Para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la reforma procesal civil es una de sus prioridades. Como abogado civilista, entiende que una de las áreas del derecho en que menos avances ha habido está justamente la materia civil, con tribunales atestados de causas que se extienden por años y que, muchas veces, concluyen con usuarios desistiéndose de las demandas por lo extenso -y oneroso- de los procesos.

Es en esa línea que la semana pasada Rabat convocó a dos instancias, un comité consultivo de cinco expertos y una comisión asesora de 10 académicos, que acompañarán el proceso para tener un nuevo código, en base al proyecto de ley que está en segundo trámite en el Senado.

Sin embargo, esa convocatoria no dejó a todos contentos. Un grupo de rectores de universidades del norte alegan no haber sido considerados.

El pasado viernes, autoridades de la Universidad de Antofagasta, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Atacama, Universidad de La Serena y Universidad Arturo Prat enviaron una carta al ministro pidiendo ser incorporados.

La misiva

En la carta las autoridades académicas expresan su “enorme preocupación” en relación a que solo tres de 10 de los académicos de la Comisión Asesora para la Reforma Procesal Civil sean de regiones y, de hecho, ninguno sea de alguna casa académica del norte.

“Nos parece relevante representar la necesidad de que en iniciativas como esta puedan ser considerados también académicos de nuestras casas de estudios, que enseñan y piensan el derecho procesal desde espacios territoriales diferentes del centro del país, pues enfrentar el centralismo supone tener en consideración puntos de vista diversos”, se señala.

En la carta, eso sí, dejan en claro que no es su intención cuestionar a quienes sí integran la comisión.

Sin embargo, dicen, debe considerarse el pensamiento de las universidades del norte: “Creemos al mismo tiempo que una reforma al sistema de justicia en cualquier aspecto requiere considerar y tener a la vista las reflexiones y apreciaciones que contemplan puntos de vista de espacios regionales de Arica y Parinacota (XV); Tarapacá (I); Antofagasta (II); Atacama (III); y, Coquimbo (IV), que representan en términos de alcance territorial el 39,8% de Chile continental”.

La respuesta de Justicia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, Javier Valle, critica el centralismo de la designación: “El Ministerio de Justicia al elegir al consejo asesor se centra principalmente en académicos de Santiago, siete sobre 10, omitiendo invitar a académicos que pueden aportar un punto de vista que creemos indispensable sobre acceso a la justicia y operatividad del sistema de justicia, pues esto se vive diferente en regiones”.

Por su lado, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad de Antofagasta, Carlos Cabezas, dice que “una reforma tan relevante como la modificación del Código de Procedimiento Civil requiere de la participación plural de todos los territorios de la República y de las universidades que los representen, y no solo de algo centrado en unas pocas casas de estudios por prestigiosas que sean”.

Desde el Ministerio de Justicia, consultado por este medio, confirmaron que recibieron la carta. Agregaron que para formar las comisiones el Ministerio se contactó con quienes manifestaron interés por el estado de la reforma civil, sin perjuicio de que en el futuro se incorporen otros académicos.

En qué consiste la reforma

¿Qué se busca reformar? El doctor en derecho procesal de la Universidad de Tarapacá Francisco Cerda explica que, con esta iniciativa, “el Poder Ejecutivo busca la instauración de un nuevo proceso civil que cumpla con los estándares impuestos por distintos instrumentos internacionales, siguiendo la tendencia ya iniciada en el año 2000 con la denominada Reforma Procesal Penal, seguida de la implementación de los nuevos procesos de familia y laboral”.

En particular, dice Cerda, “se pretende la configuración de un proceso civil oral, público y concentrado, que favorezca la solución de conflictos de naturaleza comercial y civil mediante distintos procedimientos adecuados para una tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los justiciables, con el pleno respeto de las garantías del derecho a un debido proceso”.

“Esta decisión supone dejar atrás el actual Código de Procedimiento Civil, vigente desde comienzos del siglo pasado, el cual ya no responde a las exigencias de una sociedad moderna que demanda una pronta composición de sus conflictos jurídicos y la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas”, agregó el doctor en Derecho.