Más de mil días bajo estado de excepción en la Macrozona Sur: informe revela que violencia se redujo en 37% y ataques a infraestructura en 47%
Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello detalla cómo la presencia de las Fuerzas Armadas ha generado una baja en fallecidos y lesionados, mientras alerta sobre la persistencia de grupos radicalizados y la necesidad de estrategias de seguridad sostenibles a largo plazo.

Este martes 19 de agosto, el abogado Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, presentó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados los hallazgos del informe “Tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur 2022-2025”.
Urquízar, con experiencia como exjefe de gabinete del Ministerio de Defensa y coordinador nacional de seguridad en la Macrozona Sur, detalló el impacto de la medida en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío, y evaluó su efecto en todo el territorio de la Macrozona Sur.
Estado de Emergencia: medidas, duración y alcance territorial
El documento analiza 1.082 días bajo esta medida, teniendo en cuenta además que el próximo jueves el Congreso –y tal como ha sido la tendencia en los últimos años- concretará la prórroga número 60 del Estado de Emergencia en dicho territorio.
“Llevamos más de tres años de Estado de Emergencia en la Macrozona Sur. Es el Estado de Emergencia más extenso desde el retorno a la democracia”, explicó Urquízar.
Según indicó, desde el 17 de mayo del año 2022, solo 76 días implicaron restricciones de derechos fundamentales, ocurridos tras el triple asesinato de Carabineros, el 27 de abril de 2024, concentrados en Cañete, Contulmo y Tirúa, comunas conocidas como el “triángulo de la violencia”.
Urquízar calificó el actual estado de excepción como “sui generis”, debido a que su principal función ha sido incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y el terrorismo, y no una limitación general de derechos.
El informe revela que el Estado de Emergencia ha reducido en un 37% los hechos de violencia, comparando el periodo analizado con los 1.082 días previos. El estudio distingue tres tipos de estados de emergencia: acotado, semi-acotado y pleno.
“El primer estado de emergencia acotado produjo 3,3 hechos de violencia por día; el semiacotado 3,18; y el estado pleno baja sustantivamente a 1,78 hechos de violencia diarios. Es decir, a mayor presencia del Estado, mayor es la reducción de la violencia”, detalló.
Según el informe, a nivel regional, en La Araucanía disminuyó un 33,5%, mientras que en Biobío y Los Ríos se redujo por sobre el 40%, lo que evidencia un efecto heterogéneo del Estado de Emergencia según el territorio.
Provincias y comunas críticas: Malleco como epicentro
Dentro de las 10 provincias analizadas, Malleco se mantiene como la más compleja debido a la presencia de organizaciones radicalizadas. De las 67 comunas estudiadas, solo cinco concentran más del 50% de los hechos de violencia, destacando Collipulli y Ercilla, responsables del 25% del total.
“Si uno quisiera establecer dónde hay que concentrar los esfuerzos del Estado, sin lugar a duda es la provincia de Malleco”, afirmó Urquízar.
Según afirmó, el enfoque territorial permite priorizar recursos y operaciones, reduciendo significativamente la violencia en las zonas más afectadas.
El informe también muestra avances en la protección de los derechos y la seguridad de la población, por ejemplo, reporta que disminuyeron en un 58% los fallecidos por hechos violentos, mientras que los lesionados cayeron un 50%.
En torno a las usurpaciones (Ley 21.133), se registró una caída del 62%, así como la destrucción de vehículos se redujo en 35% y la destrucción de inmuebles e infraestructura en 47,3%, incluyendo escuelas e iglesias
“Estamos hablando de derechos y libertades fundamentales resguardados por el Estado, que es su primer deber”, señaló Urquízar.

Organizaciones radicalizadas: éxitos y alertas
De las nueve orgánicas radicalizadas y terroristas que se identificaron operando en la Macrozona Sur, ocho disminuyeron sus acciones, entre ellas la Resistencia Mapuche-Lafkentche (-69%), la Coordinadora Arauco Malleco (-16%) y la Weichan Auka Mapu (-38%).
Sin embargo, reveló que la Resistencia Mapuche Malleco incrementó un 179% sus acciones violentas, denominándola como un “santuario terrorista”, con control territorial en Victoria, Collipulli y Ercilla y vínculos con el crimen organizado.
“Es el único lugar en Chile donde no se ha podido materializar el censo y donde la principal autoridad de seguridad fue atentada”, explicó Urquízar, en referencia al ataque a la ministra Izkia Siches en marzo de 2022.
El informe alerta que la introducción de crimen organizado transnacional, como Tren de Aragua o Jalisco Nueva Generación, podría agravar la situación existente, planteando un riesgo estratégico para la región.

Desafíos a futuro
Urquízar identificó cinco grandes desafíos que deben abordarse. En primer lugar, habló de una visión integral del problema, señalando que más allá del Estado de Emergencia, se necesita presencia efectiva del Estado en zonas vulnerables.
En segundo lugar, evitar la normalización de la excepción, remarcando que la ciudadanía debe poder vivir en paz, sin acostumbrarse a la excepcionalidad.
Asimismo, enfatizó que falta un plan para reemplazar las capacidades de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.
En cuarto lugar, habló de la coordinación interagencial, trabajo conjunto entre Fuerzas Armadas, policía, Ministerio Público y Gendarmería que –según afirmó- ha sido positivo, pero requiere consolidación.
Por último, llamó a fortalecer la inteligencia estatal, subrayando que sin información estratégica, los operativos pierden eficacia.
“No hay ningún país en el mundo que haya desarticulado el terrorismo sin inteligencia. Sin ella, las Fuerzas Armadas y las policías operan a ciegas”, concluyó Urquízar.
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