La Contraloría General de la República (CGR) reveló que hubo irregularidades en los departamentos de tránsito de las municipalidades de La Granja y San Ramón. En el informe, dan cuenta de licencias de conducir entregadas a personas condenadas por diversos delitos y trámites aprobados a solicitantes que se encontraban en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA).

En La Granja se constató que 884 personas condenadas entre 2018 y 2024 obtuvieron permisos en esa comuna y tres personas lograron recibir licencias de conducir mientras cumplían penas privativas de libertad, sin respetar la Ley de Tránsito que establece que la evaluación sensométrica y psicométrica debe realizarse de forma presencial.

Por otro lado, en San Ramón se concretó la entrega de una licencia de conducir a una persona que estaba cumpliendo una condena en privación de libertad y la entrega de 73 permisos. Sin embargo, desde el municipio se inició un sumario que, tras ser verificado por Contraloría, el control fue traspasado a dicha institución.

Deudores de alimentos

Otro de los principales hallazgos que recabó la CGR fue la entrega de licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA). En la comuna de San Ramón se verificó la entrega de licencias a 55 personas que se encontraban en el registro, al momento de solicitar el documento.

A su vez, la comuna de La Granja suma 83 casos de licencias entregadas o renovadas a personas inscritas como deudores de pensión, quienes en conjunto mantenían una deuda de $11.111 UTM, es decir, más de 700 millones de pesos.

Otras irregularidades

El informe recopiló casos en La Granja, donde se expone la intervención de funcionarios municipales en la entrega de licencias para familiares, participando de las evaluaciones para conseguir la licencia. Por ello, se solicitó los antecedentes en 29 oportunidades, pero el ente municipal no entregó la información completa.

Por último, en San Ramón, se identificaron cobros superiores o inferiores a lo establecido, generando diferencias por $1.742.335, de los cuales $277.903 corresponden a ingresos por derechos municipales no regulados.

Tras la recopilación de todos estos antecedentes, la Contraloría iniciará un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades respecto a la gestión municipal en la entrega de licencias de conducir.