantea ahora, como para dejar una base de que ya se discutió, pero esto no tiene ninguna posibilidad, a mi juicio, de ser aprobado en los términos como está planteado durante este gobierno.

¿Considera que puede ser confiable la información que eventualmente puedan entregar las personas que hoy están, por ejemplo, en Punta Peuco?

Yo parto del beneficio de la buena fe. Es confiable, pero para que puedan acceder tiene que ser ratificada. Si no se puede ratificar no valdría nada.

¿Debería ser el gobierno el que ingrese una indicación para fijar esa condición?

Sí, pero la verdad es que una cosa de esta naturaleza, por la tragedia que sucedió con miles y miles de personas, requiere no solo la consulta con los partidos, requiere consulta con los mecanismos, los medios, las asociaciones, Naciones Unidas. Es decir, aquí tenemos mucho camino por delante.

¿Se debería poner como requisito el que hayan cumplido un porcentaje de su condena?

No, si hablamos de que se concede por razones humanitarias, debería ser para todos, pero con las condiciones claras, no simplemente por alcanzar una edad.

¿Qué le parece la idea de conceder indultos a condenados que están en Punta Peuco como lo ha deslizado José Antonio Kast?

Horrible, horrible, horrible. Eso generaría una discusión interna y además internacional, por los tratados suscritos por Chile.