Pese a las expectativas que se tenían, la última reunión entre los propietarios de la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) terminó sin acuerdo.

Según reveló La Tercera, los propietarios del terreno, a través de Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., manifestaron en un escrito que las negociaciones fracasaron.

“Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”, expresaron.

Por su parte, el Minvu emanó un comunicado en el cual expuso que los resultados de las 17 sesiones “no fueron los esperados”.

En ese sentido, plantearon que “los principales obstáculos consistieron en la diferencia en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas por quienes han abordado esta operación como ‘una compraventa más’”.

Si bien destacaron que “los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos conforme al principio de libertad de contratación”, pusieron sobre la mesa que “una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”.

Respecto a la diferencia en la tasación, señalaron que “el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu –en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias".

“En específico, el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu, obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales", sostienen en el escrito.

Con ello, aseguraron que como ministerio han “propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso".

Posible desalojo

Tras conocerse el quiebre de las conversaciones tras no llegar a acuerdo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a lo que debería proceder tras la decisión de la Corte.

“En relación a esta toma en particular, de verificarse (el desacuerdo), con certeza probablemente los propietarios van a solicitar el cúmplase de la sentencia (que ordena el desalojo). La sentencia ya tiene un procedimiento destinado al efecto”, comenzó diciendo Cordero.

Luego añadió: “En la V Región ya se han realizado bastantes desalojos de estas mismas características, la particularidad de esta es su magnitud, pero es un procedimiento que toma su tiempo y que tiene un mecanismo de coordinación que suele estar a cargo de los municipios”.