Hace poco más de siete meses, bajo total reserva, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, comenzó a trazar las primeras líneas investigativas de la operación que terminó con 47 gendarmes y 23 civiles detenidos. El golpe más grande a las redes de corrupción al interior de las cárceles.

Pero el persecutor, quien desde abril de 2024 tiene a su cargo el foco penitenciario, es claro en sostener que la problemática no se agota con sacar de circulación a estos sujetos. Para él, la Operación Apocalipsis debe implicar un antes y un después, y la adopción de medidas serias que frenen los tentáculos del crimen organizado y sus intentos por capturar las instituciones.

Esta operación se ha catalogado como el golpe más certero a la corrupción en cárceles. ¿Cómo evalúa este operativo?

La señal que se le da a la institucionalidad es en orden a mostrar que el Estado de Chile es capaz de recuperar un espacio que estaba cooptado por estas organizaciones. No puedes pretender controlar el crimen organizado al interior de las cárceles y, en general, si no tienes el control absoluto de los establecimientos penitenciarios. Y la trascendencia de este procedimiento dice relación con eso.

Hay detenidos civiles y un grupo importante de exgendarmes. ¿Cómo operaban?

Operaban bajo absoluta soltura y comodidad. Ellos ya habían dejado de ser actores de Gendarmería, estaban dedicados absolutamente a la comisión de los delitos, estaban totalmente asentados y ya habían encontrado distintos espacios de negocio. Lo que ellos hacían, coludidos con estas personas que estaban al exterior, es buscar en cada espacio de la dinámica del establecimiento una oportunidad de negocio. Si alguien quería tener una visita fuera del reglamento, ellos te daban la posibilidad previo pago. Si tú querías tener alimentos que por reglamento no podías tener, lo podías hacer previo pago. Un teléfono celular, todo previo pago.

¿Cuáles eran los alcances de esta red?

Estos sujetos manejaban cantidades estratosféricas de dinero, lo que muestra algo realmente preocupante, que es la cantidad de dinero que se mueve en las cárceles. Sólo una palta podía costar 10 mil pesos. O sea, son capaces de pagar altísimas sumas de dinero para estar bajo determinadas condiciones un día en la cárcel, imaginémonos entonces qué hacen con el resto de las ganancias. La magnitud de las cantidades es realmente algo que impacta.

O sea, esto también es una luz de alerta para aquellos investigadores que tienen causas referentes a las bandas de crimen organizado.

Por supuesto. De hecho, las conversaciones que hemos tenido con fiscales regionales que han estado atentos a estas investigaciones apuntan a eso. Esto demuestra que la decisión de congelar activos, de enfocarse en la actividad del cohecho, da mejores resultados. Absolutamente. Y para eso tenemos que tener mejores herramientas. El sistema financiero tiene que estar más disponible. La información tiene que fluir. Aquí, por ejemplo, uno se encontraba con funcionarios con más de tres o cuatro cuentas corrientes.

¿Este tipo de casos enciende las alertas respecto de los mecanismos de selección y seguimiento en Gendarmería?

Estas son las alertas. Y parece razonable que haya mayores controles. ¿Es prudente que funcionarios tengan esta cantidad de cuentas? ¿Es razonable que compren inmuebles al contado? Hay que ir mirando cómo crecen sus patrimonios. La función pública conlleva responsabilidades mayores. Yo creo que tenemos que hacer sistemas que discriminen. Así como tenemos que discriminar a la población penal, bueno, también tenemos que discriminar respecto de las personas que están en contacto con la población penal y que es parte del circuito penal. Hay que evaluar su salud mental, sus condiciones, porque estas también son labores muy demandantes.

¿En todos los niveles del sistema de justicia?

Claro. Uno también debe estar disponible para responder por las cuestiones que va adquiriendo: cómo compré un auto, una casa. Esta es una posibilidad importante de avanzar.

¿Se identificó a un cabecilla o cerebro tras esta red?

No, es más bien horizontal. Se repartían las utilidades, además. Hay varios que manejan grandes cantidades de dinero y que presentan un nivel de vida no acorde con sus ingresos. Tienen muchos ingresos, pero también muchos gastos, que en realidad dan cuenta de una vida bastante desordenada, muy propia de la actividad criminal. Mucho desenfreno, mucha droga, mucha fiesta. Y también notamos que había interesados en trasladarse a otras unidades y así expandir el negocio, por ejemplo, al sur.

¿Cuál es el paso que debe venir para que situaciones como estas no se repliquen?

Es un tema que tenemos que resolver. Hay que analizar dónde se pondrán los acentos. La actividad del Estado en este tipo de materias tiene que ser permanente. Ya realizamos este procedimiento y yo creo que aquí hay que seguir insistiendo en tener este tipo de investigaciones de manera permanente. Me parece de total pertinencia y relevancia el trabajo que hizo la Contraloría, que observó varias de estas cuestiones en cárceles. La única posibilidad que tenemos es seguir avanzando, compartiendo información y que el Estado actúe, porque de lo contrario el panorama se avizora oscuro.

El director de Gendarmería puso en entredicho que haya control total en las cárceles. ¿Qué opina usted?

No siento que sea el tema de fondo. Lo importante es cómo materializamos el control. Sería frustrante para mí, en lo personal, enterarme que en dos meses más tenemos nuevamente fenómenos de manillas al interior de Santiago 1. Uno esperaría que esto signifique un antes y un después.

¿Quién es el principal responsable de que eso no se repita?

Yo creo que Gendarmería tiene plena conciencia de que es su responsabilidad. Ellos se dan cuenta de que en realidad no pueden generarse las condiciones para que esto vuelva a suceder. Esto no puede volver a repetirse.

¿Le parece una medida adecuada la reforma anunciada por el Presidente Boric para que Gendarmería dependa de Seguridad?

Eso es una decisión de fondo respecto de la naturaleza misma del servicio. Pero sólo va a ser efectiva en la medida en que implique que al estar bajo la tutela del Ministerio de Seguridad va a tener más equipos investigativos, más recursos, más posibilidades de hacer investigaciones.

¿Ve esa salida al final de esta crisis?

Yo espero que sí, y creo que hay que ser justo. Yo conozco a Gendarmería, porque trabajé en Gendarmería. Y les puedo asegurar que la inmensa mayoría de los funcionarios son funcionarios honestos. Pero también estoy convencido de que hay que actuar. Espero que la Operación Apocalipsis sea un shock y se tomen medidas definitivas en Gendarmería, si no todo este trabajo será en vano. Es necesario que de una vez por todas se tomen las decisiones que se tienen que tomar.

¿A quiénes apunta?

A todos los que tengan poder de decisión: el Ejecutivo, el Legislativo, la opinión que pueda dar el Ministerio Público, todos los incumbentes. La Contraloría. Porque, además, la relevancia de esta investigación es entregar evidencia empírica que esto estaba sucediendo. Lo que se haga con esa realidad es lo que importa ahora.

Este viernes fue la primera jornada de formalización de la investigación y ustedes han deslizado que pedirán prisión preventiva. En caso de que se decrete dicha medida cautelar para los gendarmes involucrados, ¿dónde deberían ingresar?

Donde se pueda garantizar que no podrán intentar reinstalar sus redes. Una opción para ello podría ser la Cárcel de Alta Seguridad. Pero es una decisión que debe adoptar el tribunal.