Con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad de quienes ejercen la defensa penal pública en todo el país, la defensora nacional, Verónica Encina, se reunió con el general subdirector de Carabineros, Enrique Monrás, instancia en la que ambas autoridades abordaron la necesidad de profundizar la coordinación interinstitucional y establecer mecanismos que permitan prevenir y enfrentar eventuales amenazas, agresiones o situaciones de riesgo que puedan afectar a defensores, asistentes y funcionarios de la institución en el ejercicio de sus funciones.

El encuentro se enmarca en una estrategia nacional impulsada por la Defensoría Penal Pública orientada a reforzar la protección de sus equipos de trabajo, tanto durante el desarrollo de audiencias como en otras actividades propias del ejercicio de la defensa penal, especialmente en causas de alta complejidad que puedan representar mayores riesgos para la integridad física o psicológica de sus profesionales.

Según explicó Encina, si bien este tipo de situaciones han sido excepcionales, “como institución consideramos fundamental avanzar en medidas preventivas y mecanismos de respuesta oportunos, entendiendo que la seguridad, el bienestar y la protección de nuestros funcionarios constituyen condiciones esenciales para garantizar un adecuado ejercicio del derecho a defensa”.

Como parte de las medidas impulsadas, Encina solicitó hace algunas semanas a la Mesa Nacional de Justicia Penal la creación de una subcomisión especializada en seguridad de los defensores penales públicos, destinada a abordar los riesgos que pueden enfrentar tanto al interior de los tribunales como fuera de ellos.

Esta instancia tendrá -entre sus principales desafíos- avanzar en la elaboración de un protocolo interinstitucional de prevención, protección y apoyo, con la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

“El propósito es establecer procedimientos coordinados que permitan prevenir situaciones de violencia, activar oportunamente medidas de protección y facilitar la tramitación preferente de denuncias cuando se produzcan amenazas o agresiones contra integrantes de la institución”, detalló la defensora.

En esta misma línea, la máxima autoridad de la DPP sostuvo una reunión con la Subsecretaria de Seguridad, María del Pilar Giannini, quien comprometió su apoyo para avanzar en la implementación de este protocolo y fortalecer la articulación entre las instituciones involucradas.

“Como Defensoría Penal Pública estamos conscientes que resguardar la seguridad de nuestros defensores, asistentes y funcionarios no solo constituye un compromiso con el bienestar de los equipos, sino también una condición fundamental para garantizar el ejercicio independiente y efectivo del derecho a defensa”, concluyó la abogada.