“La niñez en el país vive una crisis silenciosa”, afirma Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Chile -mejor conocido como Mejor Niñez-, institución nacida en 2021 para atender a todo menor vulnerado en sus derechos en reemplazo del Sename, pero que en su proceso de instalación se ha encontrado con ripios propios y supuestos sobre los que se construyó que resultaron no ser tal.

Esos factores han hecho que hoy Mejor Niñez tenga residencias con sobrecupo y listas de espera, niños con y sin antecedentes policiales mezclados, y residencias cerradas o en proceso. Pero, además, la realidad país es distinta a lo que se proyectó cuando se creó el servicio y han aparecido nuevos y complejos problemas.

Uno de ellos, respaldado en cifras elocuentes que se combinan con la crisis de la baja natalidad: por primera vez en la historia de Chile diariamente están ingresando más niños, niñas y adolescentes (NNA) a alguno de los programas -no sólo residencias- del Servicio de Protección Especializada (SPE), o Mejor Niñez, que los que nacen cada día. El dato es decidor.

En 2024 el organismo recibió un promedio diario de 429 ingresos, mientras que en las maternidades se registraron 371 nacimientos por jornada. Esta diferencia, según cifras del servicio y del Instituto Nacional de Estadísticas, a mayo de este año, marca un punto de inflexión histórico en la protección de la infancia. Hasta antes del año pasado los nacimientos eran mayores a los ingresos.

“Mientras las familias son cada vez más pequeñas y nacen menos niños, vemos cómo crece la desprotección hacia la niñez. Que los ingresos superen a los nacimientos refleja un problema estructural que no habíamos dimensionado”, analiza Castillo.

Desde la creación del servicio nunca antes los ingresos habían superado a la natalidad, hasta 2024, cuando las incorporaciones fueron 156.759 frente a 135.529 recién nacidos, mostrando un cambio que se venía incubando.

En 2020, por ejemplo, los nacimientos alcanzaron 194.973, casi el doble de los 92.635 ingresos; en 2021 la brecha se mantuvo con 177.273 nacidos versus 102.583 ingresos; en 2022 hubo 189.310 recién nacidos contra 114.945 ingresos; y en 2023 la balanza aún se inclinaba a la natalidad (171.992 versus 131.221).

Pero los datos muestran otra tendencia: los atendidos por el servicio han ido ganando un mayor peso al compararlo con la población chilena equivalente que no está en SPE. En 2020 los NNA atendidos representaban a 3,99% del total de la población menor de 18 años en Chile. Sin embargo, ahora esa proporción cuyos derechos fueron vulnerados y requirieron intervención aumentó de manera significativa, llegando a un 5,39%.

De la negligencia a la violencia

La realidad en Mejor Niñez va mucho más allá de la caída de la natalidad. Es que más del 80% de los recién nacidos que ingresaron en 2023 y 2024 lo hicieron por abandono, negligencia, abuso o algún otro tipo de vulneración grave. Y un 20% lo hizo por cesión voluntaria para adopción, proceso legal mediante el cual un padre renuncia a los derechos y responsabilidades sobre su hijo. Otro 5% ingresó por abandono directo.

Para la coordinadora de Estudios Infancia del Centro de Estudios Justicia & Sociedad de la UC, Francisca González, el fenómeno no surgió repentinamente. “Esto se ha ido incubando durante años en los hogares, en las escuelas y en los barrios. La violencia se normalizó en distintos espacios de la vida cotidiana y hoy estamos viendo sus consecuencias con mayor crudeza”, plantea.

Entre las principales causas de derivación a cuidado alternativo está la negligencia parental (41%), seguida de violencia intrafamiliar directa o vicaria (26%), maltrato (13,5%) y vulneración en la esfera de la sexualidad (8,6%), junto a otras causales menores.

“Este fenómeno refleja dos dimensiones que deben ser consideradas con seriedad: existe un aumento real en las situaciones, y contextos de violencia que afectan a NNA”, recuerda el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, institución que ha seguido de cerca los múltiples hechos que han vulnerado a la niñez y, sobretodo, los sucesos de violencia que han marcado la agenda pública. Frente a estos, explica que los “factores son multidimensionales, como la precariedad habitacional, la movilidad humana, la crisis postpandemia y el debilitamiento de redes de apoyo”.

Y suma: “El Estado es el principal responsable de garantizar los derechos de NNA. Esto implica no solo prevenir la violencia, sino también responder de manera adecuada cuando esta ocurre”.

Una de las principales razones que tanto el director de Mejor Niñez como el defensor de la Niñez exponen para que la realidad haya ido mutando negativamente, es que hoy los problemas han calado hondo en la sociedad.

Un ejemplo: la incidencia del síndrome de abstinencia en recién nacidos por consumo de sustancias durante la gestación se ha triplicado, un reflejo de cómo factores sociales y de salud afectan directamente a la infancia. Y que explican, en parte, el alza en los ingresos a programas de protección. Coincidentemente, entre abril y junio de 2025 ingresaron en promedio 328 niños de 0 a 3 años al servicio, frente a los 127 del mismo período en 2022.

Castillo señala que “la reflexión de fondo que tenemos que hacer como país tiene que ver con la detección oportuna de problemas de salud mental, consumo de drogas y violencia estructural”, reforzando la idea de que los desafíos van mucho más allá de su servicio.

Ocurre que los peaks históricos de ingresos de enero y marzo de 2025 -374 y 375 menores entre 0 y 3 años, respectivamente- superando con creces cualquier registro anterior desde la creación del servicio. “El aumento en la primera infancia es especialmente impactante porque estos niños necesitan un cuidado más especializado y continuo, y cualquier retraso puede afectar su desarrollo de forma irreversible”.

Del mismo modo, la académica de la UC advierte que si bien “la violencia física hacia los NNA ha disminuido porque es peor vista socialmente”, por el otro lado “el abuso sexual y la violencia psicológica han aumentado de forma alarmante”. A su juicio, la pandemia marcó un punto de inflexión: “Confinamiento, crisis económica y encierro generaron otras prácticas en los hogares, que después se replicó en otros espacios”.

Si se observan los primeros años del servicio, la magnitud del cambio es evidente: cuando se creó en 2021 había un promedio de 30 derivaciones mensuales de niños menores de un año a residencias y a abril de 2025 esa cifra se quintuplicó a 150 por mes. Hoy la capacidad de cuidado alternativo está al límite y que se requiere una respuesta urgente.

Ante esto, el defensor de la Niñez señala que lo que se debe lograr como sociedad es que cada vez lleguen menos individuos al sistema de protección. “Para ello es fundamental fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios”, dice, subrayando que “es urgente consolidar un piso de protección social que garantice acceso a servicios esenciales y estabilidad financiera para las familias, así como fortalecer las políticas de cuidado infantil”.

Castillo, en tanto, tiene su propia apuesta: “No sólo se trata de aumentar la capacidad, sino de fortalecer una cultura de acogimiento familiar y asegurar que cada niño reciba cariño, protección y acompañamiento en su desarrollo”.

Familias de acogida

Hoy por hoy Mejor Niñez está llevando a cabo una campaña de atracción de familias de acogida y esta búsqueda de aumentar el interés de personas que decidan abrir su hogar ha sido considerado un punto clave para enfrentar la sobrecarga que históricamente, y ahora más, han tenido las residencias, sobre todo en los casos de lactantes y niños pequeños. En la actualidad el servicio cuenta con 10 mil activas en Chile, de las cuales cerca de mil corresponden a aquellas que no tienen vínculo sanguíneo ni relación previa con los niños que reciben.

El perfil levantado por la institución revela que el 53% de estas familias está encabezado por mujeres, con un promedio de edad de 49,4 años, mientras que un 25% corresponde a personas menores de 40 años y un 40% a adultos solteros que asumen de manera individual este compromiso. Castillo dice que “son un pilar fundamental para dar contención y cuidado”. González coincide: “Más allá de la capacidad del Estado se requiere del compromiso de la sociedad para que los niños encuentren espacios seguros y afectivos”.

Ambos remarcan que el desafío no solo recae en lo institucional, sino también en la capacidad del entorno social de responder ante la niñez más vulnerable. b