La exministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier está en la mira del Ministerio Público desde mucho antes de salir del Poder Judicial. Así se evidencia en los escritos que ha presentado la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y violación de secretos.

Entre otras cuestiones, conforme lo descrito por la persecutora, la exjueza es indagada dado que en medio de sus labores en el máximo tribunal, resolvió en varias ocasiones eventuales sanciones relacionadas con el exministro Juan Antonio Poblete sin inhabilitarse, pese a la estrecha relación de amistad que mantenían. Asimismo, dado que en medio de procedimientos disciplinarios que el mismo exjuez enfrentaba, le entregó información de caracter reservado, y también por haber incidido en procesos de nombramientos judiciales de manera supuestamente ilegal.

Así, luego de meses de indagatoria -pues la arista vinculada a irregularidades en nombramientos se inició el primer semestre de 2024- a inicios de noviembre del año pasado personal de la PDI, a petición de la fiscal, concurrió a tribunales para entrevistarse con ella y requerirle la entrega voluntaria de dispositivos electrónicos. En ese momento, eso sí, la aún ministra señaló que no podía dar su teléfono -entregado por la Corporación del Poder Judicial- dado que se lo habían robado la tarde del 29 de octubre.

Sin embargo, con el correr de las semanas, y como se aprecia en el expediente de la causa, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que la entonces jueza les había mentido y que había fingido el supuesto robo. Acto seguido, en enero pasado, Perivancic pidió una orden de entrada y registro al domicilio de Letelier para reunir mayores detalles respecto de los hechos pesquizados.

A esas alturas, según se lee en informes de la PDI, los detectives habían determinado que Letelier nunca perdió el chip asociado a su número telefónico laboral, pues había sido insertado en un aparato que aparecía registrado a nombre de su hija, la ministra de la Corte de Rancagua Bárbara Quintana.

Pero el contraataque de la defensa de la exministra, liderada por el abogado Rodrigo Piergentili, no tardó en llegar y se apresuró en solicitar una audiencia para establecer la nulidad de la orden que autorizó la diligencia antes mencionada. En ese momento, argumentaron que la Fiscalía, liderada para estos efectos por Perivancic, había presentado antecedentes falsos en su requerimiento.

Recién hace algunos días el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago puso fecha para escuchar formalmente los argumentos, abrir el debate y decidir sobre la legalidad del allanamiento. Esto dará pie a que la defensa de Letelier explique lo referente al supuesto robo y para que, por su parte, la Fiscalía detalle las pericias que realizaron para establecer que, al menos para ellos, se trató de un montaje.

Como quedó establecido en el expediente, todo ello ocurrirá el próximo 29 de abril a partir de las 12.30 horas en el Edificio A del Centro de Justicia de Santiago.

Los argumentos

De acuerdo con lo planteado por la defensa de Letelier, con fecha 9 de enero de 2026, la Fiscalía solicitó autorizar una entrada, registro e incautación de teléfonos celulares y computadores en el domicilio particular de su representada, “dando cuenta de un supuesto e inexistente robo simulado de su teléfono celular, en base a lo informado por la policía el 16 de diciembre de 2025, evacuado por la Brigada Investigadora Anticorrupción de Santiago”.

Pero para ellos, los argumentos ahí planteados son falsos, dado que supuestamente la hija de la exministra no tenía un dispositivo móvil con un IMEI asociado al número telefónico laboral de su madre. Asimismo, detallaron que la revisión de las cámaras que hizo la PDI para supuestamente comprobar la existencia del robo habría sido aleatoria.

Por su parte, en informes que mantiene el Ministerio Público, y que serían parte de los elementos que se exhibirían en la audiencia de las próximas semanas, se lee que el mismo día del robo informado por Letelier, el chip del teléfono que se buscaba incautar fue insertado en el teléfono de la hija.

“Respecto al análisis de los tráficos telefónicos, posicionamiento de antenas, estos no guardan relación, debido a que la víctima conforme a su relato señala que el día 29 de octubre entre las 20:30 y 21:30 horas fue víctima del delito de robo por sorpresa, desprendiendo del análisis que la tarjeta SIM correspondiente al número +569XXXXXXXX, fue cambiada de dispositivo ese mismo día a las 21:58 horas, al IMEI XXXXXXXXX, situación que no es coincidente con el relato proporcionado por la víctima”, se lee en un informe policial.

De igual forma, desde la PDI informaron a la Fiscalía que “no se ha logrado establecer la efectividad de los hechos denunciados, toda vez que el análisis de las cámaras de seguridad levantadas en el sitio de suceso, no es concordante con la dinámica de los hechos vertidos por la víctima en la fecha y horario señalado”.

“En el mismo orden de ideas, en trabajo realizado en el sitio del suceso y empadronamiento del mismo, no se obtuvieron testigos, haciendo presente que el conserje, quien permanecía de turno el día de los hechos investigados, señaló no haber visualizado a la víctima el día y hora que ésta manifiesta”, agregaron .

Adicionalmente, vía un oficio remitido por la empresa Movistar, los persecutores también pudieron comprobar que efectivamente el teléfono IMEI XXXXXXXXX está asociado a un aparato de propiedad de la ministra Quintana.

“Junto con saludar, y en virtud de lo ordenado por esta tribunal, informamos al tenor de lo solicitado que, en conformidad a nuestra base de datos, el número IMEI XXXXXXXXX se encuentra asociado a la línea de telefonía móvil número XXXXXXX. La titular de dicha línea corresponde a doña Barbara Quintana Letelier”, se lee en el documento.

La jugada de Letelier es clave debido a que en casos previos se ha conseguido anular diligencias como estas. Ese fue el caso del ministro del Tribunal Constitucional Héctor Mery, indagado por la Fiscalía, a quien se le incautó su celular y por irregularidades del Ministerio Público la diligencia, tras un contudente fallo a su favor, se declaró nula. Con eso, la investigación en su contra perdió fuerza.